Ya hay respuesta de la Universidad de Granada a la aprobación del anteproyecto de ley para reconocer dos nuevas universidades privadas en Andalucía. Este martes se realizó este trámite en el Consejo de Gobierno y la UGR, junto al resto de universidades andaluzas, ha sido clara en las críticas a esta decisión del Ejecutivo andaluz.

En un comunicado suscrito por la rectora Pilar Aranda y otros ocho máximos responsables de universidades públicas andaluzas se recuerda que "estas dos nuevas universidades recibieron en su día el voto desfavorable de todos los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas firmantes en la sesión del CAU en la que procedía emitir informe previo". Hace prácticamente un año hubo un comunicado similar, en el que se reclamaba más medios para las universidades públicas que ya ofertan estudios superiores y destinan fondos a la investigación y transferencia.

"Este rechazo no estuvo motivado por el carácter privado de las propuestas, sino por considerarse fundadamente que no cumplían con los requisitos establecidos en el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios entonces en vigor y por no disponer dichas universidades de informes plenamente positivos en lo que a su calidad se refería", justifica el comunicado, que prosigue que "de hecho, en su momento, las universidades públicas andaluzas enviaron a la Consejería con competencia en universidades un pliego de alegaciones donde se daba fundamentación detallada a estos argumentos".

"Este anuncio, junto con el conocimiento de que dos nuevas universidades privadas más han iniciado también su tramitación y una tercera la comenzará próximamente, despierta una gran inquietud entre las comunidades universitarias, pues, al mismo tiempo que se asiste a este crecimiento exponencial de la oferta privada en la Educación Superior, las universidades públicas seguimos necesitando un modelo de financiación que mejore las condiciones laborales de nuestro personal docente e investigador y de servicios y que nos permita poder avanzar en la mejora de la calidad de nuestra docencia, nuestra excelencia investigadora y ampliar el número de plazas ofertadas en las titulaciones con alta demanda para poder prestar con garantías el servicio público que nos corresponde", indica el texto firmado por los nueve rectores. En el sistema andaluz hay diez universidades públicas y una privada, la Loyola.

"En este sentido, los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas queremos expresar, una vez más, nuestra convicción de que los criterios de calidad y racionalidad de la oferta universitaria deben anteponerse a cualquier otro criterio de interés u oportunidad y que solo una Educación Superior pública que reciba una financiación digna y suficiente puede garantizar los valores de progreso, bienestar y justicia social en nuestra comunidad autónoma", finaliza el texto.

Respuesta de la Junta

A través de un comunicado, el secretario general de Universidades, Ramón Herrera, recordó que “ambas iniciativas disponen de todos los informes preceptivos y legales”, entre los que destacó el del Gabinete Jurídico de la Junta y los emitidos por el Consejo Económico y Social de Andalucía y por el Consejo Consultivo. “En todos ellos no se incluye objeción alguna a dichos textos”.

Asimismo, el secretario general de Universidades quiso poner de manifiesto a través de esta nota que las iniciativas académicas presentadas han mejorado sus propuestas a la luz de los informes emitidos por las distintas entidades evaluadoras a nivel autonómico y nacional en la fase en la que se evaluaba su viabilidad técnica. Herrera, además, pidió a los rectores que se posicionen sobre la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), contra la que se ha manifestado claramente la Junta. “Sería bueno que se manifestaran de forma clara ante una ley que no mejora el sistema, ni la financiación, ni la internacionalización, ni la investigación en las universidades”.

Dos siguen, tres se quedan en el camino

El Consejo de Gobierno aprobó los proyectos de ley mediante los que se reconocen las universidades de naturaleza privada CEU Fernando III, con sede en Bormujos (Sevilla) y Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), online y asentada en Málaga. Asimismo, se rechazó la propuesta de la Universidad de la Costa del Sol y se comunicó la renuncia a continuar con el proceso de tramitación de otras dos instituciones académicas más: la Universidad Internacional del Mediterráneo (UNIMED) y la Universidad Internacional Lucio Anneo Séneca (UNILAS).

Tras tener el visto bueno del Consejo de Gobierno, ambas normativas se trasladarán ahora al Parlamentopara su debate y, en su caso, aprobación, lo que es más que probable. "De acuerdo con estos textos jurídicos, la puesta en marcha de este tipo de propuestas académicas en la comunidad debe llevarse a cabo mediante ley tras el respaldo del Parlamento", reseñó la Junta tras el Consejo de Gobierno.