"Queremos que nos den las casas en las que vivimos desde hace 60 años"

Paco Rodríguez y María López son dos vecinos del barrio motrileño del Varadero. El primero, de 59 años de edad, ni siquiera había nacido cuando su padre, "marinero de toda la vida", entró a vivir en 1952 en la casa de la esquina de la plaza. La segunda, de 83 años, es la viuda del hijo de otro pescador que también fue arrendatario de una de las 41 viviendas que el Instituto Social de la Marina levantó para que los marinos tuvieran un lugar donde vivir en el tiempo que mediaba hasta echarse a la mar.

Corrían otros tiempos. Dicha entidad construyó y promovió en el anejo un grupo de "casas protegidas para los trabajadores del mar", dos escuelas y una capilla. De ello se otorgó escritura en Madrid el 23 de marzo de 1966, pero había concertado previamente, con fecha 17 de julio de 1952, con la Cofradía de Pescadores de Motril un convenio por el que ésta entraba en la posesión de las viviendas y los otros edificios públicos mencionados, administrando tales inmuebles durante el periodo de amortización del anticipo sin interés hecho por el Instituto Social de la Marina, cobrando rentas a los pescadores beneficiarios de las viviendas.

Una vez amortizadas las casas, se estableció que la Cofradía de Pescadores podría optar por adquirir la propiedad del grupo de viviendas cediendo en arrendamiento a sus beneficiarios las mismas, o bien cederlas en propiedad a sus beneficiarios. Del mismo modo, se fijó que, después de amortizado el grupo de viviendas, el Instituto otorgaría escritura pública de venta de los edificios a favor de los pescadores beneficiarios o de la Cofradía de Pescadores, confiriendo el dominio de los inmuebles con la prohibición de enajenar los edificios o de arrendarlos a los beneficiarios no pescadores de la Cofradía de la localidad. Se ha acreditado que la Cofradía amortizó el precio de las viviendas en 1993.

A partir de estos hechos probados documentalmente, existe una discrepancia en la interpretación de una parte y otra. Por un lado, los vecinos dicen que al ser descendientes de aquellos pescadores y de estar viviendo en esas casas 60 años, que ya habrían adquirido el derecho a que les den las escrituras de las mismas.

La Cofradía de Pescadores tiene claro que la ley dice que son arrendatarios y que por muchos años que lleven viviendo, unos inquilinos nunca van a adquirir la propiedad, máxime cuando se trata de rentas antiguas, en concreto de 2,5 pesetas al mes. Además, argumenta que en caso de creerse con dicho derecho, no tendrían más que ejercitar acciones legales, algo que no ha ocurrido. Sin embargo, de aquel grupo de 41 viviendas, la mayoría excepto tres (ellos dos y los descendientes de una mujer fallecida, que no viven en aquella casa), sí han adquirido la propiedad, un hecho que Paco y María ven como discriminatorio.

Esta circunstancia es interpretada de manera totalmente distinta por la Cofradía de Pescadores, ya que sostiene que los que adquirieron la titularidad de dichas casas se sentirían agraviados si a estos dos vecinos "se les regalan, que al parecer es lo que quieren", explica el técnico de la corporación sin ánimo de lucro, Antonio Sáez.

Ambas partes reconocen que hubo dos maneras de proceder distintas en los marinos (o beneficiarios) que entraron a vivir en aquellas casas: los que pagaron desde el principio un alquiler y los que abonaron parte de la casa para que un día fuera suya. En el primer grupo había 8 casas cuyos inquilinos "no tenían para pagar 5.000 pesetas, que en aquel entonces era un capital", según recuerda Paco. Tampoco abonaron los gastos de contribución anuales, pero sí una renta de 2,5 pesetas al mes. En el caso de las 32 casas restantes, dieron 5.000 pesetas de entrada, pagaron la contribución anual y la renta era superior, algo menos del doble.

Los segundos terminaron adquiriendo la propiedad después de 40 años, mientras que en el caso de los primeros fue la Cofradía de Pescadores la que consiguió las escrituras del Instituto Social de la Marina en el año 1993, tras haber amortizado el precio de las viviendas.

Ahora estos vecinos quieren que dichas escrituras les sean conferidas a ellos, para adquirir el dominio de los inmuebles. En el caso de María, para que un hijo de 46 años que tiene, sin empleo ni prestaciones pueda quedarse con la casa y en el de Paco, para poder bien enajenarla y emigrar a un lugar donde pueda encontrar trabajo (también está en paro) o alquilar algunas de las habitaciones de la vivienda y "así poder vivir durante el resto de mi vida", argumenta.