El último informe policial que ha llegado a manos de la jueza que investiga el Caso Serrallo pone de manifiesto que entre el Ayuntamiento de la capital y el promotor Roberto García Arrabal se tejieron una serie de actuaciones irregulares con el fin de favorecer que este empresario pudiera hacerse con los terrenos y posteriormente construir en condiciones muy favorables el centro comercial Serrallo y todo su entorno.

El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal ha analizado toda la documentación del caso relativa a las cuentas del desarrollo del Plan Parcial donde se construyó la discoteca que es objeto fundamental de la investigación que se desarrolla en el Juzgado número 2 de la capital. El nuevo informe policial, que la jueza María Ángeles Jiménez acaba de unir a la causa, llega a unas conclusiones que afectan no sólo a la construcción de aquella discoteca sobre un suelo destinado a parque infantil, sino que va más allá y pone de relieve un "trato de favor" generalizado de los responsables municipales al empresario promotor, lo que le habría permitido construir todo el entorno del centro comercial.

Los terrenos donde se encuentra la instalación comercial eran inicialmente de las empresas Citygrove Leisure España SL y Desarrollo de Ocio Urbanístico de Granada SL, con las que el Ayuntamiento, gobernado entonces por el socialista José Moratalla, firmó un convenio para el desarrollo allí de un centro de ocio. Este acuerdo se fue modificando con el tiempo, pero finalmente aquellos promotores desistieron de su iniciativa y vendieron el suelo y todo lo avanzado en la zona a García Arrabal. El informe policial asegura ahora que, del estudio de la documentación, se desprende que hubo "presiones y trabas por parte de Urbanismo" al desarrollo del Centro Comercial Serrallo cuando estaban aún los antiguos promotores, "que se tornan en tratos de favor hacia Inversiones Área Sur (García Arrabal), cuando esta última adquiere los terrenos".

El Ayuntamiento se había comprometido por escrito con las empresas anteriores a realizar una serie de cambios urbanísticos (una innovación del Plan Parcial) que no hizo en el plazo acordado. Aunque estas sociedades pedían los documentos y la información necesarios para llevar a cabo algunos pagos al Ayuntamiento, sus responsables no respondían. El municipio tampoco cumplió con su obligación de publicar el convenio suscrito en el Boletín Oficial; y a pesar de todo esto, el concejal de Urbanismo de aquella época, Luis Gerardo García-Royo, hacía declaraciones públicas (recogidas en el informe policial) hablando de su desconfianza en estas empresas para desarrollar el proyecto. Entre tanto, el propietario de la segunda zona en la que se dividía el plan parcial (colindante a la del centro comercial), Roberto García Arrabal, se sumaba a esta estrategia señalada por la Policía y ponía también trabas a estas empresas, al no emitir las facturas para que pudieran abonar los gastos de urbanización que le correspondían.

El resultado fue, siempre según el mismo informe, que estas empresas, cuyo representante era británico, se marcharon. "Queda de manifiesto que pudieron existir presiones e interposición de trabas administrativas por parte del área de Urbanismo del Ayuntamiento haciendo que las empresas promotoras Citygrove y Desarrollo de Ocio acabaran desistiendo de acometer el proyecto, optando por vender los terrenos a empresas de Roberto García Arrabal".

Esto ocurrió en abril de 2005 y, a partir de ese momento, el promotor granadino se convirtió en el propietario de las dos partes en las que se dividía el plan parcial T2 (una es la del centro comercial y en la otra construyó un hotel y otros edificios). El mismo informe policial describe también cómo el empresario se habría beneficiado continuamente de las actuaciones municipales y, en particular, de algunos jefes del área de Urbanismo que están siendo investigados en este caso. Estos altos funcionarios habrían hecho informes y documentos casi al dictado del empresario y excediéndose en sus funciones.

El instructor policial explica a la juez cómo en el acto notarial para formalizar la compra de los terrenos, Roberto García Arrabal presenta un documento para garantizar que el Ayuntamiento acepta la subrogación del nuevo propietario por el anterior en todas las condiciones relativas al desarrollo urbanístico de esta zona y que se habían conveniado con el Ayuntamiento. Pero el documento es un escrito que le hace de urgencia el jefe de Gestión al promotor y se lo envía por fax. La Policía destaca que está "fuera de lo que se considera el cauce administrativo normal", que no era de su competencia, que el funcionario no registró el escrito y, lo que es más curioso, que pese a aparecer el nombre su nombre y el del director general de Urbanismo, la única firma que aparece es la del propio Roberto García Arrabal. Finalmente el gobierno municipal (alcalde y concejales del PP) legalizan este trámite unos meses después, al aprobar esa subrogación, pero la Policía destaca que un funcionario se ofreciera a adelantar esa decisión en un escrito porque "al parecer le urgía a García Arrabal".

El Grupo de Delincuencia Económica describe una larga lista de actuaciones municipales que son signos evidentes de ese supuesto trato de favor al empresario, sobre todo en la falta de supervisión de las actuaciones urbanísticas y de la junta de compensación de este plan parcial. El punto más relevante es la firma de un decreto en abril de 2013 por parte de la entonces concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, para levantar todas las cargas urbanísticas de esos terrenos, "con el consiguiente perjuicio inmediato y directo para el Ayuntamiento", pues no estaba acreditado que el promotor hubiera hecho frente a sus obligaciones económicas con el municipio. El informe señala que se firmó el decreto sin contar con la liquidación preceptiva y, por tanto, queda por acreditar el pago de 2,1 millones de euros.

Otro elemento importante de este informe de cara al futuro desarrollo de la causa judicial es que la Policía señala directamente al interventor municipal que actuó en aquellos años: "En relación a los hechos presuntamente delictivos investigados habría desempeñado un papel fundamental al omitir toda fiscalización relativa al cumplimiento de los convenios". La Tesorería y la Intervención del Ayuntamiento habrían actuado con la misma falta de rigor a la hora de supervisar lo relativo a este promotor, de ahí que la Policía extienda las posibles implicaciones incluso fuera del área de Urbanismo.