El 20 de mayo de 2011 era viernes, último día hábil antes de las elecciones municipales de ese domingo, en las que José Torres Hurtado se jugaba su tercer mandato como alcalde de Granada. El entonces candidato popular dedicó parte de aquella intensa jornada a la firma de varios documentos, un acuerdo con grandes promotores de esta ciudad y un decreto de urgencia, que garantizaban dar vía libre a la operación urbanística del Cerrillo de Maracena, pasara lo que pasara dos días después, y fuese quien fuese alcalde el lunes siguiente.

La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que bajo el control del Juzgado de Instrucción 2 de Granada investiga éste y otros asuntos de posible corrupción municipal durante el largo gobierno de Torres Hurtado (caso Nazarí), vincula directamente la urgencia preelectoral a la oscura forma en que se tramitó un asunto en el que resultaron “tremendamente lesionados los intereses municipales”. La Policía calcula que se produjo un perjuicio de 4,8 millones de euros para la ciudad.

En un informe de 85 páginas, al que ha tenido acceso este periódico, el grupo policial especializado detalla a la jueza María Ángeles Jiménez los pormenores de una operación urbanística que arrancó en 2005, “en pleno boom económico” (como recuerda la Policía), y que llega hasta hace escasos meses, en los que el actual gobierno socialista ha tramitado un nuevo expediente relacionado, del que también da cuenta el informe policial.

La Policía sostiene que el Ayuntamiento ocultó datos al juez que investigó el asunto en 2014 y lo archivó

Este asunto ya provocó la apertura de otra investigación judicial específica en la que estuvo imputado el entonces alcalde y otros altos cargos municipales. El caso quedó archivado, pero ahora la Policía revela en su informe que la investigación pudo estar adulterada porque el Ayuntamiento habría “ocultado al juzgador instructor, de forma intencionada, determinada información que se relacionaría directamente con los hechos investigados y que afectarían al núcleo decisorio del sobreseimiento”.

Entre otras cosas, los investigadores echan en falta un informe negativo del entonces director de Urbanismo, que habría sido apartado del expediente que llegó al Juzgado. Y quizás lo más sorprendente de lo que ahora revela la Policía es el hallazgo en los registros de un documento que habrían tratado de crear los investigados en aquella causa a modo de acta “ficticia” de una reunión celebrada dos años antes, convocada por el propio alcalde. El fin perseguido sería contradecir y desautorizar al autor del único informe contrario a la operación, Jacobo de la Rosa (que hoy es testigo del caso Nazarí).

Otro testigo, también técnico de Urbanismo, habría sido “presionado” para firmar ese manifiesto o acta ficticia de la reunión, aunque éste ha declarado que se negó a rubricar tanto este documento como otro más “light” que le ofrecieron después los altos cargos de Urbanismo investigados.

La parte de la operación del Cerrillo que se gestionó en torno a esa cita electoral de 2011 era un pago en especie al Ayuntamiento por parte de los promotores que le debían al municipio más de 9 millones de euros. El alcalde firmó un decreto y un acuerdo en el que aceptaba que la ciudad se quedara, a cambio de condonar la deuda, con un porcentaje de la parcela de uso comercial que supuestamente estaban a punto de vender a una empresa promotora de un gran centro comercial.

En lugar de los nueve millones que tenía que recibir, la ciudad obtuvo una parcela con cargas

Esta operación para hacer el reciento comercial nunca se materializó y el Consistorio no llegó a cobrar nada. De hecho, ahora sigue teniendo ese terreno, con cargas urbanísticas y contenciosos con terceros, según destaca la Policía. Además no dispone del dinero líquido con el que contaba para pagar los 2,7 millones de euros que le cuesta expropiar una zona de espacios libres vinculada.

Los empresarios con los que Torres Hurtado alcanzó aquel acuerdo también se han desvinculado de esos terrenos, por lo que es difícil pedirles responsabilidades sobre lo pactado. Sólo uno de ellos, José Julián Romero, está investigado en el caso Nazarí por éste y otros asuntos urbanísticos en los que supuestamente habría resultado beneficiado.

El informe apunta al exalcalde, su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, el que fue gerente de Urbanismo Manuel Lorente, la exsecretaria municipal, el promotor Julián Romero y otros tres cargos técnicos municipales como responsables de ese supuesto entramado que benefició a los empresarios privados en detrimento de los intereses públicos municipales.