El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha celebrado este jueves la apertura del año judicial en un acto que recupera la normalidad tras la pandemia y donde se exponen los objetivos que se quieren alcanzar en estos meses además de hacer visible el trabajo de la Justicia. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha presidido el acto, en el que ha estado, entre otras autoridades, el nuevo consejero de Justicia, José Antonio Nieto, a quien Del Río le ha encomendado "impulsar la modernización" de la justicia andaluza, que tantas veces han reclamado ya desde los órganos judiciales.

Para Del Río, este nuevo año judicial debería ser un año de "esperanza" aunque se arrastra "la decepción provocada por una larga espera de esa transformación y modernización definitiva de la Administración de Justicia. Somos conscientes de que se trata de un proceso que requiere su tiempo, pero también debemos serlo de que llevamos muchos año y varias legislaturas perdidas a causa de diversas coyunturas, con todas ellas entendibles ni asumibles", ha denunciado el presidente.

De hecho, lamenta que en los once discursos que ya ha hecho como presidente del TSJA, en todos no ha ocultado su "preocupación" por el estado de la Justicia en Andalucía ni su "escepticismo" ante futuras mejoras, "máxime cuando esa inalterable realidad ha hecho recaer de forma permanente sobre quien les habla la obligación de referir en todas mis intervenciones públicas siempre los mismos problemas y deficiencias, o similares necesidades y prioridades, sin que se haya producido un avance realmente perceptible y significativo".

Ahora, espera que en este nuevo tiempo, con los nuevos gestores en el gobierno andaluz, sea una "nueva oportunidad" de impulsar la transformación que necesita la Justicia. "Se trata del séptimo cambio en los responsables de la Consejería de Justicia durante mandato como presidente. Y la realidad es que la justicia andaluza sigue a medio camino, sin alcanzar, a mi juicio, el nivel de optimización y satisfacción que serían deseables". Por lo que ha dicho que no va a rendirse: "Siempre he confiado en que ha de llegar la última ocasión en que deba pronunciarme en este sentido", ha dicho.

Los efectos de la crisis mundial

Además, el año judicial tampoco será fácil por las dificultades que incluye el contexto "de una crisis social, económica y energética, agravada por la injusta guerra en Ucrania", aunque "se dan las condiciones para un punto de inflexión en materia de justicia. "Se hallan en ciernes determinadas reformas procesales y organizativas" que aunque se demorarán en su articulación final, "pueden dar lugar a un nuevo sistema de justicia sensiblemente reformado y reorganizado en su conjunto".

Ha citado el proyecto de ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, que supondrá una gestión y organización más eficientes "instaurando por fin un modelo de organización judicial colegiado", lo que a su juicio es "la medida más necesaria para la mejora de la eficiencia" del sistema. 

También está el proyecto de ley de Eficiencia Procesal, para dar medios alternativos de solución de conflictos; la Carrera judicial, que vuelve a reclamar a los responsables políticos; o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para transformar el proceso penal. "Aspiramos a un solo procedimiento penal superando los cinco tipos actuales, a concentrar trámites procesales y suprimir prácticas dilatorias, a potenciar el principio de oralidad haciendo de los juicios rápidos la regla general y con la excepción y a suprimir la actual dualidad de la investigación, donde coexiste la preprocesal del Ministerio Fiscal y la judicial. Esto pondría fin a las dilaciones temporales y daría más éxito al derecho penal.

Los retrasos, instalados como algo normal

"Da la sensación de que el tiempo se ha instalado como algo lógico y normal en nuestras conciencias cuando hablamos de obtener una respuesta judicial, incluso parece socialmente asumido, cuando debiera constituir una permanente preocupación. Estamos quebrantando desde tiempo inmemorial la fundamental garantía de que el proceso judicial se ajuste en su desarrollo a razonables pautas temporales", ha advertido Del Río en su discurso, donde asegura que "lo lamentable es que seguimos sin disponer de herramientas procesales y medios materiales que permitan superar ese gravísimo problema". 

Por eso, ha urgido a los responsables políticos que se "esfuercen" en revertir la situación y ofrecer "una solución definitiva" con un mensaje claro: "La Justicia debe salir de la contienda política. Ha de ser una cuestión de Estado, alejada de potenciales réditos electorales y su modernización debe dejar de ser una de nuestras asignaturas pendientes. Es indiferente cómo lo llamemos: cuestión de Estado, prioridad política, estrategia nacional de justicia, Plan Justicia 1020/2030, etc, aunque corremos el riesgo de acabar con los recursos semánticos de nuestra lengua". 

Para Del Río, "se imponen hechos, reformas estructurales serias y no una constante mutación del vocabulario judicial", que "no cobra sentido sino con relación a titulares mediáticos".

Renovación del CGPJ: "El daño ya está hecho"

El presidente del TSJA no ha dejado pasar en su discurso la situación actual del CGPJ y su renovación: "La interinidad de los órganos de gobierno del poder judicial ante el incumplimiento por el poder legislativo del mandato constitucional de renovación del Consejo General del Poder Judicial, unido a un injusto vaciamiento de sus competencias más esenciales, ha determinado una irrebatible visualización de la fragilidad del poder judicial en España y de la supeditación en su configuración gubernativa a los vaivenes de la confrontación política". Para Del Río, "en este contexto, nada tiene de extraño el descrédito, la desafección y el distanciamiento de la ciudadanía. Para el ciudadano común resulta muy difícil deslindar y disociar el papel del CGPJ del que corresponde a los propios jueces y tribunales".

"El daño ya está hecho. La degradación institucional es más que evidente y el mantra de que la justicia está politizada no deja de repetirse", por lo que ha pedido que se revierta esta situación y el CGPJ pueda centrarse en su misión constitucional de gestionar el día a día de los órganos judiciales. "Para ello no hay otro camino que el de la superación de las diferencias en torno al modelo de configuración del poder judicial" y encontrar una fórmula que  encuentre el equilibrio que destierre la pugna política. "Es de suma urgencia que la Justicia en España se vea reforzada institucionalmente, de una vez y para siempre".

Los retos a nivel andaluz

En el ámbito andaluz, Del Río ha repetido peticiones de otros años como el cambio estructural y organizativo que precisa el sistema judicial, la modernización de los procesos y la evolución tecnológica. Y ha señalado como prioridades para la Consejería una reordenación de efectivos y una nueva RPT adecuada a las actuales necesidades de los órganos judiciales andaluces; la nueva Ley de Función Pública y que se aprovechen los fondos del Plan de Recuperación para la digitalización de la justicia.

También ha vuelto a pedir una mejora de las infraestructuras judiciales. "Se han producido avances, pero continúa el deterioro de algunas sedes judiciales, las necesidades de concentración en otras y de mayores espacios en otros casos. Es un hecho que muchos proyecto llegan tarde", por lo que ve necesario la readaptación de unos edificios y la construcción de otros nuevos, "tratando de recuperar un tiempo precioso ya perdido". Y ha citado el ejemplo de Granada, pendiente de decisiones estratégicas, las ciudades de la justicia de Jaén, Cádiz y Hueva y territorios judiciales significativos como la Costa del Sol o el Campo de Gibraltar.

Del Río ha agradecido la labor de todos los trabajadores del sector, que ha recuperado el volumen de litigiosidad previo a la pandemia, situándose a la cabeza en número de asuntos ingresados a nivel nacional.