Granada

Nieto denuncia su detención "ilegal y degradante" ante el Defensor del Pueblo

  • La exconcejal de Urbanismo denuncia que la operación policial del 13 de abril, "retransmitida en directo desde Granada", fue propia de una "Dictadura" y similar a una operación antiterrorista.

La exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, que fue detenida por la Policía, junto al exalcalde José Torres Hurtado y otras 13 personas, el pasado 13 de abril en el desarrollo de la Operación Nazarí, se siente "víctima de un atropello y de un trato degradante, retransmitido en directo desde Granada". Así se lo ha hecho saber al Defensor del Pueblo mediante un escrito firmado la semana pasada.

Nieto fue una de las 16 investigadas en esta causa judicial que fueron detenidas aquel día durante varias horas, en las que también se llevaron a cabo registros de los domicilios privados y oficinas. A su juicio, aquellas actuaciones policiales se produjeron "con innecesaria espectacularidad y publicidad, perjudicando injustamente la imagen, el honor y la dignidad de las personas, que además pueden ser inocentes".

La operación policial contó con la presencia en Granada de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid y se hizo de forma coordinada para que todas las detenciones y registros de las 16 personas se realizasen al par. Isabel Nieto explica en su escrito al Defensor del Pueblo que la operación se realizó con "un desembarco de 200 policías que se desplazan desde Madrid para tomar armados los domicilios de personas desarmadas, cortando previamente las calles de la ciudad y evacuando a cientos de funcionarios de los edificios municipales, de forma similar a las emergencias por terrorismo".

La responsable de Urbanismo desde 2007 hasta su dimisión, pocos días después de su detención, insiste en varias ocasiones en su denuncia en la similitud de aquella situación con la "necesaria en casos de comandos terroristas". Se queja del amplio despliegue de vehículos policiales de gran tamaño en la puerta de los domicilios, de los cortes de calles, del armamento de los agentes o de "los medios de prensa de todas las cadenas apostados en los sitios adecuados desde las 7:30 de la mañana".

Nieto asegura en su denuncia que estas detenciones fueron contrarias a la ley y vulneran los derechos constitucionales de los investigados en este proceso que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada.

La Fiscalía General del Estado ya remitió un comunicado a los pocos días de las detenciones en las que expresaba su disconformidad con las formas empleadas, pero la exconcejal de Urbanismo considera que esta inusual protesta fue solo una "tibia reacción". Ella alega que "si ha sido ilegal la detención, ¿por qué no se ordena que sea anulada? ¿por qué no se toman medidas contra el responsables de la violación de los derechos fundamentales?".

La investigada por formar parte de una supuesta trama de corrupción urbanística en Granada lamenta que por su condición de responsable política (como el exalcalde) se le haya dado un trato más espectacular en esta operación policial y su difusión mediática. "El derecho al honor lo tiene igual un médico, que un juez, un político o un jardinero", agregó en su escrito.

Desde que se conoció esta investigación judicial, Isabel Nieto ha arremetido públicamente contra los que ella considera sus denunciantes, especialmente contra el anterior director general de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, que fue durante muchos años su cargo de confianza en el área municipal. Contra este funcionario, la anterior concejala ha llegado a presentar denuncia en el Juzgado, por los posibles delitos que se deriven de sus actividades que han dado lugar a la acumulación de un patrimonio que ella considera difícil de justificar.

También se ha revelado contra el empresario que presentó una de las dos denuncias ante la Fiscalía que fueron el origen de la operación nazarí, Ramón Arenas. De él sostiene que ha tratado de lucrarse a costa del Ayuntamiento y que esta denuncia es una venganza al no poder conseguirlo. A juicio de Nieto, hay una especie de "trama de los denunciantes". Contra la propia fiscal del caso también ha hecho públicas sus discrepancias.

Pero en esta ocasión, con el escrito que remite al Defensor del Pueblo, centra sus críticas contra la Policía Nacional, responsable de la operación del pasado 13 de abril. Pero no solo denuncia la forma en que realizaron las actuaciones, si no que teme posibles manipulaciones del material electrónico que se llevaron en el registro.

"Las personas que son capaces de violar tan gravemente los derechos fundamentales de las personas y de incumplir las normas y las órdenes judiciales, son también capaces de introducir archivos nuevos o pruebas dirigidas a culpabilizar a los denunciados o cualquier tercera persona", agrega la exedil en su escrito dirigido al Defensor.

La exdirigente del PP pide amparo a este órgano, aún en el convencimiento de que "la dignidad y el honor nunca se recuperarán", para "dar satisfacción a las personas afectadas por las referidas extralimitaciones y atropellos". Nieto llega incluso a apuntar a un posible delito de prevaricación de los responsables de aquella operación "por incumplimiento culpable de las normas procesales y constitucionales".

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