El Ayuntamiento de Granada tiene que renovar este año la concesión del servicio de recogida de basura, uno de los dos grandes contratos millonarios, junto al de transporte, que tiene que afrontar la capital, que aprieta el acelerador ya que la concesión caduca este 2020. Y por un lado se trabaja a nivel técnico y por otro a nivel político.

La junta de Gobierno Local del 30 de julio aprobó un refuerzo de personal del Área de Medio Ambiente con dos profesionales expertos más para la redacción de los pliegos, un trabajo ingente.

El coordinador general de Medio Ambiente dice que el área está elaborando el Pliego de Prescripciones Técnicas y la documentación relacionada con el próximo contrato de Gestión de Residuos y Limpieza Viaria, contrato en el que se prevén inversiones en vehículos, maquinaria e instalaciones que deben ir acompañadas de documentación que valore aspectos acústicos. Pero en la actual RPT no hay ninguno que tenga asignadas dichas atribuciones, por lo que proponen a un funcionario del servicio de Protección Ambiental para desempeñar las mismas. También atribuyen funciones a otro funcionario interino para analizar el impacto del contrato en materia ambiental.

A nivel político, la situación se quiere acelerar porque el tiempo corre y los plazos. Y es clave la comisión de grandes contratos, la polémica comisión que propuso Vox, causó la dimisión de Sebastián Pérez al frente del PP, causó una crisis política, después presidió el alcalde y de la que Vox terminó renunciando tras haber recibido cedida la presidencia. Un ‘jaleo’ político que parecía que iba a echar al traste la comisión, de la que no se ha informado nada oficialmente.

Según ha podido saber este periódico, ya hubo dos reuniones y ahora se retoma después de las vacaciones. Hoy hay otra reunión a la que acudirá el ‘gurú’ económico de Podemos, Carlos Sánchez Mato, para hablar de ahorro y de sistemas de gestión.

La concejal ya dijo en el último pleno que esperaba el dictamen de esa comisión, que elaborará un informe externo no vinculante, para conocer su dictamen. Después, el Ayuntamiento tendrá que decidir sobre el modelo de gestión más pertinente y elaborar los pliegos. La comisión, aprobada en abril pero envuelta en la contienda política hasta primeros de mayo, tenía tres meses como tiempo máximo de trabajo (quitando agosto), por lo que este septiembre tiene que dar su informe, que solo saldrá adelante si hay unanimidad.

Mientras, ya se ha inventariado la flota de vehículos de Inagra y el Ayuntamiento está a la espera de esa comisión de grandes contratos para activar la comisión oficial de contratación, que preside Sebastián Pérez, y que tiene la última palabra sobre la concesión, que en los últimos 50 años ha tenido Inagra.