Más de 20.000 becarios en prácticas no remuneradas cotizaron en Granada en 2024

Casi 21.000 estudiantes granadinos en prácticas no remuneradas cotizaron a la Seguridad Social durante 2024. Son los primeros becarios a los que se aplicó el nuevo derecho, la cotización, desde el pasado 1 de enero de 2024. La medida no estuvo exenta de dificultades. En el caso de la Universidad de Granada (UGR) se afirmó que era un "desafío complejo" que afectaba tanto a la institución como a los propios estudiantes.

En Granada han cotizado un total de 20.898 estudiantes, según los datos dados a conocer recientemente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es la provincia andaluza, por detrás de Sevilla (32.309 becarios) y Málaga (27.175), con mayor número de alumnos en prácticas no remuneradas que han cotizado al menos un día desde el 1 de enero del pasado año. En toda la comunidad han sido 135.827, mientras que a nivel nacional el dato es de 944.547.

"Estar dado de alta en la Seguridad Social para estos jóvenes significa que empiezan a generar derechos en el sistema. Este tiempo se les reconocerá como cotizado de cara a su futura pensión de jubilación. Estarán, además, más protegidos durante el desempeño de sus prácticas, por ejemplo, en caso de accidente", explicaba en un comunicado el Ministerio. Este colectivo no computa en los datos generales de afiliación, es decir, no están contabilizados en los 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social con los que terminó el año.

Con esta medida, todos los alumnos universitarios y de Formación Profesional que realizan prácticas formativas o prácticas académicas externas (estén remuneradas o no) incluidas en programas de formación cotizan a la Seguridad Social. "Hasta ahora solo existía la obligación de dar de alta a los alumnos que llevaban a cabo prácticas remuneradas, medida puesta en marcha en 2011", especifica el Ministerio, que destaca que la medida cuenta con una bonificación del 95% de la cotización por contingencias comunes.

En el caso de la UGR la Universidad asumió la gestión de las altas y bajas, con el fin de que las empresas evitaran retirar sus propuestas de contar con becarios. Uno de los retos, además del tema administrativo de las altas y bajas e informar a los estudiantes sobre la novedad, fue el hecho de firmar nuevos convenios o adendas que incluyeran estas cláusulas de Seguridad Social.

La renovación de esos acuerdos se consideró, por su lentitud, un "obstáculo importante". Hubo estudiantes que como consecuencia de la demora en la firma de los convenios denunciaron públicamente no haber podido realizar las prácticas en una administración o empresa determinada tal y como tenían previsto. Es el caso de Justicia. Hasta el mes de marzo no estuvo preparado el Convenio de Cooperación Educativa que permitía que alumnado de Derecho, Psicología, Criminología, Trabajo Social o Educación Social pudieran hacer prácticas en puntos de encuentro familiar, servicios de asistencia a víctimas (SAVA) o puntos de mediación (PIMA).

Para el presupuesto de 2025 de la Universidad de Granada figuran 250.000 euros para las cotizaciones de prácticas curriculares.