Un total de siete casos de absentismo escolar detectados en la provincia de Granada han llegado a la subcomisión provincial creada para abordar las faltas reiteradas de alumnos en la que participa, entre otros, la Fiscalía de Menores. Hasta llegar a este punto, los casos han pasado por las distintas etapas que marca la Orden de 19 de septiembre de 2005 y que establece cómo abordar estos casos e intentar solucionarlos, primero desde el propio centro educativo, con los servicios sociales comunitarios y los equipos técnicos de absentismo escolar y, más adelante, con las herramientas de la comisión o subcomisión municipal y de la provincial. Sólo en los casos más graves, en los que no hay justificación, interviene la Fiscalía para "ejercitar la acción penal contra aquellos padres o tutores que presuntamente hayan infringido los deberes inherentes a la patria potestad en este ámbito".

Los siete casos, según la respuesta facilitada por la Delegación territorial de la Consejería de Educación y Deporte en la provincia de Granada a través del portal de Transparencia se dan en Primaria (cinco casos) y ESO (otros dos) hasta el pasado 22 de diciembre. Asimismo se especifica que “se están desarrollando diversas actuaciones” para dar respuesta a estas situaciones.

Se establece que el alumno es absentista cuando las faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación Primaria y veinticinco horas de clases en Educación Secundaria Obligatoria, o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase, respectivamente. Una vez detectado un caso, es el tutor del menor el que comienza a trabajar para revertir la situación. La norma establece que son los maestros y profesores los primeros en intentar hacer que las familias se comprometan a llevar a los niños al colegio. También se establece que en el caso de no obtener respuesta se recurra a la jefatura de Estudios o a Dirección, además de a los servicios sociales comunitarios y equipos técnicos. En esta etapa se advierte a las familias de las “responsabilidades en que pudieran estar incurriendo”.

Los servicios sociales valoran la situación y pueden determinar las medidas a tomar, como un “plan de intervención psicosocial” con el niño y su familia y, llegado el caso, comunicar los hechos a la Fiscalía de Menores y la Administración. Si estas medidas no surten efecto y se “aprecie una posible situación de desprotección”, se informa a la Fiscalía de Menores.

Para coordinar las actuaciones, la Orden establece la creación de una comisión provincial de absentismo, con presencia de la delegada de Educación y del responsable provincial de Igualdad y Bienestar Social. También forma parte de este comité representación de la Policía Autonómica, de la Diputación, de los ayuntamientos, de las asociaciones de padres, de los colegios e institutos y de la Fiscalía de Menores. Entre sus funciones está la de “decidir sobre las medidas a adoptar respecto del alumnado con el que se haya intervenido en los ámbitos escolar y social y, a pesar de ello, permanezca en situación de absentismo”.

El pasado curso, tras la suspensión de las clases presenciales, se determinó que 11.400 alumnos granadinos estuvieron “desconectados” en el tercer trimestre, meses en los que la docencia fue cien por cien virtual.

En el inicio de este curso hubo iniciativas encaminadas a promover las faltas de alumnos a clase ya que desde distintos colectivos –como plataformas de padres de alumnos y sindicatos– y grupos de familias se criticó que los centros no eran espacios seguros en tiempos de pandemia. El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, indicó que en Andalucía en el primer trimestre hubo 11.427 casos de absentismo en Primaria por “temor al contagio” y absentismo “estructural”. Otros 16.005 casos se dieron en ESO.