El PP lleva al juez las "tropelías" del mandato socialista en la Diputación

"Vamos a llegar hasta el final. Esta misma mañana he dado instrucciones para que todos los casos de presuntas malversaciones de caudales públicos, las tropelías y los disparates que se han cometido se lleven al juzgado para pedir las responsabilidades políticas y judiciales que sean necesarias. [Los grupos de la oposición] nos van a acompañar al juzgado de guardia para que esos disparates los paguen aquellos a quienes corresponda. Se ha estado jugando con el dinero de los granadinos y esto ya no es un problema de una chocolatina o un snack. Es un problema de ética; y la ética se tiene o no se tiene".

Fueron las palabras que utilizó el presidente de la Diputación, Sebastián Pérez (PP), para anunciar, durante el pleno ordinario de ayer, que estaba decidido a pasar de la palabra a los hechos y que llevará a los juzgados los supuestos escándalos económicos que, aseguran, se cometieron durante la corporación que presidía el socialista Antonio Martínez Caler.

El anuncio se produjo durante la discusión de una moción presentada por el PSOE en la que demandaba a todos los diputados que hicieran públicas las declaciones de la Renta y del Impuesto sobre el Patrimonio. El PP la rechazó asegurando que eso ya se hacía. Pero fue la excusa para montar un encendido debate no exento de descalificaciones mutuas.

Así, José Torrente, portavoz del grupo popular, negó a Gerardo Sánchez, viceportavoz del PSOE y defensor de la moción, que tuviera legitimidad para dar "lecciones de transparencia", dada su condición de ex alcalde de Armilla, y fue más lejos al afirmar que lo que le dolía a los socialistas es que el nuevo gobierno "haya puesto en solfa su cortijete; no pensaban que fuéramos a llegar al poder y ahora que se conoce el chiringuito que tenían montado, nos vienen con ansias de transparencia a nosotros. Quieren purgar su mala conciencia y hacer alarde de algo que deberían haber demostrado en estos treinta años".

Sánchez aceptó el reto de debatir sobre cualquier posible irregularidad. "No tenemos nada que ocultar, estamos orgullosos de nuestra gestión. Traiga lo que quiera de Armilla porque lo que tengo de mi etapa de allí es orgullo".

Y sobre el anuncio del presidente, el viceportavoz socialista abogó por acudir a los tribunales "a la más mínima sospecha", sobre todo si hay "algún informe de Intervención" o de otro órgano interno que detecte una posible irregularidad. "Ante esas cosas, tolerancia cero", aseguró.

En el transcurso del debate se mencionó un par de veces la denuncia más reciente: la posible duplicación de facturas para costear la feria Mercamed que la Diputación organizó en Tetuán (Marruecos) el pasado mes de mayo.

Supuestamente, la institución habría recurrido a los servicios de una empresa marroquí por motivos burocráticos, pagando por ello, y, para justificarse de cara a la Unión Europea (y no perder su subvención) habría encargado a cuatro empresas que les hicieran nueve facturas, cuyo importe, posteriormente, no harían efectivo o lo devolverían.

Pero entretanto, los técnicos de la Diputación han encontrado facturas casi idénticas pero emitidas por empresas diferentes y un empresario ha admitido que la Diputación le pagó 17.000 euros por un trabajo que no realizó.

"La noticia del día es que todos vamos a ir de la mano al juzgado para aclarar lo de Mercamed", dijo en otro momento del pleno la vicepresidenta primera, Luisa García Chamorro (PP), que se encontró enfrente a un Gerardo Sánchez tan dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias como sus adversarios. "Si existe la más mínima duda sobre eso, que se aclare en los tribunales. Tienen todo nuestro apoyo".