Las "masivas concentraciones de personas y problemas de orden público y salubridad", que habrían dificultado la entrada y salida de vehículos o el cierre de los accesos peatonales del aparcamiento subterráneo del antiguo botellódromo de Granada durante los años en los que el Ayuntamiento permitió esa actividad, podrían costar ahora a la ciudad el pago de una factura millonaria. La empresa que gestiona esa instalación reclama una compensación de 2,8 millones de euros por los perjuicios sufridos. 

La decisión del gobierno popular de José Torres Hurtado en 2007 de limitar el consumo de alcohol en las zonas públicas de la ciudad exclusivamente a la plaza de la rotonda de Méndez Núñez (que se popularizó en toda España como el botellódromo de Granada) no solo ha podido tener un coste de imagen para la ciudad. La concesionaria del aparcamiento que se construyó debajo pide al Ayuntamiento un resarcimiento por los daños ocasionados hasta septiembre de 2016, cuando el gobierno socialista de Paco Cuenca cerró el recinto y prohibió la celebración de botellones nocturnos. 

La empresa, Promociones Puerto Lobo SL, no sólo ha reiterado en el Ayuntamiento sus reclamaciones, sino que emprendió un proceso judicial por la vía de lo Contencioso-administrativo. En realidad, en ese pleito, la mercantil lo que llegó a pedir fue la resolución anticipada del contrato firmado en 2004 con el Ayuntamiento de Granada para la construcción y posterior explotación del aparcamiento, por los mismos motivos antes expuestos relacionados con los inconvenientes del botellódromo. 

El procedimiento ya cuenta con dos resoluciones contrarias a la petición de la empresa, la del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Granada en enero de 2017 y otra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que rechazan resolver el contrato porque entienden los magistrados que el botellódromo no ha impedido por completo la actvidad mercantil que se desarrolla en el aparcamiento. 

Ahora bien, ambas resoluciones judiciales admiten los inconvenientes ocasionados a la empresa por la actividad que amparó el municipio durante años. "Es cierto que la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Granada de emplazar el botellón en la plaza que se encuentra encima del aparcamiento tuvo una incidencia negativa en los ingresos de la contratista". Incluso admiten los magistrados que la decisión municipal pudo afectar al equilibrio económico de la concesión y que "podría dar lugar a que surgiera la obligación de restablecerlo". Aunque -añade la sentencia del TSJA- "no puede operar como causa de resolución del contrato" y por eso el fallo es negativo.

Pero son precisamente esos argumentos sobre los supuestos daños ocasionados a sus instalaciones y el lucro cesante del negocio del aparcamiento a causa del botellón los que han servido a la empresa concesionaria para emprender otra reclamación ante el Ayuntamiento de Granada por 2,8 millones de euros, que se tratan de justificar con un estudio económico sobre la actividad del aparcamiento. 

En el procedimiento administrativo, el Ayuntamiento ya ha rechazado la petición de restitución de ese desequilibrio económico en base a varios informes encargados a técnicos municipales que se muestran taxativos a la hora de negar los supuestos daños reclamados, el negocio que la empresa aduce haber perdido y, sobre todo, la responsabilidad municipal sobre una situación que a juicio de las autoridades locales era conocida desde el principio para la mercantil concesionaria. 

Los informes recuerdan a la empresa que esta actividad mercantil fue asumida por Promociones Puerto Lobo cuando firmó el contrato en 2004 a su "riesgo y ventura" y que el mero incumplimiento de sus expectativas comerciales al inicio de la concesión no puede resolverse tratando de pedir dinero al Ayuntamiento. "Así se viene reiterando hasta la saciedad en las demandas de determinadas concesionarias a la Administración cuando las cuentas no salen, amparadas en una conciencia que se cristaliza en la frase el dinero público no es de nadie". 

El acuerdo municipal de rechazo de la petición económica de esta empresa concesionaria recuerda también que la mercantil ha venido incumpliendo sus obligaciones de pago de los cánones que le eran debidos para cumplir el contrato firmado con el Ayuntamiento. 

La reclamación también ha provocado que el municipio haya acudido a las instalaciones a realizar una serie de trabajos de inspección y supervisión de la actividad, para cotejar con los datos económicos aportados por la empresa. En esas visitas, los inspectores pusieron de relieve una irregularidad de la concesionaria, al mantener cerrada la tercera planta subterránea. La empresa alega la falta de negocio, pero el Ayuntamiento de Granada recuerda que la construcción de esa otra planta fue una mejora ofrecida en el concurso, lo que obliga a su mantenimiento. 

También alega el Ayuntamiento que la mercantil conocía perfectamente los planes del municipio de utilizar esa plaza para ubicar el botellón y otras actividades de ocio, dado que venía especificado en el contrato firmado en 2004. Es más, las instalaciones en superficie fueron construidas por la misma concesionaria en el proceso de ejecución del aparcamiento.