Armilla alega contra la Zona de Bajas Emisiones de Granada y pide su retirada hasta que no haya consenso metropolitano

Granada/A poco más de un mes para que entre en vigor la Zona de Bajas Emisiones de Granada capital y empiecen a caer las multas, el Ayuntamiento de Armilla acaba de presentar oficialmente alegaciones al proyecto, e insisten, como hizo la alcaldesa Loli Cañavate en una reciente entrevista en Granada Hoy, en la "inconstitucionalidad" de la medida impulsada desde el gobierno de Marifrán Carazo. El municipio armillero se une así a otros tres ayuntamientos del Área Metropolitana y la provincia que han presentado sus enmiendas a la medida para restringir la entrada de vehículos en la capital. Previamente lo hizo Huétor Vega y la semana pasada se sumó Maracena, dos localidades que, al igual que Armilla, comparten casco urbano con la ciudad. También un pueblo más alejado de la ciudad, Moclín y sus otros seis núcleos de población, alegaron contra el proyecto. Todos ellos están gobernados por el PSOE. Ninguno de los municipios gobernados por el PP en el Cinturón también afectados por la medida han anunciado alegaciones.

En sus alegaciones, el Ayuntamiento de Armilla considera que la ZBE de la capital es "introduce una discriminación injustificada entre ciudadanos según su lugar de residencia", lo cual "vulnera los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad", indica el Consistorio armillero en una nota. Apunta asimismo a la falta de diálogo de la capital con el resto de municipios del Área Metropolitana, ya que la ZBE "afectará gravemente" a los habitantes que necesitan desplazarse a Granada "para trabajar, estudiar o acceder a servicios esenciales".

En Armilla, casi 5.000 vehículos quedarán excluidos del centro de la capital, lo que representa cerca del 30% del parque móvil del municipio, ha recordado el Ayuntamiento en unos datos ya ofrecidos por Cañavate en la entrevista a este diario. "Sin una mejora real del transporte público ni alternativas viables, se obliga a muchas personas a asumir un coste adicional para poder desplazarse, agravando desigualdades y dificultando el acceso a la ciudad", denuncia el Consistorio.

Asimismo, el Ayuntamiento de Armilla ha denunciado que esta ordenanza "no se basa en criterios ambientales objetivos, sino en una restricción arbitraria ligada al empadronamiento". "No podemos permitir que se impongan restricciones que dividen a la ciudadanía según su lugar de residencia", ha afirmado la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate tras la presentación de las alegaciones a la ZBE. "Mi responsabilidad es defender los derechos de nuestros vecinos y vecinas. La movilidad no puede ser un privilegio de quienes viven en la capital. Si el Ayuntamiento de Granada sigue adelante con esta ordenanza discriminatoria, tomaremos las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato y la justicia social", ha sentenciado.

Además de su posible inconstitucionalidad, la ordenanza ha sido aprobada sin un estudio de impacto económico y social que analice cómo afectará a los comercios, empresas y establecimientos hosteleros de Granada, que dependen en gran medida de clientes del área metropolitana, se queja Armilla, que también apunta a "la clara contradicción de la actual alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, con el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada (PTMAGR) actualmente en tramitación, que ella misma fomentó cuando era consejera de Fomento de la Junta de Andalucía", y en el que han basado desde Armilla un punto de sus alegaciones. "Ese plan establecía que la ZBE debía implementarse de forma coordinada en toda el Área Metropolitana, con mejoras en el transporte público y la creación de aparcamientos disuasorios. Sin embargo, la ordenanza municipal rompe con esta estrategia, aplicando restricciones sin compensaciones para los municipios colindantes", explica.

"Cuando era consejera, la actual alcaldesa apostaba por una movilidad metropolitana equilibrada. Hoy impone una medida aislada que castiga a quienes no están empadronados en Granada, sin tener en cuenta su impacto en la ciudadanía ni en la economía del área metropolitana", ha criticado Cañavate. El Ayuntamiento de Armilla exige que la ordenanza de la ZBE de Granada se retire y se reconsidere en una mesa de diálogo metropolitana en la que participen todos los municipios afectados. "Si el Ayuntamiento de Granada persiste en esta imposición injusta, Armilla no se quedará de brazos cruzados, llegaremos hasta donde haga falta para defender los derechos de nuestros vecinos y vecinas y garantizar una movilidad justa para toda el área metropolitana", ha concluido Loli Cañavate.