Tribunales

La jueza del caso Nazarí por corrupción en Granada archiva la pieza del Cerrillo de Maracena

  • Hace unas semanas la Fiscalía pidió el archivo de la investigación sobre el piso del exalcalde Torres Hurtado

La jueza del caso Nazarí por corrupción en Granada archiva la pieza del Cerrillo de Maracena La jueza del caso Nazarí por corrupción en Granada  archiva la pieza del Cerrillo de Maracena

La jueza del caso Nazarí por corrupción en Granada archiva la pieza del Cerrillo de Maracena

La juez que instruye el caso Nazarí de presunta corrupción municipal ha decidido archivar la pieza separada del Caso Cerrillo, justo unos días después de que  la Fiscalía de Granada pidiera a la jueza el archivo de la investigación relativa a la construcción del edificio donde tenían sus viviendas el exalcalde José Torres Hurtado y la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto. .

El convenio urbanístico suscrito por el exalcalde y los promotores del plan parcial del Cerrillo de Maracena (T1) fue asunto judicial que tomó su camino por separado. Las defensas alegaron reiteradamente que este asunto ya fue investigado hace años por otro juzgado y fue archivado, por lo que se consideraban cosa juzgada y que no se podía  reabrir.

Sin embargo, los investigadores sostienen que hay aspectos que no se trataron anteriormente y que podrían formar parte del modus operandi de la "trama criminal" que se atribuye a los investigados de toda la macrocausa. 

El 20 de mayo de 2011, último día hábil antes de las elecciones municipales de ese domingo, en las que José Torres Hurtado se jugaba su tercer mandato como alcalde de Granada. El entonces candidato popular dedicó parte de aquella intensa jornada a la firma de varios documentos, un acuerdo con grandes promotores de esta ciudad y un decreto de urgencia, que garantizaban dar vía libre a la operación urbanística del Cerrillo de Maracena, pasara lo que pasara dos días después, y fuese quien fuese alcalde el lunes siguiente.

La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), bajo el control del Juzgado de Instrucción 2, vinculaba directamente la urgencia preelectoral a la oscura forma en que se tramitó un asunto en el que resultaron “tremendamente lesionados los intereses municipales” y calculaba un perjuicio de 4,8 millones de euros para la ciudad.

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