Para el PSOE, la situación de crisis que está generando el COVID-19 tiene un reflejo bastante duro en la realidad que viven muchas familias de la capital para garantizar el acceso a la formación que imparten los centros educativos desde las diferentes plataformas online, a través de las que el profesorado sigue ejecutando el plan de estudios impuesto según las instrucciones de la Junta de Andalucía.

Durante estas semanas, confirma el concejal Jacobo Calvo, responsable de Educación en el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, “hemos conocido que muchas de esas familias, entre las que se incluyen monoparentales con trabajos en servicios esenciales o que están teletrabajando en casa, carecen de los recursos suficientes para poder hacer un seguimiento adecuado a esa formación, por lo que es necesario que dichas familias tengan acceso al material de texto que impida que ese alumnado se descuelgue del resto”.

Para el edil del PSOE, “tras quince días de confinamiento hemos de lamentar que la Junta de Andalucía no haya sido capaz de adecuar sus instrucciones para atender la demanda de toda la comunidad educativa andaluza, sometida a un estrés que impide la aplicación de unos contenidos educativos de calidad. Pero más allá de esa situación de parálisis, las administraciones tenemos que resolver los problemas que se detectan con diligencia. Por esa razón, y descubierto que existe un problema en no pocas familias de Granada que, o bien no pueden pagar el acceso a la red, o bien carecen de equipos para el acceso a las plataformas educativas en las que colegios e institutos cuelgan sus materiales educativos, solicitamos al Gobierno del Ayuntamiento que coordine, junto a la Junta de Andalucía, una acción que permita hacer llegar materiales de texto a los domicilios de las familias más afectadas”.

En palabras de Calvo, “se estima que un cierre de escuelas que dure un mes, tiene una afectación en menores más desfavorecidos, entre los que habría que incluir los afectados por la brecha digital, de un equivalente cognitivo a cuatro meses y medio, y no podemos permitir esa condena a una familia por el simple hecho de que esta crisis la haga más vulnerable a la desigualdad. El Ayuntamiento debe ser la institución que lidere esta medida y debe instar a la Junta a disponer de sus recursos para garantizar la Igualdad de todas las personas mientras dure esta crisis”.