La pieza judicial del Pabellón Mulhacén avanza en su consolidación como epicentro del caso Nazarí, el asunto judicial de presunta corrupción en Granada que hizo caer al Gobierno municipal de José Torres Hurtado (PP) en 2016. La jueza instructora acaba de ordenar una nueva batería de diligencias, entre las que destaca la citación como investigada de una de las hermanas de la familia empresarial García Arrabal. También reclama una gran cantidad de documentación relativa a los establecimientos de hostelería del Zaidín: McDonald's y aledaños. 

Mediante una nueva providencia fechada el 24 de marzo, el Juzgado de Instrucción 2 de Granada pretende reunir documentación para indagar sobre la legalidad de los restaurantes que una de las empresas de la familia García Arrabal instaló en el solar municipal de uso deportivo en el que el Ayuntamiento de Granada encomendó la construcción de un pabellón de deportes para el Eurobasket. 

El resultado de aquella operación urbanística de concesión del solar municipal fue la división del suelo para destinar sólo una parte del mismo al propio pabellón deportivo y completar el espacio con una serie de locales de hostelería que desde entonces explota la sociedad de la familia García Arrabal, Fontdeis, mediante el alquiler a otras empresas especializadas tan conocidas para el público como McDonald's o La Cueva.

Los representantes de estas sociedades ya han acudido al Juzgado a declarar como testigos, pero ahora la jueza María Ángeles Jiménez Muñoz, en atención a la petición de una serie de diligencias propuestas por la acusación del empresario Ramón Arenas, les reclama una larga lista de documentos para acreditar su situación. Contratos de arrendamiento, posibles cesiones de uso, destinatario del pago de las rentas...

Otra de las peticiones va dirigida al Ayuntamiento de Granada para que "informe sobre la existencia o no de las comunicaciones de cesiones de uso a terceros y autorizaciones municipales de las mismas". Es decir, que acredite si el concesionario oficial (la empresa de García Arrabal) le informó o pidió autorización para alquilar a terceros y permitir la explotación comercial de los locales construidos sobre suelo municipal. 

La jueza también ha citado para el próximo 19 de abril a la representante legal de Fontdeis, que es una hermana del empresario investigado en esta causa desde su inicio en 2016, Roberto García Arrabal. Ya acudió como testigo al juzgado, si bien la fiscal ha instado después a la repetición de la declaración como investigada de la legal representante de Fontdais SL, que el Ministerio Público considera posible responsable civil. 

Pero la acusación particular de Ramón Arenas ha remitido un escrito al Juzgado en el que expone que "partiendo del atestado policial y tras la investigación llevada a cabo en la causa principal, volcada ahora a la presente pieza, junto a los informes recabados de los Inspectores de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, e incluso con los datos aportados por las sociedades arrendatarias de los negocios colindantes al Pabellón Mulhacén" habría "base suficiente para ser imputada esta sociedad, Fontdeis SL, por los delitos tráfico de influencias y/o información privilegiada y/o malversación de caudales Públicos, contra la ordenación del territorio, cohecho, fraude en la contratación y prevaricación común y/o urbanística.

La magistrada que instruye la causa, tras recibir este último escrito, ha decidido tomar nueva declaración a la representante legal de la empresa, M. L. García Arrabal, en calidad de investigada, "con instrucción de sus derechos".