El Ayuntamiento espera un informe externo para ver cómo legalizar la zona de restauración del Pabellón Mulhacén

El Ayuntamiento de Granada y el área de Urbanismo trabajan en ver cómo cumplir la sentencia del TSJA sobre la zona de restauración del Pabellón Mulhacén tras ratificarse su ilegalidad. Después de que el empresario denunciante del caso Nazarí, Ramón Arenas, haya exigido esta semana al Consistorio que ejecute la sentencia y remunicipalice ese suelo al quedar anulado el último estudio de detalle de la zona, el que permitió que se dividiera el uso entre deportivo y comercial, desde el Ayuntamiento aclaran que siguen, como ya dijeron tras conocer la sentencia, apostando por la legalización por los efectos que puede tener otra vía como la demolición y posibles indemnizaciones económicas millonarias.

Según ha explicado a este periódico el portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, ya se está trabajando desde que se conoció en la ejecución de la sentencia y se está a la espera de recibir "un informe externo e independiente" encargado por el consistorio "para ver cómo legalizar y regularizar" las parcelas "siempre para el cumplimiento de la sentencia".

Los técnicos municipales consideran que la sentencia del TSJA no discute la concesión, que está en el ámbito penal y que la demolición sería más gravosa y perjudicial para los intereses municipales. El Ayuntamiento defiende que la sentencia rechaza revisar la licencia o el estudio de detalle anterior ya que lo que se anula es el último estudio de detalle, por lo que van a esperar a ese informe externo para justificar su acción.

El empresario granadino Ramón Arenas presentó esta semana un escrito al Ayuntamiento de Granada para exigir que rescate la concesión de los restaurantes del Pabellón Mulhacén, en el Zaidín, para ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que confirmó la ilegalidad de la zona de restauración construida junto al pabellón y que ahora ocupan establecimientos como McDonalds, la Cueva o Puerta Bernina, estos en una tercera edificación de dos plantas. Este martes presentó a través del registro electrónico en el Ayuntamiento una instancia, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que pedía la resolución del contrato de concesión con Fontdeis SL, la empresa que construyó el pabellón y los locales comerciales, que están en régimen de alquiler por esta sociedad a las diferentes marcas de restauración.

El TSJA daba firmeza así a la sentencia de 2018 que anulaba el estudio de detalle aprobado en 2013, durante la etapa de Torres Hurtado como alcalde, que permitió destinar una parte de la parcela de uso deportivo a uso lucrativo, lo que según el TSJA fue una "reparcelación ilegal, fáctica". Con la sentencia, el Ayuntamiento de Granada ya informó que abría un procedimiento de ejecución y que empezaba a trabajar en su cumplimiento para ver las posibilidades ya que se podría enfrentar a indemnizaciones millonarias a la concesionaria, por lo que también se hablaba de posibilidades de legalización, que es lo que defiende el Ayuntamiento.

En cambio, Arenas insiste en que "no cabe legalización alguna que permita salvar la concesión administrativa puesto que, de realizarse cualquier operación jurídica o física, con independencia del fraude al fallo que se solicita ejecutar, no podría salvar la concesión administrativa que quedaría sin objeto en el momento en que fue otorgada".