Alteraban información de las bases de datos del Catastro para obtener resoluciones o certificaciones catastrales con el fin de poder percibir beneficio de algún tipo a través de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) o de subvenciones. Toda una trama de fraude que entre marzo de 2005 y mediados de 2013 operaba en Granada a través de una notaría de Albuñol –concretamente un empleado de la misma–, un arquitecto de Alhendín, tres empresarios de dos mercantiles, dos funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro en Granada –uno de ellos jefe de servicio– y un antiguo subalterno.

Estas ocho personas a las que se suma también un abogado que, en un caso aislado, instó una alteración catastral, se sentarán este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial durante la primera vista de un juicio que culminará el 27 de febrero. Una causa por la que se les atribuye la comisión de delitos de falsedad en documentos públicos, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos. Por estos hechos, la Fiscalía pide para los nueve acusados penas de entre cuatro años y medio y 18 años de prisión.

La causa partió tras varias sospechas por parte de Hacienda en el año 2012, cuando comprobaron que existían diversos certificados que habían sido modificados ya que no coincidían en el Registro de la Propiedad.

Un año más tarde, en mayo del 2013 estalló la llamada operación Isolda. La Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil registró las oficinas del Catastro de la calle Mesones, un domicilio particular y un estudio de arquitectura de Alhendín, a la par que dos personas –un jefe del servicio del Catastro y un arquitecto– eran detenidos.

Durante la investigación, los agentes de la UCO comprobaron que dos funcionarios del Catastro emitían certificados falsos o alteraban las inscripciones a cambio de dinero. Para ello, un antiguo subalterno del Servicio ejercía de intermediario con una notaría de Albuñol para efectuar el fraude, en la que un empleado se encargaba de instar las oportunas modificaciones catastrales.

Asimismo, un arquitecto afincado en Alhendín se encargaba de elaborar certificados falsos para luego instar a uno de los dos funcionarios a modificar los parámetros en la base de datos del Catastro; mientras que, gracias a ello, tres empresarios solicitaban ayudas valiéndose de los documentos catastrales falsificados. De igual modo actuó en una ocasión un abogado, que gestionó el alta catastral de una cueva de Granada previo pago al considerado el principal acusado de la trama, el jefe de servicio del Catastro.

Por todo ello, el Ministerio Público pide para este funcionario 18 años de prisión, 27 años de inhabilitación y multas que ascienden hasta los 23.400 euros. Por su parte, su compañero se enfrenta a una petición fiscal de trece años de cárcel, 20 de inhabilitación y 17.400 euros de multa.

Para el empleado de la notaría, el fiscal pide una pena de ocho años de prisión y multas de 13.800 euros y para el antiguo subalterno se pide nueve años de cárcel y 9.000 euros de multa. Asimismo, para los tres empresarios se solicitan ocho años de prisión y multas de 23.400 euros para cada uno. Mientras que el arquitecto, que es el que se enfrenta a la menor pena por apreciarse atenuante de confesión, se enfrenta a cuatro años y medio de prisión y 20.700 euros de multa.

El juicio, que en un principio iba a celebrarse a finales del pasado 2018, finalmente arrancará este lunes, a las 9:30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y se extenderá hasta el día 27 de febrero.