Este viernes se completa el inicio del curso escolar en la educación pública no universitaria de la provincia con la incorporación de los alumnos de la etapa de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. En torno a esta cita, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada, primera fuerza sindical de la enseñanza pública en la provincia, ha denunciado el déficit de maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) que padece la educación pública, indica en un comunicado.

El sindicato ha detallado que el alumnado con NEAE en Granada ha pasado de 5.950 en el curso 2016/2017 a 8.000 en el curso 2022/2023, lo que supone un incremento del 34,45%, mientras que el profesorado especialista para atenderlo sólo ha aumentado un 3,84%, pasando de 651 a 676 en dicho periodo. En este sentido, la responsable del sector de Educación de CSIF Granada, Emilia Santos, ha criticado “las lecturas simplistas de la Administración sobre que en este curso escolar hay menos alumnos y más docentes” y ha apuntado que “a poco que analizamos los datos de la evolución de las plantillas, la realidad es mucho menos positiva”.

Emilia Santos ha explicado en el comunicado que “el crecimiento de alumnado con NEAE, en las etapas de infantil, primaria y secundaria, no va acompasado con el aumento de los profesionales específicos, lo que pone en riesgo una adecuada atención a la diversidad, así como una atención de calidad al conjunto de los escolares de los centros educativos públicos de nuestra provincia”.

Pacto de plantillas

Ante el inicio del curso escolar 2023/24, CSIF Educación Granada ha reiterado “la necesidad de un pacto de plantillas en la escuela pública y ha instado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a bajar la cifra de alumnos y alumnas por clase aprovechando la bajada de la natalidad, en lugar de suprimir unidades en la escuela pública, que es la única universal, inclusiva y que garantiza la equidad”.

“Hace falta un pacto de plantillas docentes para actuar precisamente en muchas unidades sobrepasadas, que cuentan por ejemplo con 25 alumnos y alumnas en Primaria, entre los cuales pueden llegar a encontrarse hasta siete u ocho con necesidades específicas de apoyo educativo”, ha manifestado Emilia Santos, quien ha lamentado además que los profesionales de PT y AL en muchos casos sigan siendo compartidos en más de un centro escolar, por lo que ha reivindicado que se establezcan ratios máximas de alumnado por cada profesional de PT y AL.

En esta línea, ha recordado que más del 70% de este profesorado comparte jornada laboral en dos y tres centros y atiende a más de 25 alumnos y alumnas de media, con un alto porcentaje que lo hace con más de 30, lo que supone una “situación preocupante”. Asimismo, el sindicato ha reclamado más profesionales orientadores de modo que haya “al menos un profesional en cada centro escolar de primaria y secundaria”.

No a la supresión de unidades

Para la central sindical, “la bajada de natalidad no ha de traducirse en supresión de unidades y en elevar el número de alumnos por aula en aquellas que se mantienen, cuando además el alumnado con NEAE no hace más que crecer, sino en aprovecharla como una oportunidad para hacer grupos que sean menos numerosos y con una atención más personalizada”. Al respecto, el sindicato ha manifestado su disposición a trabajar con la Administración en un acuerdo de plantillas “para una mayor y mejor atención educativa a la diversidad y calidad educativa”.

Igualmente, CSIF Educación reclama una mayor transparencia sobre la aplicación de los fondos europeos que vienen destinados a la escuela pública andaluza, al tiempo que avisa de que vigilará que los recursos humanos que se han puesto en carga en este curso escolar con este tipo de fondos para atención a la diversidad, se mantengan estructuralmente, porque ni siquiera con los que hay es suficiente.

Los datos de la OCDE confirman el grave diagnóstico de CSIF sobre la situación de la educación pública en el conjunto de España, por lo que la central sindical reitera su exigencia al nuevo Gobierno central de impulsar un pacto de Estado que mejore la educación pública y aporte estabilidad al sistema educativo.

Este pacto de Estado debería favorecer un aumento de la inversión educativa en centros públicos, reducción de ratios, aumento de las plantillas y una estabilidad legislativa para evitar situaciones como la paralización de la Ebau o las diferencias entre comunidades autónomas en los currículos.