UP pide al Ayuntamiento de Granada una declaración institucional para que el Gobierno compense la pérdida de ingresos por la Plusvalía

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes pide al Ayuntamiento de Granada que celebre un pleno extraordinario para votar una declaración institucional para que el Gobierno central compense la falta de 14 millones de euros, en concepto del impuesto de la Plusvalía, la cual queda anulada por una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (TC).

Así lo ha solicitado el concejal de UP, Francisco Puentedura, quien ha indicado que “pretendemos que las arcas municipales no queden dañadas como consecuencia de un fallo del TC que anula la manera en cómo se establece el cálculo de la cuota de este impuesto y lo deja sin efecto hasta que haya una normativa jurídica”.

Puentedura ha explicado que “el impuesto de Plusvalía es un impuesto que supone la segunda vía de ingresos del Ayuntamiento de Granada, mientras que el principal es el IBI, que supone uno 70 millones de recaudación, y el segundo es el de Plusvalía que supone alrededor de 14 millones al año”. El edil de UP ha añadido que “estos ingresos están en peligro por esta sentencia y como consecuencia de que la legislación no se adecúa los principios constitucionales”.

Puentedura ha reseñado que “los ayuntamientos no tienen que pagar los platos rotos de una legislación mal hecha por parte del Gobierno central y el Ayuntamiento de Granada no puede ver que no tiene garantizados los ingresos de 14 millones como consecuencia de que la normativa no se ajusta la seguridad jurídica”.

De esta manera, el edil de la coalición ha hecho su reivindicación y ha subrayado que “pedimos un pleno extraordinario con una declaración institucional, por varios motivos, el primero, exigir al Gobierno central que legisle de forma urgente una modificación del texto de la Ley de Haciendas Locales de 2004 para que se ajuste el articulado y se dé seguridad jurídica al impuesto sobre Plusvalía; segundo, vía aprobación de los Presupuesto Generales del Estado (PGE), el Gobierno central establezca un fondo de financiación para los ayuntamientos para compensar las cantidades que se van a dejar de ingresar por la anulación de estos artículos de la Ley de Haciendas Locales; tercero, que la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP), que representa a las Entidades Locales en el Estado, se reúna con la comisión del Estado con objeto de que se elabore una nueva ley de financiación loca que garantice la suficiencia financiera y que los ayuntamientos puedan prestar todos los serbios que deben prestar”.

Según Paco Puentedura, “no ingresar 14 millones de euros implica el hecho de que muchos servicios públicos tiene que estar en peligro, como el transporte público, el alumbrado público, la limpieza y recogida de basuras, mantenimiento de jardines, inversiones necesarias en distritos y barrios de la ciudad…”

“Los ayuntamientos tienen derecho a que haya un fondo de compensación por parte del Gobierno, para que se garantice la suficiencia financiera de todos los ayuntamientos de España, que suponía unos 2.000 millones a todos los ayuntamientos”, ha apuntado el edil de izquierdas.

Además, ha aportado Puentedura, “esta falta de financiación viene en el peor de los momentos, cuando los ayuntamientos han tenido que hacer un esfuerzo grande en la prestación de los servicios públicos para atender las necesidades provocados por la pandemia. Ahora la labor de los ayuntamientos tiene que aumentar el escudo social a las familias más perjudicadas por la pandemia” y ha agregado que “estas rebajas fiscales y ayudas a pymes y a las familias se ven muy limitadas por la capacidad del ayuntamiento, el cual se ve asfixiado si no se ingresan 14 millones”.

El concejal del Ayuntamiento de Granada ha comentado que “no ponemos en discusión la sentencia del Constitucional, se produce una situación de inseguridad jurídica, lo entendemos, pero quien ha sido responsable de esta situación han sido los gobiernos centrales anteriores, que legislaron mal”, por eso “es necesario que la legislación se ajuste a lo que dice el Constitucional para que todos los ciudadanos puedan tener esta seguridad jurídica, pero es necesaria una nueva ley de financiación local y un fondo de compensación, porque los ayuntamientos no son culpables de esto”.

Puentedura ha solicitado que “ya que no podemos convocar un pleno con solos nuestros tres concejales, esperamos por parte de UP que haya sensibilidad por parte del equipo de gobierno municipal para que se apruebe esta declaración institucional cuanto antes y el apoyo del resto de grupos para que se traslade de forma unánime esta reivindicación al Gobierno central”.