El caso judicial sobre la construcción de una discoteca en el Serrallo ha tenido este curso un desarrollo crucial, dado que se ha puesto fin a la fase de instrucción iniciada en 2014 y la jueza, María Ángeles Jiménez, ha ordenado la apertura de juicio contra 17 personas, entre ellas el exalcalde José Torres Hurtado y buena parte de su gobierno, funcionarios municipales y el empresario Roberto García Arrabal.

Esta causa se ha considerado el preludio del caso Nazarí -donde se investigan hasta ocho operaciones urbanísticas-, porque coinciden muchos de los presuntos implicados, algunas partes acusadoras y la propia jueza, y porque se describen supuestas corruptelas que se basan en los mismos mecanismos. De ahí que el desarrollo del caso del Serrallo se analice también en clave de lo que está por llegar con las piezas que se puedan llegar a juzgar de la macrocausa Nazarí.

Torres Hurtado y el resto de ediles pide que una póliza municipal cubra su fianza

En febrero de este año, la magistrada puso fin a 4 años de instrucción y dictó un auto en el que procesaba a gran parte del antiguo gobierno municipal por "grave especulación urbanística", al haber permitido la construcción y apertura de una discoteca en unos terrenos municipales que estaban destinados a convertirse en un parque público infantil.

A partir de ahí se abrió un interesante periodo en el que las partes acusadoras remitían al Juzgado sus peticiones de cara al juicio para los procesados. Torres Hurtado, pero especialmente la exedil Isabel Nieto, el exgerente de Urbanismo Manuel Lorente y el empresario García Arrabal concentraron la mayor parte de las peticiones de penas de prisión por los delitos más graves señalados: 8 años de cárcel, 36 años y medio de inhabilitación y multa de 522.000 euros, por fraude en la contratación, prevaricación común, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, delito contra la ordenación del territorio y malversación de caudales públicos.

La cuestión que ha oscilado más entre los diferentes escritos de acusación ha sido la implicación de los concejales del PP que formaban parte de la junta de gobierno y que votaron a favor de un punto que daba luz verde al proyecto de la discoteca.

Mientras que el Ayuntamiento (gobernado ya por el PSOE) y la Fiscalía pedían que estos ediles no fueran a juicio, al considerar que no habían cometido delito, otras partes acusadoras (el empresario Tomás Olivo, el funcionario que denunció este caso o el partido VOX) sí pedían que se sentaran en el banquillo por posible delito de prevaricación.

Con estos escritos, la jueza ordenó el pasado mes de mayo la apertura de juicio oral contra los 17 investigados. E incluyó también la petición de una fianza de dos millones de euros por las posibles responsabilidades económicas a las que sea necesario hacer frente tras el juicio.

El asunto de la fianza millonaria ha levantado ampollas entre los procesados, que enviaron una avalancha de recursos al juzgado. Pero Torres Hurtado ha liderado una posible solución para todos los que dependían del Ayuntamiento en aquel tiempo, pues presentó a la jueza una póliza de un seguro municipal que cubriría este tipo de fianzas. El Juzgado está a la espera de que la compañía confirme que se hace cargo de esa cobertura.