Los principales responsables de Urbanismo durante el gobierno de José Torres Hurtado en el Ayuntamiento de Granada, la exconcejal Isabel Nieto y el que fue director de Obras, Manuel Lorente, tendrán que afrontar otro juicio (tienen pendiente el del caso Serrallo) por delitos contra la integridad moral de Jacobo de la Rosa, otro alto cargo del área urbanística que es un testigo de cargo clave en otras causas judiciales contra ellos relacionadas con posible corrupción municipal. 

La jueza de Instrucción 2 de Granada, que abrió una pieza separada del caso Nazarí por la denuncia de acoso presentada por el exdirector de Urbanismo, acaba de abrir juicio oral contra los dos investigados de esta causa. 

En un auto fechado el 11 de febrero, la magistrada María Ángeles Jiménez (instructora de la macrocausa Nazarí, de supuesta corrupción), ha acordado la apertura de juicio contra Nieto y Lorente por delitos contra la integridad moral y de lesiones psíquicas continuadas que, en función al escrito de acusación particular presentado, podrían ser penados con 4 años de prisión, además de otras medidas de alejamiento e incomunicación de Jacobo de la Rosa.

El pasado noviembre, la jueza puso fin a la fase de instrucción de esta pieza separada del caso Nazarí e inició la fase de procedimiento abreviado, dado que habría suficientes “indicios racionales de criminalidad” en este caso. De la Rosa denunció haber sufrido acoso de ambos responsables de Urbanismo entre 2010 y 2017, un tiempo en que sus informes habrían sido ignorados. El antiguo alto cargo aseguró que era víctima de represalias por sus opiniones en contra y más tarde por sus denuncias. 

Para demostrar los daños psíquicos sufridos, De la Rosa se ha sometido a diferentes exploraciones de expertos, entre los que destacan una perito judicial adscrita al Instituto de Medicina Legal, que señaló los problemas psicológicos sufridos por el denunciante.

En esa fase intermedia se han presentado los diferentes escritos de las partes. La Fiscalía pidió el sobreseimiento y la acusación particular remitió las mencionadas peticiones de cárcel por los delitos antes expuestos. La jueza considera que hay suficiente base para la apertura de juicio oral, que corresponderá a la Audiencia Provincial.

De otro lado, también se han señalado las posibles consecuencias económicas de los delitos imputados. La jueza ha declarado al Ayuntamiento de Granada como posible responsable civil subsidiario de los daños ocasionados. La acusación particular ha pedido una indemnización de 60.000 euros, a pagar de forma conjunta entre los dos acusados.