El alcalde de Gójar, absuelto de un delito de prevaricación urbanística
El juez considera que pudo actuar "con cierta dejadez" al prorrogar licencias de obras en zona protegida, pero no aprecia que intentara lucrarse o beneficiar a otros
El Juzgado de lo Penal número 1 de Granada ha absuelto a Francisco Javier Maldonado, ex alcalde de Gójar, de los delitos de prevaricación urbanística, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad de documento público, por los que el fiscal le pedía cuatro años de prisión y once de inhabilitación como cargo público.
En su sentencia, hecha pública ayer por el propio Maldonado, el juez estima que fue precisamente el Ayuntamiento de Gójar, a través de su alcalde, quien, en 2005, dio aviso al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para avisar de que en la Cañada de la Grama, zona protegida y no urbanizable, se estaban construyendo unas viviendas cuyo tamaño excedía al de la licencia que se le había concedido por parte del Consistorio, que sólo autorizó obras menores para levantar una caseta de aperos.
Si bien el juez sostiene que pudo haber "cierta dejadez y falta de celo en la Alcaldía y descoordinación con el Seprona, haciendo veradd el dicho de que 'el uno por el otro, la casa sin barrer", porque las licencia municipales, a pesar de las investigaciones, se renovaron en 2007, añade que eso está muy lejos de constituir una prevaricación urbanística. "La imputación carece de sustento fáctico", subraya.
Además, el juzgado no observa en la conducta del alcalde, al conceder las licencias, una "especial intención de dar un trato especial o de facilitar la construcción ilegal", como tampoco un deseo de "encubrir otros intereses ocultos", porque los propietarios de los terrenos "son personas de condición humilde, no magnates de la construcción".
Los otros cinco implicados en la causa, sin embargo, sí han sido condenados. En concreto como autores de un delito contra la ordenación del territorio, y a nueve meses de prisión y una multa de seis euros diarios durante un año. Se les da, además, un plazo de tres meses para llevar a cabo la demolición de lo ilegalmente construido. La sentencia puede ser recurrida a la Audiencia Provincial.
Maldonado valoró ayer el fallo judicial diciendo que demuestra "claramente" su ausencia de responsabilidad, y aprovechó para cargar con dureza contra el PSOE. "Fui difamado, vilipendiado y ultrajado, en una estrategia para condenarme ante mis vecinos", dijo, para agregar que los socialistas deberían pedirle disculpas "con el mismo ímpetu que entonces pidieron dimisiones".
El ex alcalde y diputado provincial fue más allá y recordó que cuando él llegó al cargo, sustituyendo al PSOE, sí que había "enormes chalés" construidos en zona protegida, y que aquellas irregularidades se intentaron tapar "con una multita al promotor".
No hay comentarios