Torres Hurtado y otros acusados del Serrallo recurren la fianza millonaria

El exalcalde de Granada José Torres Hurtado y la mayoría de acusados del caso Serrallo que tendrán que ir a juicio por su supuesta responsabilidad en la construcción de la discoteca han enviado al Juzgado una avalancha de recursos contra el auto que les impone el pago inmediato de una fianza de dos millones de euros a pagar de forma solidaria entre todos.

La jueza que ha instruido este caso, María Ángeles Jiménez, incluyó en su reciente auto de apertura de juicio oral contra los 17 acusados un apartado en el que les reclamaba el pago, en el plazo de un día, de esos dos millones de euros "de manera conjunta y solidaria", "para asegurar las responsabilidades que pudieran imponérseles". En caso de no aportar esas cantidades, advertía la resolución que se les "embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada". Por eso están obligados a presentar una relación de "todo tipo de bienes y derechos de su propiedad".

El letrado de Torres Hurtado, como el resto de los principales acusados, lamenta en su escrito la "motivación raquítica" que la magistrada habría reflejado en su auto para sostener esa imposición de fianza. A su juicio, se trata de una resolución "carente de argumentos respecto a la determinación de la cuantía, a su necesidad, a los criterios que acreditan la existencia de perjuicio o a la responsabilidad en lo mismos de mi mandante".

Las defensas consideran "excesiva" la cantidad de 2 millones de euros de fianza. En cuanto a la posible demolición de la discoteca y el resto de instalaciones allí construidas, el escrito del exalcalde defiende que no será necesaria esa medida porque el problema, a su juicio, sería el "uso" y no el edificio en sí mismo. Es decir, que la construcción de titularidad municipal podría dejar de ser una discoteca para convertirse en una "ludoteca o guardería".

En cuanto a la posible indemnización que podría corresponder al actual arrendatario del negocio de la discoteca (que lo adquirió en el concurso de acreedores de la empresa de García Arrabal), las defensas piden que la reclamación sea derivada al proceso concursal "si se le vendió indebidamente una actividad que estaba caducada o con problemas legales". El empresario, Abel Pizarro, ha reclamado precisamente dos millones de euros en esta causa, en la que se considera posible perjudicado si finalmente se prohíbe el uso del local en las condiciones que él se hizo con el negocio.

Otro de los particulares que los recurrentes reprochan respecto al auto, en el apartado de la fianza, es la "ausencia de individualización de conductas", dado que atribuye "conjunta y solidariamente el total a todos los encausados", sin asignar a cada uno una cantidad acorde a su posible responsabilidad.

Los principales acusados en este caso (Torres Hurtado, la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, los altos cargos municipales de ese área y el promotor García Arrabal) están siendo investigados también en el caso Nazarí, de presunta corrupción en el Ayuntamiento. En el marco de esta causa, todos ellos tienen ya trabados sus bienes mediante anotaciones preventivas en los Registros de la Propiedad que impiden la venta sin autorización judicial previa. Por eso, plantean los acusados que ya están aseguradas las cantidades reclamadas, aunque sea en el seno de otra causa, pero también instruida por el mismo Juzgado.

El abogado del exalcalde plantea que la fianza impuesta como medida para asegurar sus posibles responsabilidades económicas futuras carece de sentido en su caso particular porque se considera "solvente" y "una figura pública y conocida". Sostiene que "no cabe la existencia de ese peligro derivado del paso del tiempo".

Aunque el auto de apertura de juicio no admite recurso, los acusados y otros posibles responsables civiles señalados sostienen que la parte de la resolución judicial relativa a la medida cautelar de imposición de la fianza sí admite alegación porque sería propia de un auto diferente.