Tras dos meses de juicio del Serrallo, que por momentos ha parecido un máster de Urbanismo, las acusaciones del caso han expuesto esta semana sus conclusiones al tribunal (lo que en términos más cinematográficos conocemos como el alegato final) con una idea central que comenzó a sembrar la Fiscalía el pasado lunes, y es que este caso consiste en cosas no tan complejas como se ha podido pretender: un gran espacio libre perdido para la ciudad, una discoteca destinada sólo al interés particular y una legalidad vulnerada por técnicos y políticos en “concierto” con un empresario.

“No existe oscuridad alguna, ni en la ley ni en el contrato de concesión administrativa. La oscuridad se busca intencionadamente”. La fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, recordó al tribunal de la Audiencia Provincial que los acusados son expertos en urbanismo y que todas las complicaciones que hayan podido generar la burocracia utilizada y el lenguaje técnico pueden ser sólo un intento de tapar lo que en el fondo es algo mucho más sencillo, pero delictivo. 

A juicio de la fiscal, en el proceso ha quedado acreditado que los acusados han actuado "al servicio de los intereses lucrativos del empresario, buscando las interpretaciones más favorables a dicho fin con olvido total de los intereses de los ciudadanos". Por eso pide penas de hasta 11 años de cárcel para las 9 personas que se sientan todavía en el banquillo: El exalcalde de Granada José Torres Hurtado, la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, el empresario Roberto García Arrabal, el interventor del Ayuntamiento, y cinco ex altos cargos de Urbanismo, entre los que destaca Manuel Lorente.

Otra intervención destacada en la fase de exposición final de las acusaciones fue la del letrado Enrique Sánchez, del despacho de Marbella Guerrero Abogados, que en esta causa representa a la empresa General de Galerías Comerciales, de Tomás Olivo. El promotor del centro comercial Nevada, competencia directa del Serrallo, ha actuado como acusación popular en todo el proceso. "Me siento como el niño del cuento de Andersen El rey desnudo (...) Por mucho que las defensas y los peritos digan que el rey está vestido, es claro que el rey está desnudo". Esta parte apuntaló casi todas las claves de la acusación fiscal: 

1. El concurso público para un parque infantil

Este caso hunde sus raíces en 2005, cuando el Ayuntamiento de Granada sacó a concurso público la instalación y explotación de un parque infantil sobre parte de unos terrenos junto al Serrallo que estaban dibujados en el PGOU para ser una de las grandes reservas de espacios libres y zonas de esparcimiento público de la ciudad. A esto se le conoce en el argot legal-urbanístico como sistema general y en el lenguaje común como pulmón verde.  

El pliego de aquel concurso describía de forma clara el uso que se podía dar a aquel suelo, siempre vinculado al recreo juvenil y la empresa llegó a obtener puntos con un proyecto que detallaba las atracciones. García Arrabal, que era el dueño de los suelos aledaños del plan parcial donde promovió luego el Comercial Serrallo, obtuvo aquella adjudicación del suelo municipal vecino al suyo, que mantuvo sin ejecutar hasta 2012, después de levantar y abrir las puertas del centro comercial. 

La Fiscalía concluye, tras el análisis de los testimonios en el juicio y de la documentación que consta en la causa, que había un "concierto previo" entre el empresario y algunos acusados para, al amparo de la concesión administrativa, "llevar a cabo algo distinto al inicial parque de atracciones infantil", mucho más rentable para García Arrabal. Sostiene que el empresario trató de extender su negocio comercial del Serrallo sobre los terrenos municipales contiguos. 

Tanto las construcciones ejecutadas en esos suelos destinados a espacios libres, como los usos de las mismas, se fueron alterando con el paso del tiempo, mediante una larga tramitación. La acusación pública sostiene que el perjuicio a la ciudad fue más allá de la pérdida de un espacio libre. También afectó en lo económico, porque si el concurso hubiera amparado desde el origen la construcción de una discoteca podría haber contado con más ofertas y de mayor interés para las arcas públicas. 

"Los restantes licitadores nunca pudieron imaginar que por 12.000 euros al año (era el canon acordado para el parque infantil), el mantenimiento de unos jardines y el vallado podrían gestionar durante 20 años una sala de fiestas/restaurante y un café bar con cocina; y, ya puestos, la totalidad del subsuelo del sistema general, 34.000 metros, para aparcamiento, zonas deportivas, o lo que estimaran conveniente". Así lo expuso en su informe final el letrado que representa a la empresa de la competencia, la del Centro Comercial Nevada. 

Esos cambios para pasar de un parque infantil a una sala de fiestas se habrían ido autorizando poco a poco, por parte de técnicos y políticos municipales, como forma de corregir un supuesto desequilibrio económico alegado siempre por el empresario García Arrabal. Pero el letrado de Tomás Olivo recordó que la ley sólo reconoce el derecho a esas compensaciones en casos de fuerza mayor: incendios, inundaciones... Por este tipo de negocios los asume el contratista a su riesgo y ventura.

2 De bar de refrescos a pabellones ¿permitidos por la ley?

Muchas sesiones del juicio han girado alrededor de una serie de cálculos sobre si lo actuado excedía o no el porcentaje de edificación permitida en unos terrenos como éstos. Para la Fiscalía, a través de los peritos judiciales y los informes técnicos, ha quedado acreditado que se superó por mucho el margen que tenía el empresario para construir instalaciones de apoyo a los usos del parque, más allá del bar de refrescos que se planteó en el origen. El letrado de Galerías Comerciales apuntó en su informe una perspectiva que, de ser asumida por el tribunal, dejaría fuera de consideración lo tratado en muchas horas de juicio: el empresario no puede hacer más que lo que pone el pliego de la concesión, por más que el PGOU permita unas obras u otras, unos usos u otros en esos terrenos. 

Además, todo se tramitó en Urbanismo sin licencia de obras y con el argumento de construir unos pabellones sin uso específico, pero la fiscal sostiene que el destino de sala de fiestas estaba más que claro porque, en paralelo, se tramitaban las licencias de instalación. Estaba todo "definido y consensuado" por los acusados, dijo la representante del ministerio público.

3 Informe de Lorente y el papel de la junta de gobierno

Como director de Obras en aquella época, la fiscal defiende que Manuel Lorente se excedió en sus funciones para hacer informes que a la larga fueron claves en la tramitación y ejecución de la discoteca. Pero destaca uno de ellos, el del 27 de junio de 2012, que amparaba el uso de aquel edificio para la hostelería pero era negativo en cuanto a su posible conversión en sala de fiestas. Esta parte del informe sería ocultada a la junta de gobierno local cuando votó el cambio de usos y horarios del parque, un paso imprescindible para abrir el negocio que recibió la aprobación de casi todos los miembros del gobierno en aquel momento y por ese motivo se han sentado en el banquillo durante la mayor parte del juicio a petición de algunas acusaciones populares y no de la Fiscalía.  La "mutilación" de ese informe de Lorente ha sido un factor a favor para que los concejales hayan quedado apartados ahora del juicio, al no contar con toda la información.    

En cuanto al informe de Lorente, la fiscal ha explicado al tribunal que luego cambió de parecer sin explicación y la acusación atribuye el cambio a la contratación del hijo del técnico por parte del empresario implicado en este caso. "El 21 de junio firmaba el acta de comprobación de la obra sin problema alguno", apuntó también el letrado de Galerías Comerciales respecto a la posición de Lorente.

4 Perjuicios económicos

El empresario García Arrabal tenía una serie de obligaciones económicas con la ciudad derivadas del plan parcial donde construyó el centro comercial, además de tener que asumir unas obras de urbanización en la misma zona donde estaba previsto el parque. La liquidación o cuentas definitivas no existen y las defensas han argumentado que es costumbre en Granada que eso sea así. En su lugar, hay un documento creado por los técnicos acusados donde se dan por cumplidas las obligaciones del empresario. También ha sido objeto de varias horas de juicio dilucidar por qué el promotor no aportó las cartas de pago de los ingresos que aseguraba haber realizado. 

La Policía concluyó que había alrededor de 2 millones de euros pendientes de justificar y los peritos de la Junta aseguraron que al menos esa cantidad era de algo más de 300.000 euros. Pero el caso es que el Ayuntamiento de Granada, mediante un decreto firmado por Isabel Nieto, levantó las cargas registrales que había sobre esos terrenos como garantía de todo lo que tenía que recibir. Dice la Fiscalía que lo hizo sin haber acreditado que estuvieran satisfechas las cantidades y que los técnicos contribuyeron con un expediente posterior que daba "apariencia" de cumplimiento. Ese paso dado por la concejal es clave, porque le ha costado la petición adicional de tres años de cárcel por supuesta malversación de caudales públicos. Tras este cambio en la calificación final, tanto la exedil como Lorente son los que afrontan las peticiones de pena más elevadas de la Fiscalía, hasta los 11 años de prisión por el conjunto de delitos.  

5 El papel de Torres Hurtado

Torres Hurtado ha declarado en el juicio que tenía las competencias urbanísticas delegadas y que además no entendía de la materia. La fiscal explicó el lunes en su informe que el alcalde, "como garante máximo de la legalidad urbanística, no puede, invocar la delegación de funciones para desentenderse de la ilegalidad de las licencias concedidas", porque obtendría así un "espacio de impunidad". 

"El alcalde, no sólo no recabó para sí las facultades delegadas (las competencias de urbanismo), sino que mantuvo la delegación, amparando así totalmente el uso desviado de dichas facultades por parte de la concejal". Al final se enfrenta a la petición fiscal de 5 años y medio de cárcel por cuatro presuntos delitos.

6 García Arrabal y el efímero Central Park granadino

El único empresario acusado en este juicio, Roberto García Arrabal, es para las acusaciones el principal beneficiario de todas las actuaciones denunciadas. "Solicita la concesión del parque infantil, al estilo de la existente en Nueva York, en Central Park. Poco tiempo dura esa idea. Va presentando proyectos de urbanización y dentro va metiendo edificios que nada tienen que ver con la concesión. Pasa de un parque de atracciones infantil a conseguir una discoteca y un café bar", según expuso al tribunal el letrado del centro Nevada.

7 Demolición del edificio

La Fiscalía mantiene su petición para demoler el edificio de la discoteca, al considerar que su construcción es ilegal y que las licencias que lo amparan tampoco son legales. No considera, como han sostenido algunas defensas, que la construcción sea un patrimonio que queda para el bien común de la ciudad, dado que se ha hecho sobre unos terrenos que debían ser espacios libres. El Ayuntamiento de Granada, que como supuesto perjudicado es acusación particular en el juicio,  se ha adherido a todas las peticiones de la Fiscalía. 

8 "Difamación" de los denunciantes

En su informe final, la Fiscalía ha incluido una reflexión sobre el trato que se ha dispensado a las personas que han colaborado en la acusación, denunciantes, testigos y peritos. Calificó estos hechos como "situaciones anómalas de la causa" y se refería a la "difamación" que se suele producir en casos como éste de las personas que cumplen con su "deber". 

La fiscal puso como ejemplo al testigo de cargo más importante, Jacobo de la Rosa (ex director general de Urbanismo) o a los peritos de la Junta de Andalucía que han hecho los informes, que han sido tachados de partidistas. Muñoz-Cobo recordó que en esta Administración hay muchos funcionarios de carrera como los que han participado en el caso que mantienen sus puestos y cargos aún cuando hay cambios políticos. "Desconocemos, como no puede ser de otro modo, la adscripción ideológica o partidista, si la tuvieran, en un estado derecho en que todas las autoridades y funcionarios han de actuar sometidos al principio de legalidad en sus informes oficiales", expuso la fiscal.