Trama de fraude en el Catastro de Granada

Operación Isolda: del destape de la corrupción en 2013 a la vista judicial en 2019

  • La operación estalló en mayo de 2013 con la detención de dos personas y varios registros por parte de la UCO de la Guardia Civil

  • Tras varios años de investigación, el juez impuso a los finalmente nueve acusados una fianza de 665.000 euros

Momento en que el funcionario detenido fue llevado al vehículo que le esperaba en la puerta del Catastro en 2013 Momento en que el funcionario detenido fue llevado al vehículo que le esperaba en la puerta del Catastro en 2013

Momento en que el funcionario detenido fue llevado al vehículo que le esperaba en la puerta del Catastro en 2013 / G. H.

Cinco años y ocho meses. Ese es el tiempo transcurrido desde que en mayo del 2013 estallase la Operación Isolda para desmantelar una trama de fraude en el Catastro, hasta que el próximo 14 de enero se celebre el juicio en el que nueve personas se sentarán en banquillo de los acusados por delitos de falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho.

El 7 de mayo de 2013, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró las oficinas del Catastro de la calle Mesones, un domicilio particular y un estudio de arquitectura de Alhendín, a la par que un jefe de Servicio de la Delegación Territorial del Catastro en Granada y un arquitecto eran detenidos. Todo ello a raíz de que en Hacienda comenzaran a sospechar de supuestas irregularidades que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía y que propiciaron la apertura de diligencias para investigar lo ocurrido.

El 7 de mayo de 2013 se detuvo al jefe de Servicio y a un arquitecto de Alhendín

Así, los primeros indicios se remontan al año 2012 en el que en la Administración se percatan de que existían diversos certificados que no coincidían en el Registro de la Propiedad, ya que habían sido modificados.

A raíz de ahí, se comenzó a investigar hasta que en marzo de 2013 se realizó un seguimiento de varios de los detenidos –entre ellos el jefe de Servicio del Catastro– para recabar las pruebas que propiciaron las detenciones del mes de mayo.

Las averiguaciones policiales revelaron que se modificaban las bases de datos de la Gerencia Territorial del Catastro gracias a la intervención de funcionarios. En concreto, se realizaban cambios de titularidad en las bases de datos de terrenos pero que a los interesados les sirviese para lucrarse o para obtener algún tipo de beneficio gracias a los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los municipios donde se encontraban las propiedades.

El juez impuso una fianza que en total ascendía hasta los 665.000 euros

Por estos hechos, que se habrían cometido entre marzo de 2005 y mediados del año 2013, hay nueve personas acusadas: dos funcionarios –uno de ellos jefe de Servicio, considerado como el principal acusado– de la Gerencia Territorial del Catastro en Granada, ya que eran quienes emitían los certificados falsos o alteraban las inscripciones a cambio de dinero; un antiguo subalterno del Servicio que ejercía como intermediario con una notaría para efectuar el fraude; un empleado de la notaría de Albuñol, quien se encargaba de instar las oportunas modificaciones catastrales; un arquitecto encargado de elaborar certificados falsos para luego instar a uno de los funcionarios a modificar los parámetros en la base de datos del Catastro; tres empresarios que solicitaron ayudas agrarias valiéndose de documentos catastrales falsificados; y un abogado, que gestionó el alta catastral de una cueva de Granada previo pago al principal acusado.

A consecuencia de la investigación, el pasado año el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada acordó la apertura de juicio oral contra los nueve acusados, para los que solicitó una fianza que en total ascendía hasta los 665.000 euros. Esta cantidad no fue impuesta para eludir el ingreso en prisión, sino que serviría para responder, en caso de una condena, a las indemnizaciones que se deriven de los supuestos delitos que se les atribuyen: falsedad en documento público, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos.

Cada uno de los acusados debía abonar una cantidad que, en el caso de los dos trabajadores del Catastro, eran las más elevadas (50.000 euros para el jefe de Servicio), mientras que para el abogado también enjuiciado era de 20.000 euros. Asimismo, los dos funcionarios y los tres empresarios debían abonar 400.000 euros de fianza adicionales por responsabilidad civil. En caso de que alguno de los nueve encausados no lo hiciese, se les embargarían bienes en cantidad suficiente para asegurad la suma señalada.

En un principio, estaba previsto que las vistas judiciales se celebrasen durante 21 días, repartidos entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de este 2018. Si bien, finalmente el inicio de este proceso quedó emplazado hasta el próximo 14 de enero.

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