Un jurado popular enjuiciará en la Audiencia de Granada al acusado de cometer un homicidio, durante la Navidad de 2020, al apuñalar a un hombre en una vivienda de Purchil con un cuchillo de grandes dimensiones, causándole una herida en el corazón.

Cuando ocurrió el crimen, en la mañana del 25 de diciembre, la víctima se encontraba junto a su exnovia, quien en ese momento era la pareja sentimental del acusado. La Fiscalía le imputa un delito de asesinato, solicitando una condena de 20 años de prisión. La acusación particular, ejercida por los familiares del fallecido, eleva su petición a 30 años, mientras que la defensa argumenta que la víctima fue la agresora, golpeando primero con una catana al acusado, quien resultó gravemente herido y fue ingresado en un hospital.

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, tras una discusión previa por teléfono, el acusado llegó al domicilio donde se encontraba su novia y la expareja de ella alrededor de las seis de la mañana. Supuestamente llevaba un cuchillo escondido de unos 13 centímetros y, al abrir la puerta, apuñaló varias veces al hombre, siendo una de las puñaladas letal al alcanzarle el corazón. La víctima falleció en Urgencias aproximadamente una hora después.

La acusación particular detalla que la discusión entre el acusado y su pareja por un supuesto robo de dinero del monedero terminó en insultos y amenazas a través de WhatsApp. Cuando el acusado se enteró de que su pareja estaba con la expareja, decidió desplazarse a la vivienda con la presunta intención de matar al hombre. Esta parte sostiene que el acusado sentía "odio" hacia la expareja de su novia y le había amenazado de muerte en varias ocasiones.

La víctima había comenzado una relación sentimental con la expareja del presunto asesino. La acusación particular solicita una condena de 25 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento, considerando que el acusado intentó prolongar innecesariamente la agonía de la víctima, y cinco años adicionales por amenazas.

En defensa, se argumenta que el acusado actuó en legítima defensa después de que la víctima le atacara con una catana, causándole heridas que, según los informes forenses, le habrían causado la muerte de no haber recibido asistencia inmediata. La defensa sostiene que el objetivo del acusado no era acabar con la vida del hombre, sino defenderse durante un enfrentamiento iniciado por la víctima.

Estos aspectos serán dirimidos por el jurado popular en el juicio, cuya fecha está pendiente de señalamiento. Además de las penas de prisión, los familiares de la víctima solicitan medidas como la prohibición de residir en el municipio donde ocurrieron los hechos y en Cúllar Vega, donde ellos residen, así como otras medidas de alejamiento y el pago de diversas indemnizaciones por daño moral.