Urbanismo ordena en un año 187 obras urgentes en edificios ruinosos

El Ayuntamiento pretende liquidar el atasco de expedientes de edificios cuyos propietarios piden la declaración de ruina y para ello ha resuelto en el último año un tercio de los casos acumulados

Incendio en un edificio ruinoso en el Albaicín, donde murió un hombre.
L. Quero / Granada

05 de julio 2009 - 01:00

Casi dos centenares (187) de edificios de la ciudad han requerido en el último año una orden de Urbanismo para que se ejecuten medidas urgentes de seguridad ante el riesgo de desplomes u otros accidentes derivados del lamentable estado de conservación de los inmuebles.

Estos son sólo los casos en los que el Ayuntamiento tiene constancia de la peligrosa situación, pero la realidad es que sobre todo el Centro y el Albaicín están llenos de edificios en mal estado que no sólo son una amenaza para las personas, sino que contribuyen al deterioro general de un casco histórico tan importante como el de Granada.

La muerte hace pocas semanas de un hombre que estaba en el interior de una casa ruinosa y que resultó incendiada ha disparado las alarmas sobre los peligros de este tipo de edificaciones y la dejadez de sus propietarios, que en muchos casos tratan de forzar la ruina de los inmuebles para poder reconstruir en ese solar.

Este es un tema que la actual concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, anunció públicamente como una de sus prioridades desde el principio. El objetivo era evitar que nadie resultara beneficiado del gran deterioro de los edificios, pues en 2007 se estaban recibiendo en Urbanismo entre dos y tres peticiones de ruina cada día.

En el último año se han llevado a cabo los cambios personales y materiales necesarios en el servicio de Protección de la Edificación para agilizar la tramitación de los 1.449 expedientes que había pendientes. Algunos de ellos tenían hasta 20 años de antigüedad. En este tiempo ya se ha conseguido liquidar un tercio de ese atasco.

En total, 522 casos de propietarios que pedían la declaración de ruina de su edificio han sido resueltos mediante la adopción de medidas urgentes de seguridad, la concesión de ruina o la denegación y traslado del caso a otros departamentos como la Inspección Técnica de Edificios, para garantizar el seguimiento del estado de la edificación.

En ese tiempo los funcionarios han realizado 536 actas de inspección, lo que significa que se ha realizado un estudio del edificio in situ, para analizarlo en profundidad.

El problema es que cuando el Ayuntamiento ordena a los propietarios que realice obras de seguridad urgentes para evitar posibles peligros inminentes, son muy pocos los propietarios que acatan esas órdenes directamente. Sólo el 13%, 25 de los 187 casos, ejecutó por su cuenta las obras necesarias. El resto, 162 actuaciones urgentes, tuvo que realizarse por ejecución subsidiaria. Esto es, que el Ayuntamiento promueve la obra y luego emite factura al propietario para que asuma el coste de la intervención.

Esas obras que el Ayuntamiento ordena por su cuenta ante la pasividad de los propietarios han tenido un coste de 1,7 millones de euros en el último año. De ese dinero ya se ha pagado un millón a la empresa encargada de las ejecuciones subsidiarias (Ferconsa). El resto está pendiente del cobro o la reclamación a los propietarios de los inmuebles.

Estas medidas urgentes suelen tener plazos muy perentorios, que a veces son de 24 horas, para el comienzo de la ejecución. Para agilizar estas obras no es necesario la presentación de proyectos previos en Urbanismo.

La mayoría de las órdenes de adopción de medidas urgentes va encaminada a la conservación de los edificios, al menos en lo que a lo más acuciante se refiere. Pero también ha habido tres casos en los que se ha ordenado el derribo urgente de los edificios por la situación de "ruina física inminente".

"En los últimos meses se ha dado un vuelco tremendo al servicio de Ruinas con una limpieza muy grande de todos los expedientes", declaró la concejal de Urbanismo, quien expuso también las dificultades para que una casa sea declarada definitivamente en ruina tras la petición de su propietario. Aparte de los requisitos legales, en Granada hay un factor añadido que es la gran cantidad de edificios protegidos, cuyos propietario tienen la obligación de conservar sea cual sea su estado.

El problema es que ha quedado constatado que, pese a estar protegidos, en Granada han terminado siendo un solar vacío o un edificios de nueva construcción un buen número de esos inmuebles catalogados en los planes especiales. El último borrador del Plan Albaicín, por ejemplo, pone de manifiesto que unos 70 inmuebles protegidos han desaparecido.

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