Si ahora hay una serie de Netflix de la que todo el mundo habla es, sin duda alguna, el Juego del Calamar. Para evitar el spoiler a quien no la haya visto, tan solo comentar que en esta serie, si algo se demuestra, es que a veces quien se presuponía que era tu compañero te acaba traicionando y convirtiéndose en tu rival, mientras que las acciones de quienes se mantenían en un principio en tu equipo también acaban marcando el devenir de uno aunque ya no formen parte del mismo tándem. Algo así pasa también en política y algo así le ha pasado estos días al PP de Granada con la ya famosa polémica de la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y el pago de una multa por injurias al exgerente socialista de Visogsa con dinero del grupo municipal popular y el beneplácito de esta acción por parte del partido, a tenor de una orden de la anterior dirección provincial.

Hace unos días se conocía a través de eldiario.es y de la que se hizo eco este diario, que la alcaldesa de Motril había pagado una sanción superior a los 4.000 euros –entre indemnizaciones y costas del proceso judicial– con un dinero que había salido del grupo municipal del PP de Motril. ¿El motivo? Unas cartas de algunos de sus compañeros de partido, que ahora habrían formado su propia línea interna, y que no estaban de acuerdo con una acción que ha derivado en que finalmente García Chamorro acabe devolviendo ese dinero a las cuentas del grupo, mientras que todos los partidos de la oposición piden su dimisión. Sin embargo, hay que remontarse hasta la época de la motrileña como vicepresidenta de la Diputación para entender el cómo y el porqué de este movimiento.

Cuando Sebastián Pérez era presidente de la institución provincial y también del PP granadino, uno de sus asesores impulsó a García Chamorro a salir públicamente a hablar sobre unos supuestos pagos extralaborales que habría realizado el exgerente de la empresa pública de suelo y vivienda de la Diputación, José Luis Hernández. Es decir, una estrategia de crítica y denuncia pública de lo que presuntamente habían hecho los predecesores. Nada nuevo en el horizonte si se habla de política. Si bien, no existían pruebas que sustentaran como tal las acusaciones vertidas por la popular, lo que derivó en un proceso judicial que finalmente se torció en su contra.

Ante ello, dado que se había tratado de una acción que bien podría incardinarse dentro del cumplimiento de la disciplina de partido, el propio Sebastián Pérez se habría comprometido con la popular a que la sanción correría a cargo de la formación popular. Algo así como si se tratase de una responsabilidad subsidiaria, según aseguran fuentes internas del PP. En definitiva, otra vez nada que no se haya visto con anterioridad en política.

¿Qué ocurre? Que ese pago que debía en todo caso –esté mejor o peor visto, eso a gusto de cada cual– haber asumido el partido a nivel provincial, según la promesa de Pérez, acabó saliendo de las arcas de la formación municipal de Motril. Y es que habría sido la entonces dirección provincial quien así lo habría acordado, ante la presunta falta de solvencia en esos momentos desde la sede para abonar el dinero. Eso sí, faltaría por conocer si eso que alegan algunos populares, según ha podido saber este diario, de que el partido iba a reponerle el dinero al grupo municipal es o no cierto, pero de lo que sí se tiene constancia es que aunque todo había ocurrido con la anterior dirección provincial, la actual también estaba al tanto.

La clave de todo este asunto se encuentra en si el movimiento fue o no "legal", pues realmente esa multa no correspondía a sus funciones como concejal del Ayuntamiento de Motril, de cuyo grupo salió el dinero, pero ¿a dónde va realmente el dinero que se destina a los grupos municipales? Resulta curiosa la respuesta, pues precisamente este debate salió a la palestra durante el último pleno municipal de Granada.

Vox presentó una moción en la que defendía fiscalizar las asignaciones que se daban a los grupos políticos municipales, pero no salió adelante por poner "en tela de juicio la honestidad de los grupos municipales". Este fue el argumento al que se acogió el PSOE, formación que precisamente ahora pide lo contrario para Motril, para votar en contra de la misma.

Hay un refrán que dice Si por mi puerta pasas y no me dices adiós, lo que me dejas te llevas, no eres tú mejor que yo y que bien podría aplicarse a esta situación. Porque sí, un grupo municipal no debía haber abonado un pago que correspondería en todo caso al nivel provincial del partido, y los ciudadanos tendrían derecho a saber a dónde va el dinero público que se asigna a cada partido, pero esto no solo en Motril, sino también en Granada capital y en todos los Ayuntamientos. Ahora habrá que esperar a la Fiscalía para ver si abre o no investigación sobre lo ocurrido. Ya lo dicen por ahí: donde dije digo, digo Diego y, mientras tanto, el dinero vuela.