El Ayuntamiento de Granada sigue haciendo números para afrontar la situación generada por la pandemia del coronavirus y lo que vendrá. Y hay un factor que supondrá un "agujero económico importante" derivado de esta situación y el estado de alarma. Y es que el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a las indemnizaciones a las contratas que no prestan servicios por el confinamiento y a las que se les cancela o suspende el contrato. De hecho, en la Junta de Gobierno de hoy se ha ratificado la suspensión de 38 contratos pero la cifra superará el medio centenar. 

Aunque no se ha calculado todavía el coste de estas indemnizaciones, será "grande" en un ayuntamiento además sin presupuestos y ya con dificultades previas.

Según ha explicado hoy el concejal de Recursos Humanos, Francisco Fuentes, se han aprobado las instrucciones a propuesta del área de Contratación para determinar las indemnizaciones a contratas de suministros, una media que permitirá abordar el pago y dar liquidez también al contratista, por lo que se crean los modelos de documentación para facilitar los trámites a quien solicite suspensión o indemnización. 

Fuentes ha dicho que es responsabilidad municipal en base al decreto 8/2020 del estado de alarma pero pide al Gobierno central "ayudas para las indemnizaciones". De hecho, critica la improvisación del artículo 34 de dicho decreto, que obliga a pagar aún sin prestar servicios estas contratas de forma efectiva. 

El concejal ha indicado que a estas empresas les están llegando los ERTE denegados por lo que el Ayuntamiento tiene que asumir esas indemnizaciones. "Pedimos desde el Ayuntamiento, y seguro que se sumarán otros, a que se active un mecanismo para proteger la economía de los ayuntamientos. No tenemos remanente para aplicar a las indemnizaciones contractuales", explica.

Por eso, ya están trabajando también para pedir que se modifique que se acepte el ERTE por fuerza mayor si no se puede adaptar a los trabajadores a otras labores en la concesión. También para que la administración no tenga que asumir los gastos salariales, sino que lo haga el SEPE como en el resto de ERTE de empresas. Además, quieren que tenga efectos retroactivos. "Si no, quien pagará son los ciudadanos", lamenta Fuentes.

Además, la Junta de Gobierno Local ha instado a cada área municipal a contactar con todos los servicios suspendidos para reanudar los que se puedan cuanto antes y tener por tanto un menor impacto indemnizatorio.

En este caso, las concesiones administrativas se pueden someter a prórrogas pero no los contratos de suministros y servicios. 

Fuentes ha recordado también que al no tener el Ayuntamiento de Granada presupuesto desde 2015, se están "rehaciendo" partidas de cada área para buscar ahorro, "pero ahora encima tendremos que afrontar las indemnizaciones desde el 15 de marzo" y no se sabe hasta cuando. "Todos tenemos que ser copartícipes y estas medidas protegen al trabajador y a la empresa pero también hay que proteger a la administración", ha dicho.