Una de las partes acusadoras del caso Serrallo ha reclamado en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada que ordene el embargo de bienes de la entidad Taler Real Estate, en cantidad suficiente para asegurar los 2 millones de euros de fianza que impuso la jueza en mayo pasado. Esta mercantil tiene entre sus activos el Centro Comercial Serrallo, el Fórum de Negocios o el edificio Be Suites del Zaidín.

Taler Real Estate, nombre actual de la sociedad promotora con la que Roberto García Arrabal construyó importantes inmuebles en la ciudad como el Serrallo Plaza y la discoteca aledaña cuya legalidad se investiga en esta causa, fue declarada responsable civil como partícipe a título lucrativo por la jueza en el auto de apertura de juicio oral que dictó en mayo de este año. En la misma resolución, la magistrada impuso a los acusados una fianza de 2 millones de euros para asegurar posibles responsabilidades económicas futuras.

Pizarro pide el embargo porque asegura que no se ha pagado la fianza impuestaTaler Real Estate es el nuevo nombre de la empresa que construyó el Serrallo

Han pasado casi 4 meses desde entonces y ese dinero no ha sido ingresado en la cuenta del Juzgado, según el escrito que acaba de presentar Abel Pizarro, el empresario que compró el negocio de la discoteca (considerado tercero de buena fe y posible perjudicado directo en la causa). Esta parte ha pedido a la jueza que ordene embargar bienes a la empresa que se quedó con los principales activos de García Arrabal.

En el mencionado autor, la jueza declaró la responsabilidad civil como partícipes a título lucrativo de varias empresas: Taler Real Estate SL (que, aunque cambió de nombre en 2015, es la misma que construyó la discoteca), 683 Upper Club SL (la que explotó inicialmente el negocio), Multiaventuras Serrallo Plaza SL (la responsable de las tirolinas y pista de patinaje que se construyeron junto a la discoteca) y Fontdeis (otra de las sociedades constructoras de García Arrabal). Los representantes legales de todas la mercantiles mencionadas han mandado escritos estos meses con diferentes argumentos para excusar el pago de la fianza o que se descarte su posible responsabilidad económica.

En el caso de 683 Upper Club, sus administradores, que fueron citados por la jueza en junio, han alegado que la sociedad quebró y que ellos ya no son responsables de esa mercantil cuyo negocio fue vendido después a Abel Pizarro, el empresario que precisamente reclama al juzgado una indemnización que podría rondar los 2 millones de euros y ahora pide que se hagan embargos para asegurar ese dinero. Esta parte sostiene que compró de buena fe el negocio de la discoteca en el concurso que el Juzgado autorizó para la liquidación de Upper Club. Pero los problemas legales a los que se enfrentaba ese edificio, construido sobre un suelo destinado a un parque público infantil, ha imposibilitado al nuevo empresario la explotación del negocio que adquirió. Por eso ahora pide una compensación por el precio abonado y por el lucro cesante de los años de la concesión si hubiera un cierre definitivo o, incluso, una orden de demolición, como reclama la Fiscalía.

Por su parte, la mayoría de los acusados en este caso, que son antiguos representantes políticos (como el exalcalde José Torres Hurtado) y funcionarios del Ayuntamiento de la capital, han presentado una póliza suscrita por esa institución que, según su versión, los avalaría para el pago de la fianza. La jueza ha pedido a la compañía de seguros que garantice esa cobertura.

Muchos de los acusados también han elevado quejas a la Audiencia Provincial relacionadas con esa petición de fianza millonaria que la jueza les reclamó pagar de forma solidaria en el auto de apertura de juicio oral. Precisamente este tribunal acaba de rechazar varios recursos de los acusados, que habían alegado en una fase anterior, cuando se puso fin a la instrucción. En su resolución, los magistrados descartaron que se hallan producido errores en el proceso y no consideran que haya motivo para archivar o anular decisiones de la jueza María Ángeles Jiménez.