El juez ve "claros indicios" de prevaricación y malversación en el caso de las audioguías

El caso de las audioguías ya es una causa judicial. Ayer, el magistrado Antonio Moreno, que dirige el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital, admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra la ya ex directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, y otras cinco personas por presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de las audioguías. En un principio, y a falta de investigar a fondo los hechos, el juez aprecia "claros indicios" de la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

A través de un auto, al que ha tenido acceso Granada Hoy, el magistrado ordena que se incoen diligencias previas tanto contra Villafranca como contra los demás querellados, entre los que figuran otros tres altos cargos del Patronato: la secretaria general, Victoria Chamorro; el jefe de la Sección Económica y de Contabilidad, y actualmente de la Sección de Comercialización, José María Visedo; y el interventor delegado. Los dos denunciados restantes, a quienes también investigará el juez, son el administrador único de la empresa adjudicataria del servicio, Stendhal Museum Solutions SL, antes GTP Museum Solutions SL, y su director general.

Se inicia de este modo la instrucción del caso al concluir el juez que de lo hasta ahora investigado puede colegirse "indiciariamente" que los querellados "eran conocedores y participaron en la toma de decisiones de los acuerdos o procedimientos que llevaron a los hechos" objeto de la querella de la Fiscalía, que comenzó a investigar el asunto en enero, a raíz de una denuncia de la Agencia Tributaria.

La resolución destaca que la Policía Judicial, en el marco de la investigación previa de la Fiscalía, detectó "innumerables irregularidades" tanto en el procedimiento de adjudicación del contrato de audioguías en 2007 a la empresa investigada, como en el desarrollo de su explotación. Esas irregularidades se habrían cometido, presuntamente, "con la clara intención de favorecer los intereses de la empresa y de ciertas personas vinculadas al Patronato de la Alhambra y Generalife, en perjuicio de los intereses generales de la administración".

La investigación policial, "amplia, exhaustiva y correcta" en opinión del juez, advirtió igualmente "gran cantidad de irregularidades" en numerosos expedientes de contratación y actuaciones administrativas llevadas a cabo por el Patronato, "prescindiéndose total y absolutamente de los procedimientos legales establecidos".

Partiendo de esas pesquisas y de los hechos narrados en la querella, el juez detalla en qué actuaciones contempla los indicios de cada uno de los delitos. La posible prevaricación administrativa la sitúa en una resolución para la exención del canon variable sobre grupos adoptada por el jefe de Gestión del Patronato "sin competencia para ello, y conocida y consentida por el resto de querellados". También la observa en la prórroga del contrato del servicio, acordada "con pleno conocimiento de su ilegalidad", pues cree que se llevó a cabo "a sabiendas que su situación de solvencia económica no era la que se hace constar en el acuerdo de prórroga del contrato y que el propio Pleno del Patronato sabía del reiterado impago de importantes cantidades". Asimismo, aprecia indicios de este delito en los acuerdos de reconocimiento de deuda del día inmediatamente anterior a la firma del contrato y con anterioridad a esta fecha, "en los que ya se advertía de que los querellados habían prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en las prórrogas de los contratos de Atención e Información al Visitante".

La posible malversación la enmarca el magistrado en la "actitud especialmente favorecedora" a los intereses de Stendhal supuestamente mantenida por los denunciados, a lo que habría ayudado el "nulo control existente" en el monumento sobre la actuación del adjudicatario y "la falta de exigencia del pago de las cantidades adeudadas". En definitiva, sospecha que se permitió que el contrato se desarrollase en condiciones "completamente diferentes" a las condiciones exigidas a Antenna Audio, anterior adjudicataria.

Por último, el posible blanqueo de capitales se desprendería de las cifras dispares de alquileres declaradas en determinados meses. Por ejemplo, el auto revela que la empresa declaró el pasado mes de enero un total de 99 alquileres a grupos mientras que en el mes de noviembre y diciembre de 2011 declaró 111 alquileres diarios. "La finalidad de ello -indica la resolución- es conseguir aflorar el dinero opaco previamente cobrado y no declarado durante los cuatro años de vigencia del contrato".

Al mismo tiempo que abre la causa, el juez ordena practicar una serie de diligencias, entre ellas "la cuantificación del perjuicio económico sufrido por las arcas públicas en su caso", si bien no cita de momento a nadie a declarar.