Los terrenos ocupados actualmente por el Palacio de Congresos y gran parte de su entorno fueron una adquisición municipal de 1985 que no consta en el Registro de la Propiedad porque, al igual que muchas otras propiedades del Ayuntamiento, no se llegaron nunca a formalizar después de los correspondientes procesos de compra. Los recientes planes del gobierno local del PP para el recinto de congresos obligan a realizar ahora todos esos trámites.

El Ayuntamiento de Granada, junto con la Junta de Andalucía (que gestionan actualemente el Palacio de Congresos), está barajando la concesión administrativa de esta instalación para que una empresa externa se encargue de su explotación.

Pero para que eso ocurra todos los papeles tienen que estar en regla y una de las cosas más esenciales no está regularizada. En el Registro de la Propiedad de Granada no consta que el Ayuntamiento sea el actual propietario de esos terrenos, si bien la administración sí cuenta con los títulos de propiedad, según explicó ayer la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto.

Aunque la inscripción registral no es un trámite obligatorio, sí resulta necesario cuando se trata de llevar a cabo cualquier operación como la de una licitación.

Los terrenos que ahora se van a inscribir fueron adquiridos por el Ayuntamiento de Granada en 1985 a 13 propietarios diferentes a través de diversos métodos. El objetivo era la construcción del Palacio de Congresos y la construcción de instalaciones adecuadas en los terrenos del alrededor.

Los límites del espacio que será registrado son el Río Genil y la Ermita de San Sebastián por el Norte, la calle Antonio Dalmases por el Sur, Profesor Tierno Galván por el Este y el Paseo del Violón por el Oeste.

De un modo más genérico, se trata de 47.000 metros cuadrados que incluyen, además de los terrenos ocupados por el propio Palacio de Congresos, el edificio de bomberos aledaño y la rotonda que hay frente a la puerta principal equipamiento.

Hay muchas propiedades municipales que no están inscritas en el Registro, aunque en su mayoría se trata de espacios de dominio públicos. Es decir, calles y plazas que no podrían venderse o cederse, motivo por el que no resulta urgente cumplimentar el trámite voluntario de la inscripción.