Dos altos cargos de Urbanismo defienden ante la jueza la "legalidad" de sus decisiones

Sexto día de declaraciones judiciales en el denominado caso Nazarí. Juzgados de la Caleta. El reloj marca las 9:45 horas. A diferencia de las jornadas anteriores, las comparecencias tienen lugar en la sala de vistas de la planta baja del edificio, donde el abogado de seis de los investigados, Ernesto Osuna, aguarda sentado en las sillas junto a su cliente, cuya cara es algo más conocida que la del resto de trabajadores municipales implicados debido al puesto que ocupa en el organigrama del Área de Urbanismo. Es el jefe de Licencias del Ayuntamiento de Granada, Emilio Martín Herrera.

Hasta ahora, todas las declaraciones -un total de ocho sin contar las dos de ayer- se habían llevado a cabo en la quinta planta del inmueble, donde está el Juzgado de Instrucción número 2, que investiga la supuesta trama corrupta del Ayuntamiento de Granada que ha llevado a mudar de color y morador la Alcaldía. Ayer, debido a motivos ajenos a este asunto, el caso Nazarí también cambió su habitual escenario: la quinta planta de la Caleta.

A las 9:46 horas, el jefe de Licencias se levantó de la silla con dirección a la sala. Su letrado le acompañó. La puerta se cerró entonces, quedando ambos frente a la jueza María Ángeles Jiménez, el secretario del juzgado y la fiscal Sara Muñoz-Cobo, delegada del área especializada en materia urbanística de la Fiscalía granadina.

Al filo de las 11:15 horas la puerta volvió a abrirse. Una hora y media aproximadamente había durado el interrogatorio. Mientras el jefe de Licencias abandonaba sin prisas el edificio judicial, su letrado atendía a los periodistas que les aguardaban.

"Hoy (por ayer) declaran dos funcionarios de Urbanismo, a los cuales defiendo, y lo úncio que puedo decir es, como he dicho en anteriores ocasiones, que vienen dispuestos a contestar a todas las preguntas que se les hagan, y que su ánimo es el de colaborar con la Justicia en todo aquello que se les pida, porque ellos quieren esclarecer con la mayor celeridad y con la mayor claridad todo lo que esté en las actuaciones", manifestó Osuna, antes de garantizar que los dos funcionarios estaban "absolutamente seguros y convencidos" de que su actuación estuvo "dentro de la más estricta legalidad", así como "de la calidad de su trabajo".

Con respecto a la primera declaración, la del jefe de Licencias, el abogado reveló que su cliente contestó "absolutamente a todo" y no dejó ni una sola cuestión sin respuesta. "Ha dado una explicación absolutamente correcta a todo lo que se le ha preguntado", manifestó. Muchos de los interrogantes a los que se enfrentó fueron "cuestiones técnicas, de interpretación de las normas urbanísticas, que son normas luego muy complejas".

Sobre este punto, el letrado explicó que el jefe de Licencias defendió "la interpretación de las normas urbanísticas que se ha hecho siempre en el Ayuntamiento de Granada", interpretación "que tiene un precedente" y que siempre ha sido de un mismo tipo. "No es que en este caso -advirtió- se haya interpretado de diferente manera determinadas normas urbanísticas".

En cuanto a los temas urbanísticos sobre los que fue preguntado, Osuna se aferró una vez más al secreto de sumario, que continúa vigente y que le impide -a él y al resto de partes- desvelar detalles de las operaciones urbanísticas bajo sospecha. No obstante, reconoció que las preguntas giraron en torno a temas "similares" a los abordados hasta ahora en otras comparecencias.

El abogado, que confirmó los dos puestos que ocupan sus clientes en el organigrama municipal, se limitó a aclarar que los asuntos que se pusieron sobre la mesa se remontan principalmente a los años 2007 y 2008. "¿Las preguntas que se están formulando a los investigados están girando en torno a una forma de actuar por parte de los técnicos del Ayuntamiento", preguntó la prensa. El letrado fue contundente en su respuesta: "Es que no son formas de actuar concretas; yo creo que son quejas concretas, de personas concretas, que se han sentido perjudicadas y que han visto una coyuntura y un momento ideal para ejercitar, a través de la Justicia unos intereses particulares que desde luego entiendo que no son los intereses generales y que, quizás, alguien podría calificarlos de deseos de venganza".

El letrado confesó en este punto ver "cierto revanchismo", así como "cierto análisis muy 'sui géneris' de las normas urbanísticas para poner en duda la legalidad con el fin de perjudicar a determinados investigados" por las relaciones particulares existentes entre esas personas que están denunciando y quienes están siendo investigados. "Yo espero que todo esto se aclare", agregó con vehemencia.

A juicio del jurista, que también defiende en este caso a la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto (PP), "se está haciendo una inquisición general de toda la actuación de Urbanismo durante tantos años", lo cual calificó de algo absolutamente atípico. En su opinión, existe "buena fe" tanto del órgano judicial que dirige María Ángeles Jiménez como de la Fiscalía, cuyo celo profesional dijo no poner en duda. Pero de donde parten las denuncias "sí creo que hay otro tipo de intereses", opinó.

Mientras el abogado estaba rodeado de periodistas, el segundo implicado citado a declarar ayer, el coordinador de Urbanismo, Agustín Belda, ya había accedido a los juzgados. Antes de acudir a su encuentro, Osuna negó la posible existencia de esa supuesta trama corrupta que el Ministerio Público ubica en la Plaza del Carmen. "Por su puesto que no, tajante y contundentemente, ningún tipo de trama en absoluto".