Otra de las piezas del caso Nazarí, de presunta corrupción municipal en Granada, podría avanzar hacia la celebración de juicio oral, si la jueza instructora atiende a la petición de la Fiscalía, que ha rechazado el archivo e interesa el auto de apertura del procedimiento abreviado, una vez finalizada la fase de instrucción. Se trata de la pieza San Jerónimo, en la que se investiga la operación urbanística para construir una urbanización de viviendas junto al barranco ubicado cerca de la zona comercial de Kinépolis. 

Para emitir este informe, el Ministerio Público se basa en los "indicios racionales" de la perpetración de varios delitos, contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística. 

"Se interesa el dictado de auto de incoación de procedimiento abreviado a fin de formular el pertinente escrito de acusación provisional y la proposición de prueba a practicar en juicio oral", concluya la fiscal Sara Muñoz-Cobo en su informe. 

Este asunto de la operación urbanística de San Jerónimo fue uno de los orígenes de la macrocausa Nazarí y abrió con una querella de la propia Fiscalía, tras recibir una denuncia de particulares que se sentían perjudicados por la acción del principal promotor urbanístico y el Ayuntamiento de Granada. En su informe, defiende la fiscal que los hechos denunciados en 2015 "han quedado acreditados" durante la fase de investigación. 

El elemento clave que esgrime la fiscal es el informe realizado por los inspectores de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta. En ese documento, realizado a petición de la jueza instructora del caso Nazarí, se pusieron de manifiesto una serie de irregularidades que en definitiva dejarían todas aquellas viviendas en un limbo de legalidad, dado que sus licencias podrían no ser válidas.

El Ayuntamiento de Granada autorizó la construcción y posterior ocupación de una urbanización de más de 300 viviendas, Ciudad de la Luz, sin que los promotores de la Junta de Compensación hubieran terminado la urbanización completa de toda la zona. Por tanto, se quedaron grandes áreas sin urbanizar y además se desvió un barranco (San Jerónimo) para hacer las casas. 

Los responsables de Urbanismo autorizaron aquellas licencias a cambio de unos avales bancarios que serían la garantía de que el promotor iba a acabar las obras de urbanización. 

En el caso Nazarí están siendo investigados el exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, la exconcejal Isabel Nieto, varios altos cargos de Urbanismo y el promotor José Julián Romero, entre otros. Sus defensas han pedido el sobreseimiento por falta de delito, pero la Fiscalía ha emitido un informe negativo, fechado el 9 de marzo, y al que ha tenido acceso este periódico. 

La Fiscalía pide que el caso avance a la fase intermedia con el objetivo de llegar a la celebración de juicio oral, en vista del resultado de las diligencias practicadas en este tiempo. En cambio, en otras piezas del caso Nazarí el Ministerio Público ha pedido el archivo, como el asunto del piso del exalcalde, que fue juzgado a petición de las acusaciones particulares y populares. 

Licencias "nulas de pleno derecho", según el informe

La jueza que investiga el caso Nazarí recibió en 2017 uno de los informes técnicos y jurídicos solicitados en relación con las posibles irregularidades urbanísticas que se investigaban en la pieza de San Jerónimo. Este documento, cuyo contenido ya publicó este periódico entonces, era muy negativo para algunos de los investigados. Se refería a la ejecución del Plan Parcial N-2, muy cerca del complejo comercial de Kinépolis y en el límite de la ciudad con Pulianas. Allí se ha levantado una zona residencial llamada Ciudad de la Luz, con 300 viviendas que ya están habitadas. Su entorno es una gasolinera, rotondas, viales a medio terminar y descampados. El Ayuntamiento concedió la licencia de primera ocupación a los pisos, pese a que el promotor no había concluido las obras de urbanización. La Junta señala en su informe que, por este motivo, el permiso municipal que permitía vender las viviendas y habitarlas es "nulo de pleno derecho".

Otro problema de este sector urbanístico de la ciudad es que estaba atravesado por el barranco de San Jerónimo. Hoy está tapado y desviado hacia terrenos de otros propietarios, mediante una obra que ejecutó el promotor "por la vía de hecho", sin los permisos legales requeridos y en contra de las directrices dadas por la autoridad de la cuenca hidrográfica; aunque contaba con el consentimiento de los responsables del Ayuntamiento en aquel momento, que incluso llegarían a camuflar esas carencias en sus informes, según el mismo informe que ahora la fiscal da por reproducido para rechazar la petición de archivo.

Todas estas irregularidades, entre otras que señala el informe, enfrentaron al empresario José Julián Romero (investigado en esta causa como presunto beneficiario de un trato de favor municipal), con la mayoría de pequeños propietarios del Plan Parcial. Algunos de ellos fueron precisamente los que denunciaron estos hechos a la Fiscalía, después de presentar durante años decenas de escritos en el Ayuntamiento, incluso dirigidos al alcalde José Torres Hurtado. Este asunto fue uno de los que dio origen a la gran investigación del caso Nazarí, por la que fueron detenidas 16 personas, entre ellos el exalcalde del PP José Torres Hurtado.