Villafranca desacredita el informe que puso en jaque su gestión de una década

La exdirectora de la Alhambra María del Mar Villafranca, que casi dos años después de su detención policial y dimisión acudió ayer a declarar ante el juez que investiga el conocido caso Audioguías, incidió ante los medios de comunicación en el "sesgo político" y la "parcialidad" del informe elaborado por la Intervención General de la Junta de Andalucía, que pone en jaque la gestión del monumento durante la última década.

"Mi honestidad está fuera de duda, lo dije en su momento, cuando me fui para defenderme, y he tenido que esperar dos años para declarar", dijo ayer Villafranca a la salida del Juzgado, donde permaneció casi tres horas para aportar su declaración en el caso relacionado con la supuesta contratación y gestión irregular del servicio de audioguías de la Alhambra.

La que fue máxima responsable del organismo gestor del monumento, explicó a los periodistas que su declaración ante el juez de instrucción se han centrado en dejar claro que siempre actuó "conforme a los informes técnicos" y que "todo se hizo con soporte legal". En cuanto al caso concreto del contrato de audioguías, Villafranca declaró que "el pleno (del Patronato) estuvo informado con toda transparencia de la deuda que tenía esta empresa con la Alhambra", algo que también destacó en su declaración ante el magistrado otra de las investigadas en esta causa, la que fue secretaria general de la Alhambra, Victoria Chamorro. Ambas incidieron en el resultado final de sus gestiones, que fue el cobro del total de esa deuda, incluso por encima del 50% que se había acordado en un plan de pagos en el pleno del Patronato. "Los intereses públicos estaban salvaguardados", dijo ayer a los medios Villafranca.

La Junta de Andalucía presentó el mes pasado al Juzgado de Instrucción 4 que lleva este caso el informe de auditoría realizado por su Intervención General, que era desfavorable y demoledor contra la mayoría de investigados en la causa. En él se relacionan cientos de contratos "irregulares" adjudicados a un grupo reducido de empresas privadas.

La exdirectora de la Alhambra aprovechó ayer su comparecencia ante los medios que la esperaban a la salida de los Juzgados de la Caleta para atacar duramente ese informe y a quienes lo encargaron. "Con todo el respeto al trabajo realizado, es un informe político, que fue pedido por el PP en el Parlamento". Pero Villafranca también recriminó a la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, haber encargado la auditoría "sin ni siquiera comentarlo con el pleno el Patronato".

La investigada en este caso considera que se trata de un documento "parcial", pues proviene de la Junta de Andalucía que es parte en esta causa. La Administración autonómica se personó como acusación particular, como posible perjudicada por la gestión que llevaron a cabo los investigados.

Villafranca recalcó que no es el juez de instrucción el que pidió esta auditoría, dados los riesgos de parcialidad, si no que se ha hecho por petición del PP y por encargo directo de la consejera.

"Alguien tendrá que dar explicaciones de por qué, sin nadie pedirlo, se ha mandado al Juzgado", llegó a decir la anterior responsable del monumento, que también exige respuestas respecto al modo en que se ha desarrollado el proceso de alegaciones de la auditoría por parte de la actual dirección del Patronato.

Villafranca lamentó que no se les haya dado la oportunidad de presentar sus alegaciones a los funcionarios concernidos por el informe y que no se hayan aportado documentos que servirían para aclarar cuestiones allí reseñadas. La exdirectiva aseguró que esos papeles están en el Patronato y no se han hecho constar. Recordó también que la Intervención delegada y los abogados del Gabinete Jurídico sí han podido presentar documentación y hacer sus alegaciones.

La que fue máxima responsable de la Alhambra contestó en su declaración a las preguntas del fiscal y su abogado y rechazó hacer lo mismo respecto a las cuestiones de otras partes personadas. El archivo respecto a su participación en los hechos investigados le pareció a Villafranca algo "prematuro", e insistió en su colaboración con la Justicia.