"La exclusión de las mujeres de la vida universitaria y, consecuentemente, del desarrollo profesional, social y cultural, decretada por el gobierno afgano el pasado mes de diciembre representa no solo una grave lesión de los derechos de las mujeres afganas sino un agravio para toda la comunidad universitaria del mundo", señala el comunicado rubricado, entre otros, por Pilar Aranda. La UGR contaba el pasado año con dos estudiantes de grado nacionales de Afganistán, un hombre y una mujer, según los datos de la memoria académica del 2021/2022.

"Con esta medida anacrónica se vulnera el derecho a la educación de más de la mitad de la población de un país y, en el fondo y en la forma, se excluye a las mujeres del derecho a participar en la vida pública, al privarlas de educación y reducirlas a una estricta función doméstica y biológica. Hoy, después de casi 75 años transcurridos desde la Declaración de los Derechos Humanos por Naciones Unidas en 1948, en Afganistán se ha vaciado de significado la palabra persona", prosigue la nota difundida por la Universidad de Granada.

"Las universidades públicas andaluzas manifiestan decididamente su rechazo a este atropello de los derechos humanos de las mujeres afganas y lamentan el perjuicio que su exclusión de la educación supone para el desarrollo técnico, humano y científico de la sociedad afgana, así como el empobrecimiento global que significa".

Ante este panorama "las universidades públicas andaluzas hacen un llamamiento a la sociedad para que, igualmente, se pronuncie sobre esta triste situación y se comprometen a poner todos los medios que estén a su alcance para facilitar el acceso a sus campus a las mujeres afganas que hoy se ven excluidas de la Enseñanza Superior".