Algunas de las defensas de los acusados del caso Serrallo -el asunto de la supuesta construcción ilegal de una discoteca, que está en fase de preparación de juicio oral- han pedido en recientes escritos a la Audiencia Provincial de Granada que sus secciones penales unifiquen criterios para evitar situaciones de "trato desigual" que se estarían produciendo en función de los magistrados en los que recaen los distintos recursos. Afectarían a cuestiones como el pago de la fianza millonaria o la transcripción de las grabaciones para el juicio. 

La primera cuestión en la que ha habido diferencia de criterio es en la resolución de los recursos de queja presentados por casi todas las defensas en relación a la imposición de 2 millones de euros de fianza antes del juicio. Aunque todos los escritos tenían "idéntica pretensión", que consistía en la posibilidad de recurrir esa medida cautelar, la mayoría han sido desestimados y sólo dos fueron acogidos por los magistrados de la Audiencia. Tal y como lo expone el letrado Rafael López Guarnido, este "cambio radical de criterio" y el diferente resultado de unas y otras quejas ha producido "sorpresa" en algunas de las partes de este caso con intereses procesales comunes.

"Aquellos recursos de queja que recayeron en la Sección Segunda de este tribunal han sido desestimados, no permitiendo a los recurrentes impugnar la fianza impuesta; y aquellos recursos que por mero azar fueron repartidos a la Sección Primera, han visto estimada su pretensión", expone este abogado, que representa a uno de los técnicos municipales acusados en este caso, y que denuncia la "manifiesta indefensión generada".

Fruto de esa disparidad de resoluciones en la Audiencia Provincial, sólo hay dos defensas que han podido recurrir al final la fianza impuesta por la jueza de Instrucción 2, María Ángeles Jiménez. Son la exconcejal Isabel Nieto, el técnico Manuel Lorente y otros dos funcionarios (que comparten letrado) y el edil del PP Francisco Ledesma. El resto, han tenido que contentarse con la posibilidad de adherirse a esos recursos. Por eso, el abogado López Guarnido (cuya queja fue desestimada) explica en su escrito que el tribunal provincial podría "sanar la situación de indefensión generada", al hacer extensiva su decisión final sobre la fianza a todos los acusados adheridos a estos recursos. 

Hay otra cuestión importante en ese caso que está pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial y que ya ha sido motivo de larga controversia interna. Se trata de la obligación o no de transcribir al papel todas las horas de declaraciones grabadas en vídeo durante los más de cuatro años de investigación de este asunto. La jueza ha rechazado esa petición planteada por la Fiscalía y alega que el propio Consejo General del Poder Judicial dio instrucciones claras sobre esta cuestión, al rechazar que fuera necesario realizar el trabajo adicional de transcripción. 

El Ministerio Público no se ha conformado y, como suele hacer en asuntos complejos, ha recurrido esta decisión ante la Audiencia Provincial. Y aquí llega de nuevo la importancia del azar. Por experiencias de casos anteriores anteriores y por los debates internos mantenidos en reuniones formales de los magistrados de la Audiencia, es conocido que las dos secciones penales del tribunal tienen criterios divergentes. 

La Sección Primera sería proclive a ordenar la transcripción de los vídeos y la Segunda a rechazar ese trabajo extra por parte de los juzgados de instrucción. De ahí que la decisión final en el caso Serrallo dependerá muy probablemente de los magistrados que tengan que resolver el recurso de la Fiscalía. El letrado de la exconcejal Nieto, Ernesto Osuna, ha pedido en un escrito que se rechace esa petición, "aún entendiendo los motivos de la Fiscalía recurrente y la mayor comodidad de leer las transcripciones a la hora de preparar y celebrar una vista oral.

Sin embargo, el mismo abogado pide que tanto en esta cuestión como en "otros aspectos que recientemente hemos visto en este procedimiento" (en alusión a los recursos de queja antes mencionados), "se adoptase un criterio seguro y cierto por ambas secciones en aras de la seguridad jurídica y al tutela judicial efectiva a la que tienen derecho tanto los investigados como las partes acusadoras".