Novedades en el Palacio de Congresos de Granada: avanza el pulso entre el Consorcio y las empresas privadas

El Palacio de Congresos de Granada avanza para tratar de resolver el pulso que mantienen la parte pública (el Consorcio formado por la Junta y el Ayuntamiento y que es el propietario del edificio) con las empresas privadas que forman la UTE concesionaria de la gestión del inmueble. El Consejo Rector celebrado este jueves ha aprobado el inicio del procedimiento de resolución del contrato, lo que arranca un recorrido de alegaciones y petición de informes que podría dar lugar a la normalización de las relaciones, aunque resulte paradójico. Aunque puede parecer que este es el inicio de la salida de la empresa del Palacio, ésta tiene ahora la oportunidad de regularizar los incumplimientos que le achaca el consorcio público y mantener así la concesión.

Hay otra cuestión fundamental en esa relación bilateral y es la salida hace meses de una de las empresas que formaban parte de la UTE, a través de una venta a una nueva sociedad privada (RCK dio paso a Nialca Gongresses) que desde el principio despertó los recelos de la Junta de Andalucía, por su aparente falta de solvencia. De hecho, su capital social social era de 3.000 euros y acababa de ser constituida. Para que ese nuevo socio privado se incorpore a la concesión es necesaria la autorización del Consorcio público, propietario del edificio. Varias veces se ha denegado o se ha quedado sobre la mesa el expediente por esas dudas, a pesar de que el anterior gobierno municipal socialista de Paco Cuenca sí apoyaba sin fisuras al nuevo empresario. La Junta, por su parte, siempre se ha mantenido reticente y ha hecho valer su participación mayoritaria para bloquear la entrada del nuevo socio. Ahora, en el Ayuntamiento hay un nuevo gobierno del PP, así que el escenario es de mayor unanimidad entre las administraciones implicadas.

Los miembros del Consejo Rector tenían este jueves sobre su mesa nueva documentación presentada por la empresa Nialca para tratar de garantizar su solvencia. Entre otras cosas, ha llevado a cabo una ampliación de capital de 1,2 millones de euros. Pero el asunto se ha quedado de nuevo en el aire a la espera de nuevos informes solicitados (ya contaba con uno negativo de los servicios jurídicos de la Junta), ya que se le piden otro tipo de requisitos como la experiencia en el sector, que eran puntos del pliego de condiciones que se tuvieron en cuenta a la hora de adjudicar la concesión.

Ocho millones de inversión

En paralelo a todo esto, el Palacio de Congresos está pendiente de tramitar unas ayudas europeas de ocho millones de euros, destinadas a la inversión y modernización del edificio. Para este asunto se prevé la celebración de otro consejo rector la semana próxima, pues se tendrá que firmar un convenio con la Consejería de Fomento para encomendar a la institución pública que gestione las ayudas de forma directa.

Estos trabajos de mejora son imprescindibles para que el Palacio afronte próximos compromisos importantes como la ceremonia de los premios Goya en 2025. Como ejemplo, se van a cambiar todas las butacas del auditorio principal.

La falta de inversiones públicas en el edificio es precisamente uno de los argumentos que sostenía la concesionaria privada en ese pulso con el Consorcio y que fue motivo de uno de los pleitos judiciales abiertos entre ambas partes.

La Junta ha ganado por el momento los contenciosos pero está pendiente de recursos. La empresa había pedido en varios procedimientos indemnizaciones millonarias, una de ellas por las inversiones que consideraba pendientes y otra por el lucro cesante durante la pandemia de Covid. En total, había más de cinco millones de euros en juego en los tribunales.