La gestión del agua se ha convertido en una cuestión espinosa en los últimos años. El motivo, la escasez. La falta de lluvias llevó a la declaración del estado de sequía en parte de la cuenca del Guadalquivir, incluidas las unidades Hoya de Guadix y el subsistema de la Vega Alta, Cubillas-Colomera, donde se localiza la capital y su Área Metropolitana, y el sistema de Regulación General, que se extiende por la zona norte de la provincia. La declaración del 1 de noviembre  y el Plan Especial de Sequía (PES) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir prevén el del aumento del control del uso del agua. Así, en el PES se indica que se solicitará a la Comisaría de Aguas y al Servicio de Explotación de los embalses de las unidades y subsistemas a los que afecta la declaración de sequía “mantenga especial vigilancia a detracciones de caudal para riegos”. En el caso de la Vega Alta, se determina la necesidad de “incremento del control” de los caudales del manantial de Deifontes. También se apunta a la posibilidad de “reducir dotaciones” de riegos que no estén regulados y subterráneos con el fin de mantener “una reserva estratégica” de agua.

En los últimos años, en la comarca del Altiplano, "conscientes de la proliferación de captaciones irregulares", indica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en respuesta parlamentaria a pregunta del diputado Pedro Honrubia, se ha analizado la presencia de parcelas con arboledas. Para este análisis se han empleado técnicas de "teledetección" y se ha considerado la información del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, SIGPAC. Todo ello, apunta el Ministerio, "nos ofrece información valiosa sobre posibles superficies con riego irregular y/o fuera de ordenación".

Las técnicas empleadas para el análisis de las parcelas permite igualmente, señalan desde Transición Ecológica, la "teledetección de balsas no autorizadas". Se tiene especial celo en localizar aquellas que se encuentran en "cauce público o su zona de policía".

"Algunas de las parcelas detectadas ya han sido objeto de procedimientos sancionadores recientes en los que se han resuelto la imposición de sanciones", señala el Ministerio, que apunta que también se ha procedido a determinar la "obligación de indemnizar los daños al dominio público hidráulico" que se hubieran causado por estas balsas no autorizadas. "En los últimos dos años han sido resueltos procedimientos sancionadores por el riego no autorizado de 496 hectáreas, principalmente almendros y pistacho", detalla la respuesta parlamentaria, que añade que algunos procedimientos sancionadores están "actualmente en trámite".

Así, como consecuencia de esta vigilancia de los recursos hídricos en esta comarca de la provincia de Granada, en los últimos cinco años se han incoado 84 expedientes sancionadores en los municipios  de Baza, Benamaurel, Caniles, Castilléjar, Castril, Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Cúllar, Freila, Galera, Huéscar, Orce, Puebla de Don Fadrique y Zújar, refiere el anexo publicado por el Ministerio. "En estos municipios y derivados de procedimientos sancionadores han sido tramitados unos 50 expedienes de ejecución forzosa para reponer las cosas a su estado anterior".

Además de expedientes sancionadores y de ejecución forzosa, el Ministerio, a través de Tragsatec, revisará "los derechos de uso privativo de aguas públicas existentes, entre otros" en el Altiplano de Granada. Esta revisión "permitirá determinar aquellas áreas de regadío que se han visto modificadas y/o que incumplen las condiciones impuestas en su concesión". Una vez fijadas esos cambios o incumplimientos, Transición Ecológica señala que se derivarán "las actuaciones que procedan".

Otro argumento reflejado por el Ministerio para subrayan el celo que se tiene en la gestión del agua es el de las actuaciones del Seprona. Los agentes de las Unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil también realizan inspecciones de posibles captaciones ilegales de agua en las comarcas de Baza y Huéscar. Desde 2015, apostilla el Ministerio, se han completado 63 inspecciones en la zona. Las infracciones administrativas detectadas han sido puestas en conocimiento de la autoridad competente.

En septiembre de 2021 se presentó la memoria 2020 de la Fiscalía provincial. El ministerio público incoó 47 diligencias de investigación por asuntos relacionados con medio ambiente, se presentaron catorce denuncias y se archivaron trece. Se dictaron además 19 sentencias condenatorias.