Fue un temor desde el principio y al final, la sospecha de que Granada se convirtiera en capital del botellódromo se hizo realidad. Una realidad que pudo ver España entera el pasado miércoles a través de un programa de Cuatro (La Caja, de Pedro García Aguado) que aireó sin rubor las miserias de un problema sociológico que no es coto privado de Granada pero que, ciertamente, se ha convertido en un calvario para la ciudad desde que en el año 1996 naciera oficialmente la Fiesta de la Primavera. Desde entonces, la relación de Granada y el botellón ha pasado de ser estrecha a complicada.

La combinación sol, alcohol, jóvenes y universidad ha sido una preocupación de primer orden en la ciudad desde hace muchos años; de ahí que en 2005 el alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado promoviera una reunión de alcaldes en Antequera con la intención de encontrar una solución a un fenómeno que se les fue de las manos y que no eran capaces de manejar. El encuentro pretendía ser un SOS a la administración autonómica para que se dotara de una normativa a los municipios para luchar contra el fenómeno. El entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, siempre sostuvo que había medidas suficientes para que fueran aplicadas por los ayuntamientos, por ejemplo las normativas contra ruidos o las restricciones del consumo de alcohol en la vía pública a menores. "Comete un error quien cree que legislar es la solución al asunto". Y aún así, el 27 de noviembre de 2006, entraba en vigor en Andalucía la conocida Ley antibotellón que Granada aplicaría con una ordenanza municipal que comenzó a funcionar en enero de 2007. La primera medida que el Ayuntamiento de Granada adscribió a esta ley fue la creación de un botellódromo legal en la cubierta del parking de Méndez Núñez, y así, la ciudad pasó de pedir a la administración el más férreo control, a la permisividad más absoluta, eso sí, cercada en 9.500 metros cuadrados.

La medida funcionó. El alcalde había conseguido llevar a los jóvenes, cual flautista de Hamelín, hasta el espacio situado a las espaldas del Hipercor. Pero la ciudad fue soportando convocatorias cada vez más masivas de jóvenes de toda España que publicitaban a través de las redes sociales las inacabables bacanales que se vivían en Granada. Las dimensiones del fenómeno llegaron a asustar a la ciudad que en 2008 optó por emitir un bando que impidiera beber en cualquier rincón de la ciudad durante tres días. Los 15 comas etílicos que se habían registrado en la última convocatoria puso a pensar a las instituciones. La oposición siempre criticó que el botellódromo provocaba un efecto llamada en todo el país. Lola Ruiz, portavoz de IU advertía en 2006 que la ley no respondía al problema profundo del consumo de alcohol entre los jóvenes.

El alcalde siempre se mostró incómodo con la imagen que los medios de comunicación del país estaban dando de la fiesta de las Cruces en Granada de hecho en marzo de 2008 llegó a denunciar al autor de una de las convocatorias: Aarón Hernández. La juez rechazó su denuncia alegando que los hechos no eran constitutivos de delito de infracción penal ni administrativa puesto que el chaval había convocado la fiesta precisamente en el recinto habilitado para ello.

"Hay que controlar que la ciudad quede libre de una moda que a mí no me gusta pero que de alguna manera tenemos que ordenar", decía el alcalde.

La ciudad (que no los vecinos afectados) se fue acostumbrado a las masivas concentraciones de jóvenes emborrachándose en un espacio acotado. Y así, arrinconados, se fueron olvidando las consecuencias sobre la salud pública que esta práctica acarrea a los jóvenes de la ciudad. Seis años después de la entrada en vigor de la Ley, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, reconocía que no se estaba educando correctamente pero que tampoco se podía ser hipócrita negándose a ceder un espacio para el consumo de alcohol y mandar a los jóvenes a los bares y discotecas.

Nueve años después y con una mayoría absoluta perdida, el equipo de gobierno del Ayuntamiento anuncia que creará una comisión mixta formada por técnicos que decida el futuro del botellódromo. Si la voluntad es quitar este espacio el Ayuntamiento solo tendría que emitir un bando, cerrar el botellódromo y multar a quienes beben en la calle. Claro que, ¿hay alternativas de ocio en la ciudad para poder hacer esto?

El recinto del botellódromo, con 9.500 metros se creó en el año 2006