El caso Serrallo se reactiva. La jueza encargada de la instrucción, María Ángeles Jiménez, ha sumado al exalcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, a la lista de imputados de esta investigación y ha acordado una serie de actuaciones propuestas por la Fiscalía, como la toma de nuevas declaraciones por otros delitos.

El exregidor del PP tendrá que declarar el próximo 23 de marzo como investigado en relación a los delitos investigados en este caso, que son cinco: ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. Según las nuevas actuaciones propuestas en el auto firmado el 3 de marzo, a la lista de delitos podría sumarse el cohecho para dos de los investigados, el empresario Roberto García Arrabal y el exgerente de Urbanismo Manuel Lorente.

La investigación se podría extender a los concejales de la Junta de Gobierno local

Para otros dos exaltos cargos de Urbanismo, la jueza admite la petición de la fiscal de ampliar también sus declaraciones por nuevos delitos, que serían falsedad de documento público y cooperación en delitos de malversación y fraude en la contratación.

También considera adecuado la jueza sumar como investigado a la causa y tomar declaración al interventor municipal. No obstante, estas últimas decisiones quedarían pospuestas hasta que se reciba una prueba pericial de tipo económico pedida a la Junta de Andalucía.

La nueva declaración como investigado de Torres Hurtado se debe a una petición del abogado de VOX, Jorge Fernández, quien además reclamó que se llame a declarar a los miembros de la Junta de Gobierno local (concejales del PP) que en 2012 votaron a favor de la legalización de la discoteca del Serrallo, en el lugar donde estaba prevista una zona de ocio infantil. La jueza también admite esta petición, si bien la supedita finalmente a la declaración que haga el exalcalde el 23 de marzo.

La decisión de llamar a declarar como investigado a Torres Hurtado se fundamenta en los nuevos indicios sobre su participación en el urbanismo de la ciudad que han aparecido en la investigación del caso Nazarí.

En concreto, se sumará a esta causa la declaración en aquella otra investigación del exconcejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo. El exedil aseguraba que Torres Hurtado y Lorente tomaban las decisiones en Urbanismo y que en la última etapa de su cargo lo "puenteaban".

Además, se incluirán los correos aparecidos en los registros del caso Nazarí entre el promotor Roberto García Arrabal y la exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto. En ellos los dos hablaban sobre las posibles soluciones para poder abrir el negocio de la discoteca y se mostraba la supuesta implicación del alcalde en los asuntos urbanísticos. Dice la jueza que en estos documentos se habla del caso Serrallo "de forma muy reveladora"y "se deduce a priori la intensa relación y presunta connivencia del exalcalde y la exconcejal con el empresario en la operación urbanística".

Para justificar su decisión, la jueza se refiere también a uno de los informes policiales realizados para el caso Nazarí, en el que se decía que Torres Hurtado "tenía conocimiento absoluto de la operación especulativa llevada a cabo en los espacios libres del Serrallo".

La petición que la jueza no ha aceptado es la de la exdirectora de Urbanismo, Maripaz Spínola, que reclamó el sobreseimiento de la causa respecto a ella.

La jueza de este caso, que es la misma instructora del Nazarí, firmó un auto el pasado 18 de enero en el que transformaba la instrucción en procedimiento abreviado, lo que significa que finalizaría la fase de instrucción para la preparación de juicio. Tanto la Fiscalía como el resto de partes acusadoras recurrieron el auto y pidieron que se practicaran nuevas diligencias. La jueza ha aceptado dar marcha atrás, dejar si efecto su auto y reponer las diligencias a la fase de instrucción.

Y va más allá, pues admite las peticiones de la Fiscalía y la mayor parte de la acusación popular (VOX). El origen de este salto adelante en la investigación del caso está en las nuevas pruebas aportadas en el caso Nazarí. La jueza expone que hasta ahora no se habían tenido en cuenta porque esa instrucción estaba condicionada por el secreto del sumario.