El Tribunal Económico Administrativo nació en Granada en el año 2003 con la ley de grandes ciudades. Lo hizo con la intención de ser una garantía de los derechos de los contribuyentes, de recoger todas sus reclamaciones y conflictos de orden tributario evitando así que los ciudadanos tuvieran que llegar a los juzgados.

Curiosamente un órgano que nació para evitar la litigiosidad, ha llegado ahora a los juzgados por mano del que fuera su presidente hasta el año 2012. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Granada ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el que fuera presidente de Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Granada contra el Ayuntamiento de la capital, al que acusa de cesarle en este puesto a raíz de que pidiera una auditoría interna.

El denunciante, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Granada desde hace 28 años, explica que, como miembro del Tribunal Económico Municipal solicitó internamente y por escrito al alcalde que se llevara a cabo una auditoría interna del trabajo de este organismo desde su funcionamiento. Lo hizo aludiendo a la posibilidad de que se hubiera producido una "desviación de los fines que la Ley asigna a los Tribunales Económicos Administrativos". Se refería concretamente a un supuesto "desequilibrio en la asignación de reclamaciones económico-administrativas que ha derivado en una situación, cuanto menos sorpresiva de interés no general por determinados expedientes de cuantía importante". También alegaba el funcionario una "ausencia de reglas de abstención que obliga la ley, cuando hay proximidad o cercanía con los interesados y/o con sus intereses particulares".

Ayer, el concejal de Economía, Francisco Ledesma, recordó que los estatutos del organismo establecen que se renuevan los vocales cada cinco años y que el denunciante solicitó dicha auditoría tras saber que no seguiría como vocal del Tribunal, una decisión que avaló el pleno con mayoría absoluta. Ledesma afirma que ante la gravedad de las acusaciones pidió al denunciante casos concretos en los que hubiera detectado estas ilegalidades, algo a lo que el hombre se negó, por lo que el Ayuntamiento pidió un informe al presidente del Tribunal donde pudieron comprobar que todo era "transparente".

"Está todo absolutamente documentado así que este no es más que uno de los muchos contenciosos a los que el Ayuntamiento tiene que hacer frente en su devenir diario", apuntó Ledesma.