El alcalde de Nívar "no sabía" que en el Castillejo había un yacimiento

Ni el alcalde de Nívar, Juan Antonio Molero, ni las otras tres personas que ayer se sentaron en el banquillo de los acusados por los daños causados por unas obras en la zona arqueológica del Castillejo de Nívar sabían que aquello era un yacimiento. Al menos así lo afirmaron ante el magistrado de Penal 3, Antonio Aguilera, quien habrá de determinar si cometieron o no los delitos de prevaricación y daños al patrimonio que les atribuye la Fiscalía.

Durante su interrogatorio, el primer edil de Nívar, perteneciente a la Agrupación Nivera Independiente y que lleva en el cargo desde 1995, explicó que la zona del Castillejo "estaba calificada como suelo urbanizable" antes de que él llegara al cargo. "La aprobación provisional del Plan Parcial del Castillejo se hizo antes de que yo fuera alcalde", recalcó, y la actuación, por tanto, "se tramitó por los cauces normales", sin que "nadie" le advirtiera de que allí podía existir un yacimiento. De hecho, antes de su aprobación definitiva "todos los informes administrativos que emitieron fueron favorables y no hubo ninguna pega", recordó.

Así, cuando autorizó las obras de urbanización en los terrenos que se sitúan al pie del monte, no tenía constancia alguna de que existiera "ningún tipo de protección especial" en la zona. Fue en abril de 2007 (las obras de urbanización comenzaron en enero de ese año) cuando, según Molero, a raíz de una visita a la delegación provincial de Cultura con motivo de la redacción del PGOU del municipio, "se hizo una resolución de paralización inmediata" de los trabajos de los operarios, que sólo llegaron a mover tierra en la zona para hacer dos viales.

Tras esa paralización, los propietarios de los terrenos y la Delegación de Cultura de la Junta llevaron a cabo una serie de estudios arqueológicos en la zona "y se declaró Bien de Interés Cultural (BIC)". En concreto, según su defensa, el Castillejo y su entorno no obtuvo la declaración de BIC hasta el 18 de noviembre de 2008, es decir, hasta 20 meses después de que se iniciaran los trabajos. En cualquier caso, según las fuentes consultadas, existe una ley que protege como monumentos todos los castillos del país, aunque estén en ruinas o sean, como en este caso "piedras".

Por su parte, el acusado J.B.H., un operario responsable de la pala retroexcavadora que operaba en la zona, afirmó que él se limitaba a trabajar donde le "marcaban" los topógrafos, sin salirse nunca de la zona delimitada por las estacas. El trabajador aseguró que no vio en ningún momento ningún hueso ni resto cerámico y comentó que desde que comenzaron las obras "la Guardia Civil pasaba por allí todas las tardes" y en ningún momento nadie le dijo nada hasta que, casi un mes después, se personaron dos agentes del Seprona interesándose por la actuación y pidiéndole la documentación.

En su declaración, el dueño de la empresa contratada para los trabajos de desmonte, M.G.J., afirmó que sólo estuvo una vez en la zona antes de firmar el contrato y que a él tampoco le advirtieron de que allí había un yacimiento. "Yo sólo me encargo del papeleo, de ver las obras y contratarlas", subrayó, a la vez que aseguró que ninguno de sus maquinistas le dijo que allí hubieran aparecido restos.

El cuarto acusado, J.A.F.P., que era el promotor privado de las obras de urbanización y uno de los principales propietarios de los terrenos de la zona que se iban a urbanizar, también sostuvo que los técnicos del proyecto no le advirtieron de que aquello fuera un yacimiento ni apreció ningún resto las tardes que visitó las obras.

La Fiscalía sostiene que las obras afectaron de manera "directa" a 40 elementos arqueológicos 'in situ' y estructurados, en concreto a estructuras funerarias, silos, muros y al contextos arqueológico asociado a estos elementos, lo que supuso "una grave pérdida de información arqueológica y una total alteración de la visión del yacimiento desde el punto de vista paisajístico".

Fue el 25 de abril de 2007 cuando los agentes del Seprona inspeccionaron la zona y pudieron comprobar que efectivamente había abundantes restos óseos en fosas resultantes de la destrucción de numerosas tumbas por las obras de desmonte.

En sus conclusiones definitivas, la representante del Ministerio Público mantuvo los cargos contra todos los procesados, a quienes acusa de delitos de prevaricación y daños al patrimonio. Para el primer edil en concreto solicitó ocho años de inhabilitación por el posible delito de prevaricación, dos de prisión por los daños al patrimonio y multa de 10.800 euros. Además solicita a los acusados una indemnización conjunta de casi un millón de euros.