Duras críticas de las universidades públicas andaluzas y de la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, a las cuentas de la Junta de Andalucía para el próximo año y que, según denuncian, tal y como están no permitiría "ni siquiera" cubrir los gastos salariales.

En un comunicado, los rectores andaluces pusieron datos para alertar de lo que se avecina. "La financiación básica operativa es absolutamente insuficiente para atender el compromiso que el gobierno aprobó en sus bases del modelo", alegan. Por su parte, la rectora, Pilar Aranda, indicó de nuevo que la UGR está en una situación de desventaja. "Somos una universidad muy mal financiada", alegó. Aranda aclaró que "nuestra suficiencia financiera está en un 90%" y que el resto -un 10%- se consigue gracias a fondos destinados a investigación. No es la primera vez que la rectora reivindica una mejora en el modelo.

En cuanto al comunicado de las universidades públicas, se señala que las cuentas previstas por la Junta prevén un gasto en personal de 1.404 millones, un 1,1% más de lo autorizado para 2021. En cuanto a la financiación operativa (personal, funcionamiento, mantenimiento), se establece una partida de 1.294 millones para 2022. "La diferencia entre la cota autorizada en este momento (1.404 millones de euros), que deberá ser aumentada si se aprueba la subida de salarios para los empleados públicos en 2022, y la propuesta de financiación básica operativa (1.294 millones de euros) demuestra la imposibilidad existente para poder garantizar el funcionamiento del sistema", apostilla el comunicado, que apunta que las cuentas autonómicas "en este momento está 109 millones de euros por debajo de la cantidad autorizada sólo para los gastos de personal", y eso sin tener en cuenta el previsible aumento del 2% anunciado por el Gobierno de España y que debe aplicarse a todo el funcionariado.

"La financiación operativa propuesta, además, no corresponde con el 80% de la cantidad total asignada que, de acuerdo con el citado documento, asciende a 1.569.594.394 euros. Utilizando esta cifra, la financiación operativa asignada corresponde con el 82,5%. Ha de tenerse en cuenta, adicionalmente, que la financiación total se calcula, incorrectamente, incluyendo partidas que no son aceptables dentro de lo que el modelo llama financiación básica de convergencia: la principal de ellas corresponde a los 43 millones de euros asignados a las bonificaciones del 99% del precio público a los estudiantes que han superado con éxito créditos del curso anterior, cuando es sobradamente conocido que esta medida no financia a las Universidades públicas andaluzas, ya que su inexistencia no supondría una baja de derechos presupuestarios de las Universidades", indica la nota, que señala que si se eliminan esos 43 millones, la partida queda en 1.526.594.394 euros y, "en consecuencia, la financiación operativa alcanzaría el 84,8% de la financiación total. Por tanto, es necesario aumentar la partida global para que la citada financiación operativa corresponda al 80% del total asignado".

"La cantidad asignada a la financiación básica operativa en el presente proyecto no permitirá ni siquiera cubrir los gastos salariales comprometidos a día de hoy sin contar el posible 2% de incremento" del sueldo de los empleados públicos. En el caso de a Universidad de Granada, se requerirían 58 millones más. "Aplicando el 25% a la subida que se indica (229,2 millones de euros sin el 2%), serían 57,3 millones de euros", indican fuentes de la institución. "Si sube el 2% de los sueldos, debería incrementarse a 58,4 millones", apostilla la misma fuente, que apunta que esa cuantía sería "para poder ir compensando en los años futuros el desfase que tiene la UGR que solo cubre aproximadamente el 80% del capítulo I, mientras que el resto de universidades están en mejor disposición. En el futuro se debería seguir con la tendencia de asignar más a la UGR para ir compensando este desfase".

Las universidades indican que requieren 213 millones en gastos corrientes, según el último dato auditado. "Sin duda, dada la evolución de los precios de muchos servicios y suministros en los próximos meses, estos gastos serán superiores en el año 2022".  De este modo, la cantidad que aparece en las cuentas (1.295 millones de euros) es "110 millones menor a la autorizada actualmente para costes de personal, 138 millones de euros inferior en el caso de que se apruebe el aumento del 2% en los salarios de empleados públicos y una cantidad 351 millones de euros menor si se tienen en cuenta los gastos de bienes corrientes y servicios incurridos en las últimas cuentas auditadas".

Así, "la financiación básica operativa es absolutamente insuficiente para atender el compromiso que el gobierno aprobó en sus bases del modelo. "Ni siquiera destinando la totalidad de la financiación propuesta en el proyecto (1.526 millones de euros) se puede atender la totalidad de los gastos de funcionamiento del sistema aquí enumerados y cuantificados (1.645 millones de euros: cantidad resultante de sumar 1.404 millones de euros - cota de personal-, 28 millones de euros -incremento salarial del 2%- y 213 millones de euros - últimos gastos corrientes auditados del sistema-). Aún empleando la financiación total propuesta, el sistema presenta la producción de un déficit mínimo, tras atender todos los gastos de funcionamiento enumerados, de 119.176.815 millones de euros. Ni siquiera empleando la financiación total propuesta, el sistema tiene financiación para garantizar los gastos mínimos y necesarios de funcionamiento".

Tras esta argumentación, los rectores reclaman "el aumento de la Financiación Básica Operativa a una cantidad que, al menos cubra la cota de gasto; es decir, un aumento de la Financiación básica operativa a 1.404 millones de euros y un compromiso de ascenderlo un 2% si se produce el correspondiente aumento salarial, quedando entonces la financiación básica operativa en la cantidad de 1.432 millones de euros".

Asimismo, piden "el aumento de la Financiación Total para que la Financiación Básica Operativa alcance, de acuerdo con el compromiso establecido por el Gobierno, el 80% del total: 1.755 millones de euros si no se produce aumento salarial del 2% o 1.790 millones de euros si se produce el aumento salarial del 2%".

"Ello implica un aumento respecto de la propuesta actual (1.526 millones de euros) de 229 millones de euros si no hubiera aumento salarial del 2%, o de 264 millones de euros si se produjera el citado aumento", finaliza la nota.