Granada

Los archivos de ETA: claves para resolver las incógnitas del caso Luis Portero

  • La agenda de Txapote, una base de datos de objetivos terroristas o boletines internos de la banda son algunos de los documentos que se han mandado rastrear

Los archivos de ETA: claves para resolver las incógnitas del caso Luis Portero Los archivos de ETA: claves para resolver las incógnitas del caso Luis Portero

Los archivos de ETA: claves para resolver las incógnitas del caso Luis Portero

Julio del año 2000. Jon Igor Solana Matarranz y Harriet Iragi Gurruchaga aguardaban en el interior de un coche, a poca distancia de la frontera francesa con España, la llegada de Francisco Javier García Gaztelu, más conocido por su alias, Txapote. El entonces jefe del aparato militar de ETA acudió personalmente hasta allí para despedirlos y desearles "suerte" en su misión. Los dos terroristas, que formaron el comando Erraia (entraña), estaban a punto de emprender una campaña de muerte por Andalucía, que incluyó el asesinato a tiros del fiscal jefe del TSJA Luis Portero el 9 de octubre de 2000, en el portal de su casa de Granada.

Casi dos décadas después, la Audiencia Nacional ha reabierto el caso de aquel atentado en busca de "datos objetivos" que puedan corroborar la denuncia de la viuda de Portero, que sostiene la implicación de los principales dirigentes de la banda como inductores de atentado. La figura clave señalada es Txapote, el mismo que los despidió en Francia después de meses de adiestramiento, según la declaración policial realizada por Igor Solana, tras su detención en Sevilla.

En los últimos años, y especialmente en febrero de 2018, las autoridades españolas se han hecho con documentos internos y personales de los miembros de ETA, que podrían arrojar luz sobre las incógnitas aún abiertas: ¿Quién ordenó matar a Luis Portero? ¿Por qué fue elegido entre los objetivos puntuales de la banda? El juez ya ha ordenado algunas diligencias para escarbar en esa documentación.

La investigación podría aclarar si la orden de matar a Luis Portero llegó de Francia

La petición de la viuda, Rosario de la Torre, personada como acusación particular, ha sido atendida a medias por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Ha aceptado reabrir la causa "a los exclusivos efectos de la práctica de algunas diligencias" para seguir una de las líneas de investigación propuestas, que es el análisis de algunos documentos intervenidos a los líderes de ETA de aquellos años.

El juez ha pedido a la Jefatura de Información de la Guardia Civil y a la Comisaría General de Información de la Policía informes sobre todos los datos "que obren en su poder que permitan relacionar a Ainhoa Múgica Goñi (Olga) o a Francisco Javier García Gazatelu (Txapote) con el asesinato de Luis Portero García".

No obstante, el magistrado Ismael Moreno, en la misma línea expuesta por la Fiscalía, no encuentra evidencias que permitan nuevas imputaciones en esta reapertura de la investigación. A no ser que aparezcan nuevas pruebas en esa documentación interna de la banda, el titular del Juzgado rechaza traer a la causa a nuevos imputados. "La teoría del dominio de la organización no puede extenderse, como pretende la acusación particular, responsabilizando a todos los dirigentes de ETA de todas y cada una de las acciones terroristas llevadas a ejecución por los grupos operativos".

Un boletín interno señalaba que podría ser el siguiente fiscal general del Estado

Es decir, que para inculpar a un nuevo dirigente de la banda como inductor no basta con aceptar "la tesis de que dicho asesinato estaba acordado por la dirección de ETA como formando parte de una estrategia diseñada en ese momento", expone el auto judicial de noviembre pasado. Por eso puede resultar tan importante el contenido de los documentos intervenidos a la banda, donde la acusación sospecha que habría referencias concretas a la víctima y a sus verdugos.

La Audiencia Nacional ha condenado ya por aquel crimen a los dos autores materiales de los hechos y a un inductor. Harriet Iragui Gurruchaga y Jon Igor Solana Matarran (el Comando Erraia) son los dos pistoleros que aquel 9 de octubre de 2000 mataron al entonces fiscal jefe andaluz en el portal de su casa y más tarde hicieron detonar un explosivo colocado en un vehículo en la misma calle. Por ello tienen una pena impuesta de 54 años de cárcel.

Cinco años después, en 2007, Juan Antonio Olarra Guridi, fue condenado también por este crimen a 30 años de prisión, al ser considerado el "inductor" del atentado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Según quedó probado entonces fue él quien impartió la instrucciones sobre los objetivos y dio al comando datos sobre el domicilio, los horarios de trabajo, fotografías y coche oficial de Luis Portero.

Pero la viuda de la víctima apunta más alto y sostiene ante la Audiencia Nacional que el entonces dirigente del aparato militar de ETA, Txapote, y la responsable de los comandos de la banda, Olga, son las personas que pusieron la diana sobre esta autoridad judicial en Andalucía, del mismo modo que lo habrían hecho con otras víctimas en aquella época.

El juez ha aceptado practicar algunas de las diligencias solicitadas, que incluyen el análisis de una serie de documentos.

Txapote Txapote

Txapote

El primero de ellos es la agenda personal que portaba Txapote el día de su detención en 2001. Esta prueba ya fue determinante en la condena del dirigente de la banda como inductor del asesinato del periodista José Luis López de la Calle en Andoain (Guipuzcoa), en mayo de 2000. En la libreta del jefe de ETA había referencias al comando que se encargó de aquel atentado y esto permitió la condena. Esa sentencia también ha sido reclamada por el juez instructor del caso Luis Portero.

La Policía ya ha remitido un informe al juez Moreno, en el que expone que del análisis de esa agenda no se ha hallado rastro del nombre de Luis Portero, para poder relacionar directamente a Txapote con ese atentado, cuyas instrucciones sólo consta por el momento que fueron dadas por Olarra Guridi. Hay que tener en cuenta que la agenda era de 2001 y, por tanto, no habría detalles del año anterior. Además, al parecer Txapote arrancaba las hojas de los meses pasados.

Pero el inspector jefe policial agrega que Txapote era el máximo responsable, por encima del único condenado como inductor. Por eso considera que tanto el responsable del aparato militar de ETA, como Múgica Goñi (Olga) podrían conocer "de antemano la planificación y comisión de esta acción terrorista".

El segundo de los documentos que se ha mandado investigar para rastrear algún detalle sobre este caso es el archivo DGZ (Data Gune Zentral), que es una base de datos de ETA con objetivos terroristas desde los años 90. Fue incautada a Javier López Peña, alias Thierry, cuando fue detenido en Burdeos en 2008.

Dado que aquella operación fue llevada a cabo por la policía gala y la Guardia Civil, es este cuerpo el que tiene la encomienda de rastrear alusiones a Luis Portero, como objetivo señalado por la dirección de la banda.

El escrito presentado por la viuda de Portero indica que en aquel archivo hay una referencia a esta víctima y a otro objetivo, de septiembre de 2000, en el que "se califica de fascista" a uno de los dos, no queda claro cual. Es el momento (un mes antes del atentado a Portero) en el que el comando Erraia ya había regresado de Francia para su campaña de atentados.

Las acusaciones de la familia Portero también se fundamentan en los indicios aparecidos en otros archivos de la banda, ya conocidos, y que constatarían la elección de Luis Portero como un objetivo marcado y diferenciado de otros, que habría sido escogido por la dirección de la banda terrorista, más allá de la genérica indicación de atentar contra el colectivo de jueces y fiscales por considerarlos "enemigos de la construcción nacional".

El archivo Zutabe 87 (de octubre de 2000), un boletín interno mediante el que el comité ejecutivo de ETA se comunicaba con sus militantes, hace referencia al asesinato de Portero y para su familia resulta muy "revelador" porque evidencia que "no se podía atentar contra cualquier miembro de la judicatura, sino que debía ser por haberse significado en algo que influyese negativamente en ETA".

En aquel boletín, la justificación del crimen de Portero es novedosa y diferenciada de las aparecidas en los comunicados de la banda: "En vista de su trayectoria, podía ser el sucesor de Cardenal, fiscal general de España". Cuesta imaginar a la acusación particular que, siendo así, la orden de matar no hubiera llegado directamente de la dirección de la banda terrorista.

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