La Alhambra abre el contrato para el servicio de reserva y venta de entradas: comisión máxima por cada ticket y evitar la compra masiva no autorizada
El valor estimado es de 6 millones de euros y hay hasta final de mes para presentar ofertas
La Alhambra aprueba definitivamente la subida del precio de sus entradas a 21 euros
El Patronato de la Alhambra sacó a licitación el viernes 31 de octubre el contrato para el servicio de reserva y venta de entradas al monumento y sus bienes adscritos, un sistema de comercialización regulado por una orden actualizada en 2023 para garantizar la protección por uso del monumento. El contrato sale sin presupuesto base ya que la empresa adjudicataria cobrará una comisión que se ajustará al precio de las entradas en todas las operaciones de venta y reserva que se realicen, salvo en las operaciones de venta directa (las que se realizan en las taquillas o expendedores automáticos en el mismo día). Con el precio establecido de entradas el pasado julio, cuando se aprobó el incremento de las mismas, el licitador tiene que ofertar una comisión consistente en un porcentaje único que oscila entre un 4,5 y un 7% del precio de entrada, "si bien en ningún caso se podría cobrar una comisión superior a 2 euros por entrada". Esta comisión se aplicará solo a las operaciones de venta anticipada. El valor estimado del contrato sí está calculado en unos 6 millones de euros. El plazo de vigencia será un año prorrogable a otro. Se pueden presentar ofertas hasta el 26 de noviembre.
El sistema informático que se utiliza es propiedad del Patronato, según el contrato del actual adjudicatario, por lo que se cederían derechos de uso y explotación para que cualquier licitador pueda prestar el servicio y no suponga una restricción a la libre concurrencia. Si los nuevo licitadores no quieren continuar con ese sistema, pueden ofrecer otras soluciones pero siempre asegurado su operatividad y que el servicio continúa sin interrupciones. Con todo, se valorará el aprovechamiento de la infraestructura existente para reducir la necesidad de adaptación del personal y agiliar la transición del servicio.
También se exige que la empresa actúe en colaboración con una entidad financiera "de primer nivel" para la gestión de los fondos públicos que obtenga el Patronato con la vente de entradas. El Patronato dispondrá con una entidad financiera una cuenta restringida de recaudación de ingresos donde la entidad finaciera colaboradora con la empresa adjudicataria tendrá que realizar el ingreso de las entradas diariamente en concepto de abonos por la recaudación por venta de entradas con tarjeta directa y anticipada y una única anotación por adeudo referida a cada quinccena para proceder a ingresar el saldo de estas en la cuenta de tesorería del patronato.
Las condiciones mínimas que hay que cumplir es garantizar la gestión del proceso de venta de entradas las 24 horas los 365 días del año; tiempos de implantación reducidos para evitar interrupciones en la transición; unificar las actuaciones de los integrantes del Patronato y de los agentes externos en materia de gestión de entradas; proporcionar a los múltiples agentes internos y externos la posiblidad de acceder a la aplicación en cualquier momento y desde cualquier ubicación; permitir controlar el número de visitantes por pase horario y recinto, así como tipología de visita, programa, colectivo u otro parámetro; permitir controlar entradas con identificación por colores y sonidos según la modalidad; controlar el número de visitanes que acceden con guía de turismo; controlar los visitantes que hay en un momento determinado en el recinto. También registrar todas las opeaciones y permitir la trazabilidad completa de las mismas, registrando incidencias, y permitir el acceso al patronato de todos los datos generados por la venta y reserva de entradas. En total 30 exigencias entre las que también está el servicio de venta a trvés sde internet, las visitas combinadas con otras entidades, un servicio de call center para atención telefónica y telemática las 24 horas los 365 días; la impresión de los documentos de entrada o el conrol de accesos a través del DNI y pasaporte.
El contrato incluye también la instalación de al menos 15 terminales en el conjunto monumental y otros espacios que determine el patronato para la venta y/o impresión por expendedores automáticos con posiblidad de pago con tarjeta de crédito, monedas y billetes. El adjudicatario se hará responsable de la rotulación, mantenimiento, transporte e instalación, así como del suministro de entradas en papel térmico y demás características que establezca el Patronato. Los expendedores automáticos deberán ser programables, permitiendo diferentes tipos de entrada, diferentes opciones de retirada de tickets (localizador reserva, tarjeta…), las características de la programación de cada expendedor automático podrán variar dependiendo de la ubicación o servicio que presten según determine el PAG.
Evitar compras masivas
El sistema deberá estar preparado para gestionar el acceso diferenciando entre la venta a particulares y la venta a profesionales del sector turístico. En el caso de estos últimos, deberá incorporar mecanismos de verificación que permitan confirmar que se trata de operadores turísticos habilitados para la comercialización de entradas, tanto a nivel nacional como internacional. Esta verificación podrá realizarse mediante consulta a registros oficiales, plataformas de acreditación reconocidas o mediante documentación acreditativa validada por el sistema.
El objetivo de esta medida es evitar el acaparamiento o la compra masiva de entradas por parte de intermediarios no autorizados, garantizando la equidad en el acceso a la oferta pública y la transparencia en la comercialización. El sistema deberá registrar y auditar estas operaciones, permitiendo su trazabilidad y control por parte del Patronato.
Control de accesos
Respecto al control de accesos, tendrá que haber un mínimo de 10 portillos automatizados, 12 dispositivos fijos y 12 móviles con una velocidad mínima de 20 validaciones por minuto.
El servicio deberá incluir un procedimiento de auditoría anual, cuyo objetivo será garantizar la transparencia y fiabilidad del sistema de liquidación, permitiendo la detección de posibles incidencias y la aplicación de mejoras en la operativa.
El plazo máximo de puesta en marcha del servicio es de 2 meses contados a partir de la fecha de firma del contrato.
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