El exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP), ya tiene asegurada la 'pena de banquillo'. El hombre que tuvo las riendas de la ciudad durante 13 años regresa de su autoimpuesto anonimato después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada acordara la apertura de juicio oral contra el exregidor y la junta de gobierno local que, en 2012, votó a favor de recalificar una parcela destinada a zona verde junto al centro Serrallo y autorizar una discoteca. Torres Hurtado y la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, se enfrentan a 8 años de cárcel, 36 años y medio de inhabilitación y multa de 522.000 euros, la pena que la Fiscalía también solicita para el técnico Manuel Lorente, quien fue director de obras municipales. Los tres serán juzgados por delitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, prevaricación común, prevaricación urbanística, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, a los que Nieto suma el de falsedad en documento oficial.

En el auto, la juez María Ángeles Jiménez acuerda la apertura de juicio oral contra un total de diecisiete personas, entre ellas el empresario Roberto García Arrabal y los nueve concejales del PP que votaron a favor del cambio de uso en la parcela; de ellos, seis ediles se mantienen actualmente en el grupo municipal del PP en la oposición -María Francés, Telesfora Ruiz, Juan Antonio Fuentes, Juan García Montero, Francisco Ledesma y Fernando Egea-, mientras que Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera dejaron el Ayuntamiento tras las elecciones de 2015, aunque este último es en la actualidad teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Ogíjares. La situación de los concejales pareció despejarse cuando ni el Ayuntamiento ni la Fiscalía presentaron cargos contra ellos en sus respectivos escritos de acusación presentados ante el juzgado. Sin embargo, en el auto al que ha tenido acceso este periódico se especifica que el juez debe acordar la apertura de juicio oral ya que tanto las acusaciones populares -Vox y General de Galerías Comerciales- como la acusación particular ejercida por el funcionario jubilado Juan Santiago Pineda mantienen en sus respectivos escritos la acusación de prevaricación urbanística contra los nueve concejales.

La Fiscalía solicita la demolición de los edificios construidos de forma "ilegal"

En una resolución contra la que no cabe recurso, la juez establece una fianza de dos millones de euros para asegurar las posibles responsabilidades que los encausados deberán afrontar "de manera conjunta y solidaria" en el plazo de un día. En caso de no depositar los dos millones de euros "se les embargarán bienes suficientes para asegurar la suma", por lo que en este caso tendrán que presentar en el plazo de tres días una relación de bienes y derechos de su propiedad. La Fiscalía también solicita que se proceda al restablecimiento de la legalidad urbanística "procediendo a la demolición de las edificaciones ilegalmente ejecutadas".

A la espera de que la propia juez María Ángeles Jiménez finalice la instrucción del caso Nazarí, el hombre que ganó cuatro elecciones y consiguió tres mayorías absolutas será el primer alcalde democrático de Granada que sea juzgado por su gestión del Urbanismo. Será en la Audiencia en fecha aún por determinar, aunque podría coincidir su celebración con el proceso de elecciones municipales.