Aunque ha desarrollado la mayor parte de su carrera judicial en Málaga, el máximo representante de los jueces en Granada desde 2015 asegura que no le cambiaría el trabajo a su mujer, que es la presidenta de la vecina Audiencia Provincial y, por tanto, su homóloga en esa provincia. "Aquí, en Granada, es donde quiero estar", responde entre risas el magistrado. Mucho más serio y preocupado se muestra al hablar de su profesión, como reciente blanco de la crítica social y política.

-El inicio del año judicial es siempre un buen momento para reivindicar mejoras. ¿Cuáles son los puntos negros de la justicia en Granada?

-No estamos en situación de alarma, pero sí existen órganos judiciales muy sobrecargados de trabajo, que son los juzgados de Familia, de Primera Instancia y el juzgado de lo Mercantil. Son los que están más necesitados de atención. Desde hace años estamos pidiendo el segundo juzgado de lo Mercantil, que no se nos ha concedido. Desgraciadamente, el año pasado solo se creó en Granada el número 4 de Santa Fe, algo que era totalmente necesario porque los juzgados de allí, en especial el de Familia, sí que eran un punto negro, con una sobrecarga tremenda.

-¿Un refuerzo insuficiente?

-En la memoria del TSJA se habían solicitado otros juzgados y una plaza más para las secciones penales de la Audiencia. Pero solo nos dieron el de Santa Fe, algo muy insuficiente para la envergadura judicial que tiene una provincia como Granada. Tenemos que seguir pidiendo en la misma línea. Los juzgados de Primera Instancia, Familia y Mercantil. Ahora mismo no hay ningún pueblo en situación preocupante. Salvo algún caso muy particular, en los demás órganos judiciales no ha habido retrasos muy significativos. Nos movemos en unos números de normalidad. Donde más preocupación hay es en la ejecución de sentencias en el ámbito civil. Se ha disparado el número de ejecuciones hipotecarias y estamos preocupados también por el excesivo número de cláusulas suelo, que se concentran en el juzgado 9 y 9 bis. Son 3 magistradas para todo. Desde junio del año pasado hasta hoy han llegado 8.400 demandas, eso es una cosa tremenda. Y luego los recursos de apelación vienen a la Sección Tercera de la Audiencia.

-Cuando fue nombrado en 2015 expuso que sus máximas preocupaciones eran la dispersión de sedes judiciales y la necesidad de una nueva sección penal en la Audiencia, la sexta. Ambas cosas siguen en el aire. ¿Se ha detenido el tiempo?

-Algo se ha avanzado. Aunque es cierto que en esta materia todo va muy lento. Pero hay ya un proyecto, con plano hecho, para que los 11 juzgados de Primera Instancia que siguen estando en Plaza Nueva salgan para La Caleta. La Delegación de Salud de la Caleta ya se ha trasladado a Almanjáyar. Tenemos ese edificio, que es de la Junta, enteramente libre, que va a servir para desahogar los órganos judiciales de La Caleta. Allí, a su vez hay varias plantas que se están remodelando, porque estaban vacías, y van a albergar provisionalmente a todos los juzgados que salgan de Plaza Nueva. Es decir, yo espero que para 2020, antes de que finalice mi mandato como presidente de la Audiencia, podamos conseguir tener en La Caleta todos los los órganos unipersonales, una miniciudad de la justicia de La Caleta.

-¿La unificación de la Audiencia para cuando?

-Me hubiese gustado que fuera más rápido, pero bueno, ya han pasado 3 años y 3 meses desde que estoy aquí y lo que tenemos es un compromiso serio de la Junta con unos planos y unas obras que esperemos que se inicien el año que viene y que puedan culminar en el primer trimestre del año 2021. Lo espero, siendo incluso pesimista. No soy muy optimista, pero en el peor de los casos estaría en esa fecha.

-¿Y el aumento de las secciones penales?

-La creación de la Sección Sexta penal, es otro de mis compromisos. El año pasado ya se pidió una plaza más de magistrado. Es una cosa anómala que haya menos secciones penales que civiles, cuando hay más magistrados penales que civiles. Ahora mismo las secciones civiles están muy bien, a pesar de la sobrecarga de trabajo de las cláusulas suelo. Pero las secciones penales, para funcionar mejor, tienen que ser tres. Es difícil. La pendencia ha bajado, con menos de 300 asuntos en cada sección. Es un récord que se ha conseguido.

-¿Si siguen faltando magistrados, cuál es la fórmula?

-Se han comprometido. Más esfuerzo, mayor señalamiento y esa superación, con un trabajo más rápido y a costa de la salud de los magistrados.

-Lejos de ver ese sobreesfuerzo, los ciudadanos visualizan la tardanza. En sentencias como la del caso Alhambra... ¿Es necesario que en determinados asuntos complejos se pueda liberar a los jueces de otras funciones?

-No sólo se puede, sino que se debería. Cuando la complejidad de la causa lo exige, a ese magistrado se le debe dar la posibilidad de que se concentre y dedique exclusivamente al asunto y se nombre una medida de refuerzo. En aquel caso concreto se nombró a un magistrado de apoyo que formó parte del tribunal, pero cuando acabó el juicio se acabó y ciertamente se podría haber dejado más meses para liberar al ponente y que se dedicara a redactar una sentencia en un caso especialmente complejo. Las dilaciones no han sido tales, hay que entenderlo. En la justicia penal hay ahora una complejidad mayor. Nos movemos con unos delitos que exigen mucho tiempo de investigación y estudio. No es normal que se tarde un año pero también está justificado por la complejidad del asunto. También es cierto que se le podría haber liberado al ponente para dedicarse exclusivamente. En otras ocasiones lo tendremos en cuenta por si se producen situaciones de estas...

-Vienen en cola asuntos complejos de corrupción...

-Se avecinan asuntos complicados. La justicia penal ha cambiado mucho. Ahora ya la mayoría de los delitos no son los robos con fuerza ni con violencia. Hay una delincuencia mucho más especializada, compleja. Todo lo relacionado con los delitos económicos, blanqueo de capitales, corrupción, delitos urbanísticos... Exigen conocimientos especiales, investigaciones especiales, tanto por la Policía como por los jueces. Y exigen la emisión de informes periciales de expertos. Eso conlleva consumir mucho tiempo...

-Entiendo que ahora se refiere a la fase de instrucción, de la que también hay ejemplos de demoras. El mismo caso Alhambra, el caso Marchelo, que ha cumplido doce años....

-No es normal tampoco que algunas instrucciones duren tantos años, pero lo que no se puede es pretender que investigaciones complejas se resuelvan rápidamente cuando el propio Ministerio fiscal lo está pidiendo. Que se declare la complejidad de la causa, que se prorrogue 18 meses más... Es decir, el fiscal ahora mismo se ha convertido en un inspector de la instrucción de las causas criminales y es el que permite que se pueda prorrogar o no una causa. Ya no es sólo el juez, sino también el fiscal el que está implicado y el que puede decir si ya, con este material, se puede calificar.

-También están los recursos a la Audiencia, que ralentizan...

-Es el eterno problema. Cuando voy de inspección a los juzgados lo primero que pido son las causas más complejas a ver cómo va el ritmo. Y la verdad es que todo está motivado o justificado por la espera en la emisión de informes. Es que hay que mandar un oficio al organismo tal... meses que pasan. Es que hay que hacer un informe... Entonces hay que comprender la complejidad de la causa, pero también digo que no es normal ni de recibo que un procedimiento como el caso comentado haya tardado 12 años en instruirse. Eso no ocurre, no es normal. Y hay que poner los medios para evitarlo, estar un poco más encima y recabar información a ver qué está ocurriendo. Pero vamos, que el mejor inspector de una instrucción criminal es el fiscal, el que controla los tiempos. El juez está un poco limitado.

-¿Hacen falta más recursos para agilizar esas periciales?

-Sí, pero eso no depende de nosotros. Luego la imagen que se da de la justicia la sufrimos nosotros. Nosotros ya quisiéramos concluir los sumarios con toda la prontitud del mundo, pero no siempre es posible.

-En este último año los jueces se han manifestado para reclamar al Gobierno cambios y uno de ellos es favorecer la independencia judicial. ¿Sufren ustedes mucho esas presiones o injerencias?

-Creo que tenemos que estar preparados para eso. Los jueces somos profesionales de la justicia, funcionarios cualificados, y sabemos perfectamente que en nuestro trabajo a veces vamos a tocar con hechos que tienen mucha relevancia social y repercusiones políticas. Vemos que nuestro trabajo tiene una repercusión social , pero tenemos que estar preparados para sufrir esas consecuencias, esa presión. Y el que no lo esté que se vaya. La independencia judicial es un principio sacrosanto. El que vea que no es capaz de resistir la presión social y que no se sienta independiente está sobrando de aquí. Aquí no podemos dejarnos presionar. Tenemos que ser absolutamente independientes y tomar nuestras decisiones, aun cuando no le guste a la sociedad. Porque nosotros estamos sometidos al imperio de la ley y así prestamos el juramento. Y el juez que se aparte de la ley o de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico es un juez prevaricador. En consecuencia, lo que no podemos es dejarnos someter a esa presión, que la tenemos. Se pasa muy mal, hay muchos compañeros que llaman, que dicen ha salido una noticia, que le están presionando por aquí. El juez es libre. Si notas que recibes presiones y no te sientes bien entonces lo mejor es quitarse de en medio y ya está.

-¿Cree que los ciudadanos piensan que esas presiones surten efecto en las decisiones de los jueces?

-Yo creo que la gente se equivoca en eso. Que el juez es más independiente de lo que la gente pueda pensar. No puedo decir que todos seamos inmaculados, perfectos y maravillosos, alguno habrá que no lo sea, pero creo que la percepción que se tiene de la actitud y trabajo de algunos jueces es errónea. Estamos preparados para soportar muchas presiones, muchas. Ya no son solo los medios de comunicación, son las relaciones, los ámbitos donde te mueves, y cada uno da su opinión. El juez es una persona, que ve la tele, que escucha la radio, que compra la prensa. Y claro, a veces hay que meterse en una burbuja de cristal y decir, me aíslo por completo, pero tampoco podemos hacer eso. Tenemos que estar preparados.

-Ya ha salido para la Audiencia el caso Serrallo, donde se tendrá que celebrar un juicio que podría ser en primavera, en una fecha complicada... Ahora que, como ha dicho, la política es una presión más, ¿miran el calendario electoral para interferir lo menos posible?

-Nuestro calendario es distinto al calendario político. El nuestro está presidido por el principio de la celeridad. Cuanto antes se celebre el juicio, mejor para todos. Dilatar por una campaña electoral.... Los jueces no podemos estar pendientes de esas situaciones. Lo cual no quita que a lo mejor sea más conveniente, para evitar suspicacias, que salga la sentencia después de que haya ocurrido lo que sea en elecciones. Pero es que puede pasar entonces que alguien diga que por qué se ha esperado, siempre habrá alguien que no esté contento. Tenemos que ir con nuestro calendario judicial y nuestra agenda de señalamientos, en la que no podemos dejar un espacio en blanco porque haya una época de elecciones. Eso no debe hacerse. Si la sentencia tiene trascendencia política, nosotros no tenemos la culpa, nuestra obligación es poner la sentencia cuanto antes. Hoy por hoy el Consejo no nos ha dado ninguna instrucción de que se eviten los señalamientos en época electoral.

-Con tantas elecciones a las puertas y tantas causas abiertas ¿la presión se incrementa?

-Es que es muy difícil ser independiente. Después de una operación de corazón, creo que lo más difícil en esta vida es ser juez. Estamos hablando primero de todas las presiones sociales, de los juicios paralelos que se hacen en los medios, y encima tenemos que estar pendientes de es que a ver si esta sentencia se dicta en un momento de campaña electoral.... Nosotros no podemos estar así y eso debería ser una norma para los jueces, con independencia de lo que ocurra. El principio de oportunidad política no rige en la justicia, tenemos que movernos con otros parámetros, le guste o no a la gente. Para que la justicia sea independiente tiene que serlo de todo.

-El desplazamiento a Sevilla y Málaga de nuevas salas del TSJA parece una iniciativa paralizada por ahora. ¿Cree que se han impuesto motivos personales de compañeros suyos en este asunto, por encima del interés general?

-Creo que convergen dos factores. Por un lado puede haber intereses personales de compañeros que quieran estar en una sala de los penal sin necesidad de desplazarse a Granada; pero también está la presión social de dos ciudades, Sevilla y Málaga, que quieren tener sus salas desplazadas, para mayor importancia y para ganar en notoriedad de ciudad. Ya tienen desplazadas las salas de lo Social y de lo Contencioso y no encuentran justificación al por qué no se puede desplazar también la de lo Penal. Yo creo que fue un error, que no hubo que desplazar salas del TSJA a ninguna ciudad. En cuanto a las de Penal, yo me opuse en Sala de Gobierno. Fuimos 4 los que nos opusimos, el resto dijo que sí. Y veo que a corto plazo podemos resistir, de hecho se ha creado una plaza por ahora en Granada. Pero a largo plazo tengo ya mis dudas, porque la presión social que se está haciendo desde esas dos ciudades es muy fuerte.