Técnicos municipales y Policía Local se han presentado a las nueve de la mañana junto con trabajadores de la empresa contratada para realizar la limpieza y demolición en la parcela entre el Estadio de la Juventud y las vías de Renfe, la antigua Repsol, para proceder al desalojo del campamento instalado en la zona y al derribo de la nave. Sin embargo, al no llevar autorización judicial y ante la negativa de medio centenar de personas de abandonar Villa Pineda, el operativo ha finalizado poco después con la retirada de los agentes y técnicos. La Policía Local levantó acta y se esperará a tener autorización judicial para volver, desalojar el asentamiento y proceder al derribo de la nave.

Según explica el concejal delegado de Hacienda, Deporte, Informática, Derechos Sociales, Familia, Infancia, Igualdad y Accesibilidad en el Ayuntamiento de Granada, José Antonio Huertas, con la actuación en la zona se ha querido cumplir con el expediente de Villa Pineda, abierto por el anterior equipo de gobierno municipal, del PSOE. El objetivo es dejar el solar "raso". Sin embargo, la actuación choca con el hecho de que una veintena de personas residen en la zona.

Según Huertas, a estas personas se les ha atendido desde los servicios municipales en el asentamiento y también se les ha requerido que se personen en las oficinas municipales para incoar un expediente que permita ofrecerles distintos servicios. Este paso permitiría ajustar los recursos de los que dispone el Ayuntamiento a las necesidades de estas familias. "Sólo una familia ha ido a los servicios sociales de La Chana", indica el concejal, lo que deja en el 'limbo' al resto. "Al no venir, no podemos detectar qué necesitan, si es una vivienda, si necesitan que se les tramite el Ingreso Mínimo Vital o tramitar el empadronamiento", expuso el responsable municipal de Derechos Sociales.

"Están allí y tenemos que ejecutar el expediente", arguyó sobre la presencia de los agentes y la excavadora a primera hora de la mañana, pese a que la veintena de familias reside allí. Ante la negativa a abandonar las chabolas, la Policía Local ha levantado acta y se solicitará al juzgado que tramite un expediente de desalojo, proceso que podría demorarse, según calcula Huertas, entre un mes y un mes y medio. También aseguró que en el asentamiento no hay menores.

Por otra parte, desde Podemos Granada se denunció a través de un comunicado "la mala praxis del Ayuntamiento de la capital que el pasado 15 de diciembre notificó a las más de 20 familias de las naves este Decreto que señala el comienzo de la demolición de las naves para el día 18 de diciembre a las 9 horas sin tener conocimiento del mismo los servicios sociales de La Chana".

La diputada Alejandra Durán indicó en declaraciones recogidas en la misma nota de prensa que “hemos podido ver de primera mano la situación de vulnerabilidad de las familias  que están mal viviendo en un entorno muy deteriorado".