La reordenación de efectivos de Policía Local en Granada, que afecta al menos a las 135 mujeres bajo seguimiento de este cuerpo por ser víctimas de violencia de género, ha provocado una de las primeras polémicas de tinte ideológico en la ciudad desde que llegó al gobierno la coalición de Ciudadanos y Partido Popular, con el apoyo de Vox. A la denuncia del PSOE de una reducción en la Unidad de Mujer y Menor se han unido ahora varios colectivos de igualdad y contra la violencia machista. 

Las Plataformas 8 de Marzo y Contra la Violencia de Género 25 de Noviembre (8M y 25N) de Granada han denunciado que el nuevo gobierno ha reducido a la mitad el número de policías locales dedicados a atender la violencia machista por parte del Ayuntamiento de la capital.

Los colectivos manifiestan su "más rotundo rechazo ante la reducción de 15 a 8 de los efectivos para atender casos de urgencia que ordena el Ayuntamiento". Explican los denunciantes que "se trata de un traspaso de agentes a otras unidades mejor dotadas de personal".

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento ya hizo una denuncia similar hace algunos días, cuando alertó de un recorte del 45% de los efectivos asignados respecto a la dotación que tenía con el anterior gobierno del PSOE. 

La concejal de este partido Raquel Ruz denunció una supuesta estrategia del gobierno bipartito para desmantelar servicios de referencia como la unidad de violencia de género o la de tráfico, además de contar con nuevos directivos "sólo por afinidad política" y no por capacitación. "Lo más sangrante es la reducción de efectivos en la unidad de Violencia de Género un 45%. Se ha pasado de 15 a 8 en una cesión más a la ultraderecha", denunció la edil en septiembre. 

Solo un día después de esa denuncia socialista, compareció el concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz, para explicar los cambios aplicados en esa reordenación de efectivos en el cuerpo, que en principio persigue una mejora de la atención generalizada. Admitió algunos cambios en unidades como la de Mujer, que iba a pasar de 12 a 13 agentes, aunque con 7 de ellos de segunda actividad. "Llevamos a 135 mujeres en nivel de protección bajo", matizó Díaz aquel día. 

Exigen que se hagan públicos los ingresos municipales por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Para las plataformas de igualdad y contra la violencia de género estos cambios ponen en riesgo a esas mujeres que deben de estar protegidas ahora por más agentes en condición de segunda actividad. Alertan de las "graves consecuencias" que esta medida puede tener. 

Explican estos colectivos que para mantener e incluso reforzar esta unidad hay argumentos como la necesidad: en 2018 la Policía Local de Granada realizó unas 300 intervenciones por violencia degénero. O lo recursos, pues "hoy se dispone de más medios para la formación y atención especializada gracias a los fondos que el Gobierno de la Nación transfiere a los Ayuntamientos como parte de los compromisos adquiridos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género", una acuerdo que suscribieron en su día Ciudadanos y el Partido Popular.

"Consideramos que esta decisión es contraria al espíritu del propio Pacto, y provoca una situación de riesgo y desprotección que puede disparar las cifras de violencia machista en nuestra ciudad" pues se trata de un "mensaje específico a los maltratadores".

Las Plataformas 8M y 25N exigen ahora que se hagan públicas las actividades financiadas con el presupuesto ingresado al Ayuntamiento de Granada con cargo del Pacto de estado contra la violencia de género. Además de la restitución de los efectivos policiales en la Unidad de Mujer y Menor.